El Gobierno pone en marcha unidades provinciales de lucha contra los malos tratos

El Gobierno ha puesto en marcha hoy 52 unidades provinciales de lucha contra la violencia de género con el fin de hacer un seguimiento exhaustivo de los casos de maltrato, sobre todo de los de mayor riesgo, y de estudiar qué falló en el sistema de protección cuando se produce una muerte. Se trata de un cargo político, uno por provincia, que se encargará de coordinar los trabajos de las distintas administraciones y es una de las 20 iniciativas urgentes para mejorar la protección de las víctimas que anunció María Teresa Fernández de la Vega en el último Consejo de Ministros del año pasado.

Así lo han informado esta mañana el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, y la delegada especial del Gobierno de Violencia contra la Mujer, Encarnación Orozco, tras una reunión de la vicepresidenta con los subdelegados del Gobierno para poner en marcha estas unidades. Al frente se nombrará a un "responsable político", cuyo cometido será coordinar todas las actuaciones contra esa violencia y hacer un seguimiento de todos los casos de maltrato, sobre todo de los "que sean problemáticos en la medida en que se ponga de manifiesto una mayor vulnerabilidad por parte de la mujer" o viva una situación de mayor riesgo.

Según ha dicho Camacho, funcionarán a modo de "antena" para analizar la realidad del problema e identificar los posibles errores cometidos en el sistema de protección desplegado por las fuerzas de seguridad, servicios sociales, jueces... El responsable enviará un informe trimestral a la Delegación de Violencia contra la Mujer y suministrará otro tipo de informaciones para hacer un mapa de los recursos existentes, determinar las necesidades y conocer la magnitud del problema en su zona. Con todo ello, la Delegación Especial del Gobierno podrá adoptar las medidas pertinentes para dotar de mayor eficacia a las políticas que se están desarrollando en esta materia.

Un seguimiento "minuto a minuto"

Cuando se produzca una muerte se analizará "en profundidad" lo sucedido en el sistema de protección integral y si cumple con los parámetros previstos en la Ley Integral contra la Violencia de Género, aunque no se trata de imputar responsabilidades sino de "seguir más de cerca" la situación de cada provincia, en palabras de la delegada. Según Orozco, el Gobierno nunca ha ocultado la dificultad de combatir este fenómeno, de ahí que la primera ley que aprobó fuera la de violencia de género, pero "desde entonces ha habido un sostenimiento de las muertes". En lo que va de año, según datos de Orozco, han muerto 12 mujeres, una menos que en el mismo periodo de 2006 -14 según el cálculo de este periódico-.

El secretario de Estado ha añadido que con la creación de estas unidades -que empezarán a funcionar "ya"- se trata de que el Gobierno pueda realizar un seguimiento "minuto a minuto" y, en caso de muerte, conocer qué ha fallado. En este contexto, Camacho ha recordado que pese al notable crecimiento de las denuncias por maltrato, dos tercios de las víctimas mortales no dieron este paso, con lo que los poderes públicos no pudieron actuar. Tras recordar la aprobación en diciembre del Plan de Medidas Urgentes para reforzar la lucha contra esta violencia, en el que se enmarcan estas unidades provinciales, Orozco ha señalado que éstas podrán estar compuestas por más de una persona si la magnitud del problema en una provincia es más intenso.

Los nuevos responsables dependerán a su vez de 19 unidades de coordinación que se crean en las Delegaciones de Gobierno. Aunque la creación de las unidades en las subdelegaciones -como contempla la Ley Integral- se ocuparán de la violencia de género, "no dejarán de mirar" a otro tipo de violencias, en alusión a la que se produce en el entorno familiar y no sólo la pareja, ha aclarado Orozco.

14 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas en lo que va de año