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El coste de calumniar a un guardia civil

Un concejal es condenado a pagar 5.000 euros por insultar a un agente que antes lo había denunciado a él

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Un guardia civil delante de un coche patrulla, en una imagen de archivo.

La venganza, a veces, sale cara. Si se le suma la mentira y la calumnia, y todo ello es a un agente de la autoridad, la cantidad se pone en un pico. Por ejemplo, en 3.500 euros de indemnización al calumniado, más 1.440 euros de multa a razón de ocho euros al día durante seis meses, más las costas judiciales, que en el caso que sigue se valoran en aproximadamente 3.000 euros. El total, sin incluir el coste de publicar la sentencia en un diario local alcanza los 8.000 euros. Ese será el coste para Cándido Guillermo Calvo, un ex concejal de Izquierda Unida del pueblo granadino de Arenas del Rey (1.200 habitantes), que ha sido condenado por calumnias sin publicidad a un cabo primero de la Guardia Civil al que había acusado en falso de diversos delitos.

Los hechos alcanzan el momento de máxima tensión en diciembre de 2015, cuando el ya ex concejal –fue primero de lista en las últimas elecciones pero no fue elegido– presentó un escrito en la comandancia de la Guardia Civil de Granada describiendo supuestas conductas ilegales por parte del entonces cabo del puesto de la Guardia Civil en Arenas del Rey, a una hora de la capital granadina.

Esa denuncia, que tanto el juez como el tribunal que estudió el recurso posterior consideraron falsa en todos sus términos, llegó firmado con un nombre falso porque, según su testimonio recogido en la sentencia, “al ponerla en Correos le dijeron que tenía que ir con un remitente”. El miedo pudo con el denunciante, dijo, y tiró de un nombre familiar para él, el de un alcalde del pueblo de hacía décadas. El contenido de la carta explicaba que el cabo del pueblo se dedicaba a revender parte de la marihuana que se intervenía en Arenas, que tenía un negocio de compraventa de coches y que cometía abusos de autoridad maltratando a la gente en el cuartel. Ante estas acusaciones, la Guardia Civil abrió una información reservada. Resultó que todo era inventado y justificado en que al exconcejal “alguien le había dicho” o “lo había oído por ahí”.

Un teniente del puesto de Loja se hizo cargo de la investigación, que comenzó con una entrevista con el calumniado, entonces cabo y ahora sargento en otra localidad andaluza. A la pregunta de si sospechaba quién podía estar detrás de la carta, el agente no tardó en responder. Había un concejal del pueblo que llevaba tiempo hablando mal de él. La razón: había actuado en varias ocasiones contra él por supuestos ilícitos. Por ejemplo, cuando denunció una empresa familiar suya ante la inspección de trabajo por tener a gente empleada sin contrato.

Tras el guardia calumniado, el siguiente en pasar por el cuartel de Loja fue el primer sospechoso, Cándido Guillermo Calvo. Parece que tardó poco en admitir que la carta era suya, cuenta el entonces cabo, que admitió sin pestañear la autoría de la carta, “quizá pensando que iba a acabar conmigo”. La conclusión de la investigación fue concluyente: mentira sobre mentira y todo producto de la venganza por las actuaciones del agente.

El calumniado pidió conocer las conclusiones de la investigación reservada. “No quisieron dármela” cuenta, aunque sí sabía que había sido exculpado. “Pedí que, igual que me habían investigado a mí, actuaran entonces contra el concejal”. Pero, por algún motivo, explica, no querían. “Mi mayor indignación fue que tras saber la verdad, no quisieran actuar de oficio contra ese hombre. Entonces decidí que era el momento de ir al juzgado y contacté con la gente de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, que me han apoyado en todo”. Contrató un abogado especialista en derecho militar con años de experiencia. Lo siguiente es que cuatro años después de los hechos, el ex concejal Cándido Calvo ha sido condenado por calumnias sin publicidad, con un coste económico superior a los 5.000 euros en indemnizaciones, multas y coste de la publicidad en un periódico y aproximadamente 3.000 más en costas judiciales, según estimaciones de José Guerrero, abogado del agentet y, quien sabe si también por eso, la pérdida del escaño municipal.

El condenado ya ha empezado a abonar la deuda. Según admite el ahora sargento “ha pedido pagar a plazos y ya me ha pagado tres meses, a razón de 400 euros al mes que deposita en el juzgado y que este me hace llegar luego a mí”. Por la característica de la condena, resume el agente, “si no paga, sabe que entra en prisión. Y después de mí, tendrá que seguir pagando la multa y las costas”.

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