El registro más injusto al confundirse el juez de casa: “Nos maniataron y pegaron”

Todo fue muy injusto porque el hombre no había hecho nada, ni tampoco su esposa, María (de 55 años y recién operada ese día), ni su hijo Miguel (de 31). Un grave error judicial con consecuencias que todavía perduran. El Ministerio de Justicia les ha ofrecido poco más de 1.100 euros de indemnización, que ni siquiera han cobrado aún, para que arreglen la puerta, reventada por los agentes aquella madrugada.

Los agentes derribaron la puerta a mazazos. Las bisagras quedaron desencajadas y la puerta, tambaleándose. Aún hoy sigue rota

Eran las cinco de la madrugada del 15 de marzo de 2017 en el barrio marginal de la calle de Bailén, en Puente Genil (Córdoba), municipio de 30.000 habitantes. No tiene buena fama el barrio. La familia Barcos se despertó soliviantada al escuchar barullo en la calle y, segundos después, estruendosos mazazos en la puerta blindada, un primer piso del número 33. Los agentes acabaron echándola abajo. Las bisagras quedaron desencajadas y la puerta, tambaleándose. Eso ocurrió hace dos años y la puerta continúa rota. Miguel la enderezó y la pegaron como pudieron. "No tenemos dinero para arreglarla y siempre tenemos que quedarnos alguno en la casa, no cierra bien", cuenta el padre.

Con María, la madre, tampoco fueron compasivos los agentes. "Cada día que veo la puerta me acuerdo de aquella noche", describe. "Me tiraron al suelo, estaba recién operada de una hernia umbilical, y me rompieron la malla que llevaba en el abdomen de la operación. Al caer se me reabrió la herida, tuve una hemorragia interna y de nuevo pasé por el quirófano", se queja María. "Yo fui la primera en levantarme de la cama al oír el barullo, me asomé y vi a un montón de guardias en fila, unos detrás de otros, con las caras tapadas, y los dos autobuses en los que llegaron... Nunca imaginé que venían a mi casa", concede María.

Todo sucedió rápido y contundente. "Al oír los mazazos en la puerta, les grité que se estuviesen quietos, que me dejaran abrirles, que no habíamos hecho nada y que colaborábamos en lo que fuera con ellos, pero ni caso...", afirma Miguel, el hijo. Su mirada rezuma todavía indignación. María sufrió un ataque de ansiedad en el suelo y los agentes le permitieron ir al baño a tomarse una pastilla.

"No hemos hecho nada, dejad en paz a mi mujer y a mi hijo", elevaba la voz el padre con la rodilla de un agente sobre su cuello. "Me dieron un golpe en la cabeza y me mandaron callar". El hijo tercia: "Y yo al ver que le pegaban a él, les dije que dejaran a mi padre, que estaba enfermo y que le diesen una pastilla para el corazón; pero me decían que me callase y me golpeaban; dos agentes me dieron patadas en las costillas; al que hablaba le pegaban, nos trataron como animales".

Así estuvieron casi una hora, con los guardias entrando a patadas en el resto de la casa y levantando camas, colchones y todo lo que veían a su paso. Hasta que llegó la letrada de la Administración de Justicia del juzgado que había ordenado el registro, el número 1 de Puente Genil, a esta y a otras cinco viviendas de la zona. Y les pidió disculpas. "Nos dijo que se habían equivocado de domicilio, que disculpásemos el error… ¡Todo era increíble, después de tirarnos la puerta abajo y pegarnos, nos dicen que lo sienten! ¿Y ya está...? ¿Aquí no ha pasado nada...? ¡A mi madre tuvieron que operarla otra vez!", se indigna Miguel.

"Todo era increíble, después de tirarnos la puerta abajo y pegarnos, nos dicen que lo sienten”, se indigna Miguel, el hijo

El único ingreso de la familia son los 607 euros de pensión por enfermedad que percibe Miguel padre. A través de un abogado de oficio, la familia demandó y pidió una indemnización al Ministerio de Justicia, pero no especificó el importe. Informó, eso sí, de que arreglar la puerta costaba 1.228,15 euros. Y además del destrozo de la puerta, también hizo constar los daños físicos y psíquicos que les ha ocasionado el grave despiste del juzgado a la hora de identificar las casas que realmente debían ser registradas.

El ímpetu policial lo atribuye Miguel a una supuesta venganza. Resultó que solo unos días antes del 15 de marzo, dos policías tuvieron que soltar y liberar a un detenido que estaba en busca y captura en la misma barriada tras abalanzarse sobre ellos algunos familiares. "Nosotros nada tenemos que ver con esa familia, ni qué hacen o dejan de hacer; nosotros jamás hemos tenido un antecedente de nada; queremos irnos de este barrio, pero no tenemos dinero", indica el padre. Su hijo apostilla: "Aquel día, cuando los policías se marchaban, un vecino oyó a uno de ellos decir que la cosa no se iba a quedar así...".

La familia Barcos denunció el error en los juzgados de Puente Genil, pero le tocó el caso al mismo juzgado que se había equivocado y lo archivó. El Consejo del Poder Judicial, en cambio, ha analizado la demanda y entiende que, aunque su misión se aleja de cuestionar las decisiones judiciales, es obvio que la Administración de Justicia cometió un grave error con esta familia. La indemnización la determina el Ministerio de Justicia. Recientemente les ingresó 1.080 euros por la puerta, pero retiró el dinero de inmediato de la cuenta porque contenía un pequeño error en un guarismo. Y la puerta sigue rota.

Choco, el perro, tardaría muchas horas en aparecer aquel día. Miguel, el hijo, pidió ayuda a sus amigos a través de Facebook al clarear el día para que le ayudaran a encontrar al animal, que lo llamaban a voces y no daba señales de vida. "Siempre que llega alguien a casa ladra y ladra, pero cuando vio a los cascos de los guardias se quedó mudo...", señala Miguel. Lo encontraron en las calles del pueblo, deambulando. "Cuando lo cogí, aún temblaba", se emociona Miguel.