La Fiscalía del Supremo asume que la agresión a los guardias civiles de Alsasua no fue terrorismo

La Fiscalía asume ya que la agresión a un teniente y a un sargento de la Guardia Civil, y a las parejas de estos, en Alsasua (Navarra) el 15 de octubre de 2016 no tuvo carácter terrorista. La acusación pública no hace referencia alguna al terrorismo en el informe por el que pide al Tribunal Supremo que desestime las peticiones de absolución de los ocho jóvenes condenados por la Audiencia Nacional por delitos de lesiones, desórdenes públicos y amenazas con agravante de odio por aquel ataque a los miembros del instituto armado.

Las dos sentencias de la Audiencia Nacional –de la Sección Primera de lo Penal y la Sala de Apelación– sobre este caso ya descartaron la presencia en la agresión del elemento terrorista. Ahora el ministerio público pide que se confirmen las sentencias de la Audiencia, lo que supone dar por bueno que no se incluya el delito de terrorismo que hasta ahora sí apreciaba.

En la agresión, ocurrida de madrugada a las puertas del bar Koxka, de Alsasua, el teniente sufrió la fractura de un tobillo y el sargento recibió puñetazos y patadas mientras algunos de los jóvenes jaleaban a los atacantes. “Hijos de puta, picoletos, cabrones, txakurras [perros], esto os pasa por venir aquí, os vamos a matar por ser Guardias Civiles...”, increpó a los agentes un grupo de unos 25 jóvenes, según los hechos probados de la sentencia de la Audiencia.

El informe de la Fiscalía del Supremo, de 67 páginas, insiste en que los acusados –ya condenados en primera instancia a penas de entre dos y trece años de cárcel- actuaron contra las víctimas por su condición de guardias civiles. “Dicha posición institucional explica la posibilidad de una actuación agresiva contra los integrantes de dicho cuerpo, por razones de prejuicio ideológico”, señala la Fiscalía ante la petición de los acusados de que se retire la agravante de odio que les aplicó la Audiencia.

La Fiscalía rechaza la acusación de parcialidad contra los miembros de los dos tribunales de la Audiencia Nacional que han juzgado la causa por el hecho de haber sido condecorados por la Guardia Civil o, en el caso de la magistrada Concepción Espejel, estar casada con un mando del instituto armado. “El hecho de que uno de los integrantes del tribunal de apelación mantenga relación familiar con un miembro del cuerpo de policía al que pertenecen algunos de los perjudicados, no puede considerarse como motivo razonable para sospechar la pérdida de imparcialidad”, sostiene el ministerio público.

“El mero hecho de ser distinguido por el cuerpo de la Guardia Civil no establece un vínculo de intereses con la misma, que pudiera generar razonablemente la presunción de posible sesgo a favor de los miembros de la Benemérita”, añade el escrito.