Vilariño de Conso, todos a una contra el PP

La fragmentación de la izquierda en Galicia, sellada en las generales al hacerse añicos En Marea, ha dado un giro sorprendente en Vilariño de Conso (Ourense). PSOE, BNG y partidos de aquella En Marea original han renunciado a sus siglas en estas municipales y avalan una lista única denominada Agrupación Independiente de Vilariño de Conso.

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Con apenas 485 vecinos y bajando, esta insólita unidad de las izquierdas pretende evitar la desaparición a la que parece abocada esta pequeña localidad en la que todo se empecina en ser mayúsculo: la magnitud de los embalses; el hueco que van dejando los niños que nacen y los que no nacen; el dominio de casi cuatro décadas de un regidor ahora inhabilitado por enchufismo; y la tasa de casi 1,2 millones que paga Iberdrola a tocateja al Ayuntamiento por generar ahí luz para media España. Vilariño flota en un presupuesto de 1,6 millones y aun así no para de mirar al precipicio.

“El problema es que el colegio acabará cerrando y con él, el pueblo”, resume el secretario de la asociación de madres y padres (Ampa), Julio Martínez. Alerta de que en este curso están matriculados seis alumnos, la cifra límite impuesta por la Xunta para mantener escuelas unitarias en las zonas rurales, frente a los 30 que en 2012 llenaban esas aulas y los 240 que llegó a haber en 1981. El asunto tiene su enjundia: los empleados municipales “llevan a sus hijos, en este momento ocho niños, al colegio de Viana do Bolo”, la cabecera de comarca ubicada a unos diez kilómetros. “Los invitamos a una reunión para ver cómo podíamos reconvertir la situación, pero ni se molestaron en contestarnos”, expresa su malestar el representante del Ampa.

Vilariño sigue a pies juntillas el modelo del PP de Ourense que representan los Baltar al frente de la Diputación, donde la mayor partida se ha dedicado históricamente a pagar al personal. 18 empleados municipales se llevan casi 700.000 euros del Presupuesto. A esa cantidad se suma, aparte del sueldo de la alcaldesa y de los concejales, una partida de 60.000 euros con la que el gobierno local paga a una empresa de servicios sociales.

Esther Alonso, portavoz de la oposición en esta legislatura y cabeza de lista de la candidatura que ha unido a la izquierda, tiene claro que es “ahora o nunca” y que todos deben remar en la misma dirección porque están “en el mismo barco y se va a pique”. Asegura que ha buscado durante un año hasta encontrar a “gente comprometida y muy valiosa, con capacidad de trabajo para intentar mantener esto a flote”. “La clave es el colegio; si se cierra irá detrás el centro de salud y finalmente la farmacia. Será el final”, advierte Alonso. Cuenta que ofreció el apoyo de su grupo al PP para elaborar los Presupuestos y buscar vías para fijar población: “Ni contestaron”.

Del enorme Presupuesto anual no se ve rastro en el municipio. La portavoz de la oposición asegura que la mayor inversión, de 1,5 millones de euros, “se ha dedicado, desde 2002, a un geriátrico que ahora se debería estar amueblando pero que se acaba de licitar, coincidiendo prácticamente con las elecciones”.

Melisa Macía, alcaldesa no electa que sucedió al histórico exregidor Ventura Sierra cuando fue inhabilitado en 2017 y que encabeza la lista del PP, reconoce que el Presupuesto “es enorme” y asegura que no se aprecia porque está invertido “en viales y en ayudar a autónomos, en su mayoría agricultores y ganaderos”. La oposición sostiene que esas subvenciones son ridículas. En 2108 no superaron los 9.000 euros (un 0,5% del Presupuesto) y se concedieron a dedo entre 30 personas que percibieron 300 euros cada una. Entre los beneficiarios estaban el marido de la alcaldesa y la mujer del primer teniente de alcalde. Para poder conceder esas cantidades a sus parientes Macía firmó un decreto delegando sus funciones en el segundo teniente de alcalde, sin familiares directos. Los tres repiten por el PP.

En la valoración de la gestión municipal la alcaldesa y candidata destaca como hito el geriátrico que acaba de licitar tras 20 años de anuncios. Responsabiliza de la demora a la oposición que, sostiene, “ha estado presentando constantes recursos judiciales porque estaba emplazado en suelo rústico, pero ya se ha legalizado todo”.

A escasos meses de dar a luz a su primer hijo, Macía asegura que lo escolarizará en Vilariño. Reconoce que el cierre del colegio sería el fin de la institución que preside, pero matiza que la opción de sus trabajadores de matricular a sus hijos en el municipio vecino “es tan lícita como la de la gente que opta por los colegios privados: son opciones personales”.

Y deja caer el motivo que escondería la controvertida decisión de sus empleados: “Supongo que no les gustó la dirección que hubo hace unos años en el colegio”, ejercida por un excandidato del BNG que ahora trabaja en otra provincia y que protagonizó, junto a un colectivo social del municipio, un intento, finalmente fracasado, de repoblación con familias llegadas de distintos puntos de España.