Las defensas acusan al PSOE y los medios de construir el caso del espionaje del PP de Madrid

La batalla por el relato ya ha comenzado en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid, que juzga desde esta semana el caso espías, la trama que presuntamente gastó dinero público para seguir a los adversarios de la entonces presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre. Tras la selección el lunes de las nueve personas que conforman el jurado, las defensas han sacado parte de su arsenal en la sesión de este martes. Por primera vez, han tenido la oportunidad de dirigirse al tribunal y no han querido desaprovechar la ocasión para enmarcar esta visto oral dentro de las pugnas políticas por el poder. Ya sea por la guerra existente dentro del propio PP durante los Gobiernos de Aguirre. Ya sea por el "empecinamiento" del PSOE, según uno de los abogados, por seguir adelante con una causa basada en unos "papeles" que "cualquiera" puede haber elaborado.

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Esos "papeles", a los que se refiere el letrado de uno de los acusados, son los supuestos informes de seguimiento elaborados por un grupo de asesores de seguridad adscritos a la Consejería de Interior, dirigida entonces por Francisco Granados, y publicados en 2009 por EL PAÍS. Estos documentos supusieron el inicio de una causa que ha tardado una década en llegar a juicio y que ha sobrevivido a tres intentos de archivo impulsados por la juez instructora.

"Pero no se confundan, esto no es Gürtel o Púnica", ha continuado el abogado Javier Vasallo, que defiende en este caso al guardia civil José Caro Vinagre, vinculado al ex secretario general del PP de Madrid, a quien también ha tenido como cliente. "Este es un procedimiento político-judicial".

Porque la tesis de una parte de la defensa, que pide la absolución de los acusados, es que el caso espías responde a una caza de brujas del PSOE, personado como acusación popular. "Los denunciantes en esta causa son diputados socialistas de la Asamblea de Madrid, qué casualidad", ha espetado Vasallo, que ha arremetido también contra EL PAÍS: "Los papeles", ha dicho en referencia a los partes de seguimiento, "llegan a este tribunal por el empecinamiento de un medio de comunicación, del que todos sabemos su ideología".

"Bastaba con conocer la agenda de estas personas para elaborar esos documentos", se ha defendido este martes en el juicio. Pero los informes contienen muchos detalles de los encuentros de los espiados, como el exvicealcalde Manuel Cobo, mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, que denunció que se había creado una "gestapillo" dentro del Ejecutivo.

"Los verdaderos responsables no están aquí"

Además, el posicionamiento de los teléfonos móviles de los asesores de Seguridad coincidía con los lugares donde se encontraban en cada momento Cobo o Alfredo Prada, exconsejero del Ejecutivo autonómico también espiado. Y a la causa se incorporó una grabación efectuada a uno de los imputados, José Oreja, donde se sinceraba en una reunión celebrada en un chalé de Granados: "Yo tendré que decir que me lo mandó él [Sergio Gamón, director general de Seguridad] por especial interés del presidente actual [Ignacio González]". Posteriormente, ante el juez, confesó: "Nos mandaron cometer barbaridades y me quejé al consejero Granados. Pregunté y me dijeron que era por especial interés de Ignacio González. No lo dije antes por miedo a perder el trabajo".

No sería el único que señalaría a los políticos. Antonio Coronado, otro de los guardias civiles acusados, también afirmó en 2015 que González ordenó los seguimientos y que Granados lo sabía. Por eso, en esa dirección también ha apuntado Ramón González, abogado de Coronado, Oreja y José Manuel Pinto —otro de los funcionarios acusados—. "Los verdaderos responsables no están aquí sentados. Es más fácil achacar los delitos a tres personas humildes que a Esperanza Aguirre, Ignacio González, Francisco Granados...", ha insistido, antes de reprochar también a los socialistas que persigan a sus clientes.

Pero en el caso espías no solo acusa el PSOE. También lo hace el Gobierno autonómico. Los abogados de los defensores lo achacan a la "rivalidad" que mantenía Cristina Cifuentes con Esperanza Aguirre. "Durante cinco años, la Comunidad de Madrid se mantiene silenciada. Y llega cuando llega una nueva presidenta", ha dicho Vasallo. "Desde el año 2009 a 2014, la Comunidad no dijo nada", ha añadido Ramón González.