PP y PSOE sellan su primer pacto de la ‘era Sánchez’ para blindar la ley de tropa
Defensa alega que congelar el despido de los militares mayores de 45 años costaría 36 millones hasta 2021
En plena ruptura de hostilidades en todos los terrenos, PP y PSOE han llegado a su primer pacto de Estado desde que gobierna Pedro Sánchez. El escenario ha sido la subcomisión de tropa y marinería que, tras año y medio de trabajo, aprobó este lunes su dictamen. El documento final elude reformar la ley de tropa de 2006, aunque reconoce “disfunciones” en su aplicación, y descarta una moratoria en el despido de los militares temporales al cumplir 45 años. El texto, apoyado por PNV y el representante del Grupo Mixto (Unión del Pueblo Navarro), es rechazado por Ciudadanos y Podemos.
Tras varios aplazamientos, la subcomisión, constituida en febrero de 2017, ha aprobado un texto de conclusiones que, una vez incorporadas las correspondientes enmiendas, será ratificado el jueves por la Comisión de Defensa del Congreso. En febrero pasado la misma comisión aprobó, con el apoyo del PSOE y el rechazo del PP, una resolución que pedía al Gobierno congelar el despido de los militares temporales que deben abandonar el Ejército al cumplir 45 años de edad para convertirse en reservistas de especial disponibilidad (RED) a cambio de 7.200 euros anuales, una situación en la que ya se encuentran más de 600 exsoldados.
En junio, sin embargo, se produjo el cambio de Gobierno tras el triunfo de la moción de censura y el giro de los socialistas ya se vislumbró el pasado día 12, cuando la ministra de Defensa, Margarita Robles, explicó en el pleno del Congreso, en respuesta al diputado de Podemos Juan Antonio Delgado, la “dificultad jurídica” de aplicar la moratoria.
El subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre, que el pasado día 14 compareció a puerta cerrada ante la subcomisión, fue mucho más explícito: aseguró que, si se aplicara la moratoria durante tres años, reteniendo a unos 4.000 militares que cumplirán 45 años en ese periodo, la edad media de la tropa pasaría de los actuales 34,7 a más de 40 años, envejecería también la escala de suboficiales, se paralizaría la promoción interna de la tropa y el coste económico rondaría los 36 millones de euros hasta 2021.
Fuentes del PSOE alegan, además, que la moratoria estaba prevista hasta que se aplicaran las medidas que estudiaba la subcomisión para facilitar la reinserción laboral de los exmilitares, pero ya no tiene sentido porque muchas de ellas están en vigor.
El documento de conclusiones rechaza también la reforma de la Ley de Tropa y Marinería de 2005, que regula la carrera profesional de soldados y marineros, por considerar que los problemas que se han producido (reconoce que "no se han podido satisfacer todas las expectativas generadas") se deben a su "defectuosa implementación" y no a fallos del propio texto legal. Para subsanarlos, prevé la creación en el plazo de cuatro meses de una comisión interministerial con la que quiere implicar a otros departamentos (Fomento, Hacienda o Presidencia) y a las propias comunidades autónomas en la resolución de un problema que no es solo de Defensa.
Entre las 40 medidas previstas por la subcomisión figuran el aumento del porcentaje de tropa permanente (aunque sin comprometerse a llegar al 25% del total), el establecimiento de un cupo anual de pase voluntario a la reserva para soldados y marineros, la revalorización anual de la asignación de los RED o la reserva del 75% de las plazas de personal laboral y funcionario del Ministerio de Defensa a militares temporales y RED.
Respecto a la formación, se modificarán los planes de estudio para adecuarlos a los módulos de los ciclos formativos de grado medio y a los certificados de profesionalidad, se acreditará a los centros militares de formación para que impartan enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos de grado medio y superior, se incrementarán los recursos para becas y se proporcionará a los militares un certificado con su formación y experiencia.
Además, para facilitar su reinserción laboral, se eximirá a los exmilitares de la prueba exigida para ejercer como vigilantes de seguridad, se facilitará la posibidad de acogerse a una excedencia por interés laboral o se estudiará la posibilidad de dar incentivos fiscales a las empresas privadas que los contraten. Finalmente, con carácter general, "se revisarán y mejorarán las retribuciones" de los miembros de las Fuierzas Armadas para "dignificar su atrabajo y adecuarlas a la importancia de su función y misiones", aunque ello dependerá de lo que se fije cada año en los presupuestos.
Sobre la firma
