De UPyD a Gallardón, otros intentos pasados para suprimir los aforamientos

El exministro de Justicia del PP se topó con las resistencias de su propio partido y del Poder Judicial

Alberto Ruiz-Gallardón, el pasado junio.
Alberto Ruiz-Gallardón, el pasado junio.Claudio Álvarez

La supresión de los aforamientos no es una reivindicación reciente. Ni siquiera su paternidad pertenece a la nueva política. La exlíder de UPyD, Rosa Díez, la llevó al Congreso ya por 2013, e incluso un ministro del PP, Alberto Ruiz-Gallardón, quiso ejecutarla en 2014, aunque tuvo que abandonar por las resistencias de su propio partido y de un sector del poder judicial. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, consiguió que se incluyera en su pacto de investidura con Mariano Rajoy en 2016, pero el expresidente se marchó sin cumplir ese punto del acuerdo. Nunca ha prosperado hasta ahora el intento de eliminar este privilegio procesal.

El ya extraparlamentario partido UPyD hizo bandera de la supresión de los aforamientos en el Congreso en 2013, una medida que el movimiento 15-M reclamó en las calles y las plazas ya en 2011. Rosa Díez protagonizó agrios debates en el Congreso con el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, sobre la eliminación de lo que la política ya definía como "un anacronismo" sin "cabida en un Estado social y democrático de derecho".

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Pero fue precisamente Ruiz-Gallardón el primer ministro de Justicia en intentar acabar con los aforamientos, aunque no lo logró. El exministro del PP, que dimitió por su fallido intento de reformar la Ley del Aborto, preparó una reforma en profundidad de la administración de Justicia que pretendía eliminar el aforamiento también de los 5.171 jueces, 2.407 fiscales y 7.685 jueces de paz que hay en España.

"Desde mi punto de vista, los únicos aforamientos que deberían subsistir en España son, aparte de los que afectan a la familia real, los titulares de los poderes del Estado: el presidente del Gobierno, los presidentes del Congreso y del Senado, el presidente del Tribunal Constitucional y el presidente del Tribunal Supremo, más los 17 presidentes de las comunidades autónomas, y esto suma 22 personas", declaró Ruiz-Gallardón en 2014 en una entrevista en EL PAÍS. 

Su propósito quedó en nada. El expolítico encontró resistencias en el PP —la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, abogó por "acotar" la protección que supone el  aforamiento para los políticos, en lugar de eliminar esta figura— y del poder judicial. Asociaciones de jueces cargaron contra el exministro por intentar suprimir su aforamiento, y el Gobierno enterró la reforma.

Después de Gallardón, Ciudadanos llevó la supresión de los aforamientos a los dos pactos de investidura que firmó primero con Pedro Sánchez (la investidura fue fallida) y luego con Mariano Rajoy. La medida era incluso una de las seis exigencias que Albert Rivera pidió a Rajoy como condición previa para sentarse a negociar el pacto de investidura. Rajoy las firmó pero no cumplió. El PP ha arrastrado los pies estos dos últimos años a pesar de la presión de Rivera con el argumento de que se necesitaba una reforma constitucional agravada y la coyuntura política no lo permitía. Pedro Sánchez lo intenta de nuevo ahora, con el propósito de que su propuesta no caiga también esta vez en saco roto.

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