Un juez anula el último congreso provincial del PP en Granada e insta a convocar un nuevo proceso electoral
El tribunal considera que la actual dirección infringió la Ley de Partidos y su propio reglamento
El Partido Popular (PP) de Granada tendrá que repetir su último congreso provincial, celebrado en mayo pasado, y en el que resultó reelegido presidente Sebastián Pérez, quien ocupa el cargo desde 2004. Juan García Montero, concejal del PP en el Ayuntamiento granadino y candidato a presidente en esa convocatoria, denunció al Partido Popular de Granada por considerar que el proceso que rigió el congreso estaba plagado de ilegalidades. Un juez de primera instancia de Granada ha dado la razón a García Montero y ha declarado nulos todos los trámites previos así como el congreso mismo por infracción de la Ley de Partidos Políticos y del propio reglamento de organización del PP granadino. El magistrado obliga a que se convoque de nuevo una Junta directiva que ponga en pie un nuevo proceso congresual.
El asunto ahora juzgado es el último ejemplo de la disputa continua que desde hace años se vive en el PP granadino entre Sebastián Pérez y el sector que ahora representa Juan García Montero y que, hasta su caída en desgracia, encabezaba anteriormente el exalcalde José Torres Hurtado. García Montero asegura que aún no ha decidido si pedir o no la ejecución inmediata de la sentencia. Eso implicaría que la actual Junta directiva, aunque tiene la posibilidad de recurrir y, en su caso, revocar esta sentencia, estaría obligada a convocar un nuevo proceso congresual inmediatamente. El problema para los populares granadinos sería entonces de dimensiones mayúsculas. Montero ha insistido en que no quiere “hacer daño a la marca del Partido Popular” y por eso dirige toda su atención ahora hacia Sebastián Pérez, a quien define como “un tramposo al que, una vez que se ha demostrado lo que ha hecho, debe ser expulsado del partido como indican los estatutos”. “En cualquier caso, aunque recurra, la sentencia es impecable y no podrá cambiarla. Pérez está muerto políticamente”, ha asegurado García Montero.
El juez da por probado que la anterior Junta Directiva Provincial hizo todo lo posible por impedir que el equipo de García Montero tuviera acceso al reglamento por el que se regiría el congreso provincial. Según el tribunal, Montero tuvo acceso a esa documentación apenas ocho horas antes de que fuera aprobado. A partir de ahí, el juez desgrana en su sentencia, conocida este lunes, una serie de actos desarrollados por la junta directiva provincial y por el Comité Organizador del Congreso que considera que son ilegales. Desde la dirección popular provincial, su secretario general, Pablo García, ha calificado la sentencia como “peculiar”, con “apreciaciones que se alejan incluso del fondo de la cuestión objeto de controversia”. García considera que contiene “errores manifiestos y confusiones de calado respecto al asunto de las cuotas y los censos”.
La sentencia hace referencia a que en la reunión de la junta directiva en la que se aprobó el reglamento del Congreso se llegó a aprobar una cosa y su contraria. Así, en lo que se refiere al modo de participación, se decidió que tenían derecho a voto quienes estuvieran al corriente de pago. Minutos después, según consta en el acta de aquella reunión, se decidió lo contrario: “En aras de la participación y en aras a conseguir que todo el mundo que quiera pueda participar en este proceso… no vamos a exigir estar al corriente de pago de las cuotas para participar en este proceso electoral”.
Por otra parte, la sentencia recoge información novedosa sobre las cuotas pagadas por los afiliados al PP. Según los propios explicaron los propios representantes del partido ante el juez, “no existe cuota, ni los distritos ni municipios tienen fijado el importe de la misma, ni existen mecanismos de control y abono”. Por ello, explicaron, “se acordó que no podía exigirse tal requisito, lo que no suponía exoneración de las cuotas”. Este malabarismo lo desmonta el juez con el razonamiento de que mientras afirman eso, el gerente del PP granadino reconoce que emiten anualmente un certificado de cada uno de los afiliados con sus pagos y cuotas deducibles a efectos de IRPF y lo envían a Hacienda. “Si es posible emitir un certificado para Hacienda a efectos de deducciones del IRPF, no alcanza a entender este Juzgador cómo no se puede saber qué afiliados están o no al corriente del pago de las cuotas”.
Finalmente, el juez hace referencia al diferente acceso al censo de un candidato y de otro. La sentencia recoge que ningún candidato se podía dirigir a los afiliados antes del 12 de abril. Sin embargo, explica, a principio de ese mes ya había numerosos afiliados que estaban recibiendo en su correo electrónico información de la candidatura de Sebastián Pérez y no de la de García Montero, que solo tuvo acceso a ese censo en el momento que marcó el reglamento. La sentencia obliga, además, al Partido Popular al pago de las costas del procedimiento.
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