PP y Ciudadanos amenazan con no apoyar el decreto de violencia de género

El consenso político en torno a la lucha contra la violencia de género, cristalizado en un Pacto de Estado que está próximo a cumplir un año, amenaza ahora con resquebrajarse. El PP y Ciudadanos advierten de que se inclinan por no apoyar la convalidación del decreto aprobado por el Gobierno el pasado 3 de agosto para desarrollar las primeras medidas de este pacto, que será sometido a votación la próxima semana en el Congreso. Ambos partidos consideran que el decreto es inconstitucional porque modifica el Código Civil y piden al Ejecutivo que lo tramite como un proyecto de ley. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido a cambio su constitucionalidad y la urgencia que lo justifica, y ha pedido "lealtad" a la oposición para no romper el consenso en un asunto de tal gravedad.

El PP y Ciudadanos advierten con descolgarse del decreto con el que el Gobierno socialista pretende dar cumplimiento a las primeras medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género, lo que supondría la primera grieta en el amplio consenso político en torno a este problema. Igual que ha ocurrido con el decreto para exhumar a Franco del Valle de los Caídos, las dos formaciones se oponen por una cuestión de forma y no de fondo. No hay discrepancia en estos partidos sobre el contenido de las medidas aprobadas en Consejo de Ministros el pasado 3 de agosto, pero sí, y muy grave, sobre que estas vayan a ponerse en marcha por la vía de un decreto.

El problema está, según estos dos partidos, en que una de las medidas modifica el Código Civil, y es inconstitucional reformar esta norma con un decreto. "Ustedes presentan un decretazo. Lo que corresponde es un proyecto de ley que se tramite por un procedimiento de urgencia", ha pedido la diputada de Ciudadanos Patricia Reyes durante la comparecencia de la vicepresidenta y ministra de Igualad, Carmen Calvo, en la comisión para el seguimiento de las medidas del pacto. En opinión de la parlamentaria de Ciudadanos, la actuación "de manera déspota" del Gobierno socialista con este asunto "levanta sospechas y da alas al machismo".

El decreto, entre otras medidas, reforma el artículo 156 del Código Civil sobre la patria potestad, para que la atención y la asistencia psicológica de los hijos e hijas no sea algo sobre lo que pueda decidir un progenitor si ha maltratado, agredido o abusado física o sexualmente de ellos o de su pareja y tenga condena por ello. También modifica la Ley integral para que las víctimas no tengan que declarar contra su maltratador para recibir protección social y jurídica.

El PP y Ciudadanos reclaman que las medidas del pacto se tramiten como un proyecto de ley por la vía de urgencia. En caso contrario amenazan con no respaldarlo. "No vamos a colaborar en la aprobación de un texto como este", ha avisado la diputada Marta González, del PP. Fuentes parlamentarias populares han afirmado después a EL PAÍS que lo más probable es que el grupo vote en contra de la convalidación del decreto, mientras en Ciudadanos no han discutido aún cuál sería el sentido de su voto, pero insisten en la inconstitucionalidad y en el "grave precedente" que crea.

La vicepresidenta ha defendido la constitucionalidad del decreto y la urgencia que lo motiva. Calvo, también doctora en Derecho constitucional, ha afirmado que el Código Civil es una ley ordinaria, solo orgánica en algunos aspectos, y el artículo que modifica el decreto es perfectamente reformable de esta forma. La ministra de Igualdad ha justificado además el uso de decretos por parte del Gobierno (la semana que viene se convalidarán seis) toda vez que es una "fórmula habitual para cualquier democracia" y el Tribunal Constitucional ha dejado claro que es el Gobierno quien aprecia la urgencia que se requiere para aprobarlo. "Es casi normal que al inicio de las legislaturas los Gobiernos utilicen más frecuentemente esta fórmula [el decreto] que otras", ha indicado, porque "cuando viene un Gobierno que es un cambio ideológico tiene prisa por hacer cosas".

La ministra de Igualdad ha descrito una situación "trágica" en violencia de género, con un total de 953 mujeres asesinadas, y se ha comprometido a que las medidas del pacto que suponen modificaciones legislativas estén listas a finales de este año. Las portavoces de Unidos Podemos han reclamado trascender el acuerdo ya firmado para trabajar en medidas que actúen antes de que surja la violencia. "Ninguna de las medidas que han presentado tienen que ver con evitar que esto pase. Nos hemos quedado un poco frías. Le exigimos muchísimo más como feminista", se ha quejado la diputada Ángela Rodríguez.