El juez Llarena suspenderá la próxima semana como diputados a Puigdemont y Junqueras

Los dos principales cabecillas del proceso separatista catalán, el ex presidente Carles Puigdemont y su ex segundo en el Gobierno de la Generalitat Oriol Junqueras, quedarán suspendidos como diputados autonómicos previsiblemente la semana próxima por orden del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor del procés. Esto significa que no podrán ejercer un cargo público y que, por tanto, deberá correr la lista de sus respectivas formaciones independentistas si quieren mantener la mayoría absoluta en el Parlament.

Los cabecillas secesionistas dejarán de percibir los 59.000 euros anuales que reciben como diputados autonómicos. Y perderán el fuero

El juez Llarena ordenará al presidente del Parlament, Roger Torrent, que suspenda a siete de los 14 procesados por el delito de rebelión, del total de 24 encausados. Desde ese momento dejarán de percibir, por ejemplo, los 59.000 euros anuales que reciben como diputados autonómicos. Y perderán el fuero. 

El juez Llarena recordará a Torrent que el artículo 384 Bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impone apartar de cualquier cargo público a los procesados que lo sean, como en este caso, por delito de rebelión y además se hallen presos o exista sobre ellos, los fugados, una orden de judicial de detención. Según la ley, deben ser suspendidos justo en el momento en que el auto de procesamiento les afecte y sea firme, lo que sucedió ayer cuando la Sala de Apelaciones que ve los recursos frente a Llarena validó y dio firmeza a toda su instrucción. Aparte de rebelión y/o sedición, serán juzgados por malversar supuestamente casi tres millones de euros públicos destinados al referéndum ilegal de 1-0 en Cataluña. La suspensión es "automática” .

Si Torrent se negase a suspenderles de funciones, Llarena abriría contra él una pieza separada por delito de desobediencia, que también a él puede inhabilitarle en el futuro mediante otro juicio. La suspensión afecta a Puigdemont, que mantiene el acta aunque está en Alemania, huido, dado que existe contra él una orden de detención e ingreso en prisión. Llarena está a punto de acabar la investigación. Es cuestión de días, en las dos primeras semanas de julio. Pero se quedará y seguirá instruyendo una segunda pieza sobre el procés, la que afecta a los prófugos, que serían interrogados y juzgados cuando, en su caso, volviesen a España.

Aparte de rebelión y/o sedición, serán juzgados por malversar supuestamente casi tres millones de euros públicos destinados al referéndum ilegal de 1-0 en Cataluña. La suspensión es "automática”

Concluido el sumario, Llarena elevará la citada pieza principal al tribunal de la Sala de lo Penal que va a juzgar a los líderes separatistas que se hallan en España: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, JordiTurull, Joaquim Forn, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, entre otros.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado en una entrevista a EL PAÍS que es partidario de acercar a los presos separatistas, que se reparten en cuatro cárceles madrileñas, a prisiones catalanas, para evitar largos viajes a sus familias para verles. Cataluña es la única comunidad española que tiene transferidas las competencias penitenciarias. Eso quiere decir que el actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, es el máximo responsable de estas prisiones desde el ámbito administrativo y funcional.

La intención de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo es celebrar el juicio de la pieza principal, la que afecta a Junqueras, a fines de octubre. Puede durar varios meses la vista hasta meterse en Navidad. Los magistrados, habrá cinco en el estrado, quieren que la sentencia sea publicada en los primeros meses de 2019, antes de las elecciones autonómicas que se celebrarán en mayo del año que viene. Eso quiere decir que para entonces puede que ya estén en libertad los separatistas encarcelados gracias al tercer grado penitenciario.

Según fuentes judiciales, se abrirán dos escenarios a partir de que el Supremo dicte la sentencia allá por enero o febrero. Será irrecurrible y se convertirá en firme. Con lo cual, en el caso de que el fallo fuera condenatorio, que es la dirección de la sentencia que fuentes jurídicas creen más factible, pero no por rebelión, sí por sedición y/o malversación, los políticos presos catalanes ya no serían preventivos sino penados. Y el cumplimiento de una eventual condena estaría bajo la supervisión del Gobierno de Torra.

La ley penitenciaria permite que la junta de tratamiento de una prisión (integrada por el director, un psicólogo, un jefe de servicio y un jurista, entre otros) pueda otorgar el tercer grado (la libertad) a los internos que juzguen oportuno. Aunque el interno beneficiario ni siquiera haya cumplido ni un cuarto de la condena, según fuentes judiciales. Oriol Junqueras está preso desde octubre pasado.

Los magistrados, habrá cinco en el estrado, quieren que la sentencia sea publicada en los primeros meses de 2019

El único que puede recurrir ante el juez de vigilancia la concesión de un tercer grado es la Fiscalía General del Estado, cuya inminente nueva responsable, María José Segarra, es persona de confianza de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, partidaria de la libertad de los presos independentistas y del diálogo, según fuentes de su entorno.

Si la fiscalía no recurre, pueden obtener el tercer grado y quedar libres al día siguiente de que la condena del Supremo sea firme. No ocurriría lo mismo con los secesionistas, que si vuelven a España previsiblemente acabarían presos antes de ser juzgados debido precisamente a la huida.  Es decir, Junqueras puede quedar limpio de este asunto dentro de algunos meses, y de acuerdo con la legalidad, y  Puigdemont, que sí huyo, pasar más tarde por donde ahora Junqueras.

Indulto o tercer grado

La otra opción que se presenta una vez la sentencia del Supremos sea firme es el indulto, facultad del Gobierno central.

El descrito es, según fuentes jurídicas, el panorama que se avecina para los encausados en la pieza principal que hoy instruye Llarena. Es decir, los líderes independentistas presos pueden estar libres antes de las elecciones de mayo del próximo año, según entienden fuentes del Tribunal Supremo.

Estos medios señalan que, dado que este es el panorama que se avecina, sería bueno que, a cambio de esos previsibles beneficios carcelarios, el Gobierno de Sánchez negocie con los afectados un compromiso claro de renuncia a volver a socavar "las bases de la convivencia en un Estado".