Caso Gürtel

La esposa de Bárcenas y Sepúlveda ingresan en prisión a la espera de reunir la fianza

La Audiencia Nacional deja en libertad provisional a otros diez condenados por la red de corrupción

Rosalia Iglesias (izquierda), este miércoles, a su llegada a la Audiencia Nacional.Foto: Julián Rojas (atlas)

Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas, y el exmarido de Ana Mato y exalcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, ingresaron este miércoles en la cárcel de Soto del Real (Madrid) después de que el tribunal del caso Gürtel dictase contra ellos prisión provisional eludible con sendas fianzas de 200.000 y 100.000 euros y ninguno la abonase. Condenados cada uno a penas que rondan los 15 años, el auto judicial dispone que, en caso de depositar dichas cantidades, se le impondrán como medidas cautelares la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y comparecencias quincenales en el juzgado para reducir el riesgo de fuga mientras el Tribunal Supremo resuelve sus recursos contra la sentencia y esta se hace firme.

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 En el caso de la mujer del extesorero del PP, los jueces destacaron la “importante cantidad de recursos económicos” que la pareja acumuló mediante su actividad delictiva y que parte de ese dinero nunca se localizó. Según recoge la sentencia, en febrero de 2009, a los pocos días de las primeras detenciones del caso Gürtel, desde una cuenta en Suiza de Iglesias se transfirieron 178.000 euros a una entidad de islas Bermudas. Esos fondos nunca fueron recuperados. Pese a ello, los magistrados consideran que el riesgo de fuga se reduce al encontrarse su marido en prisión.

De Jesús Sepúlveda, el tribunal resalta el “importante elenco” de delitos de corrupción que cometió, similares a los de Bárcenas, el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega y el exconsejero madrileño Alberto López Viejo, los tres enviados el lunes a prisión. Por ello, los jueces ordenan su encarcelamiento, aunque creen que debe “darse un tratamiento diferente” a Sepúlveda porque a este se le impuso una pena —14 años y 4 meses— menor que las que recibieron los otros tres exdirigentes del PP, superior a los 30 años.

Los otros diez condenados para los que la Fiscalía Anticorrupción pidió prisión el lunes quedaron ayer en libertad con la retirada de pasaporte y la obligación de personarse cada 15 días en el juzgado. La única excepción fue Carlos Clemente, exviceconsejero de la Comunidad de Madrid, al que el tribunal le permite volver a Colombia, donde reside. Allí tendrá que cumplir con las comparecencias en el consulado de España en Bogotá.

En el caso de Carmen Rodríguez Quijano, exesposa de Francisco Correa y condenada a 14 años y 8 meses, los magistrados han tenido en cuenta la “exigua pensión alimenticia” con la que subsiste y el hecho de que tenga la guarda y custodia de su hija de 14 años. En el auto, el tribunal recalca que con la edad de la pequeña "a nadie se escapa la conveniencia de que mantenga su convivencia con ella el mayor tiempo posible" y que, por ello, ha decidido que "esta situación entre madre e hija no se trunque en este momento".

También han pesado las “cargas familiares” en el caso del abogado Antonio Villaverde, condenado a 8 años y 2 meses, y que se concretan en "la atención a dedicar [a] su madre por razón de los padecimientos que tiene, fundamentalmente, consencuencia de su muy avanzada edad". Villaverde detalló en la vistilla del lunes que su progenitora tenía 94 años de edad y estaba prácticamente inválida.

Por similares motivos, los jueces permiten a José Luis Izquierdo —contable de la trama y condenado a 17 años y 7 meses— seguir en libertad al valorar su edad (69), su escasa capacidad económica y su “deteriorado estado de salud” y el de su mujer. "Una fuga puede suponer que pierdan el control al que deben seguir sometidos por el tratamiento de sus respectivas enfermedades", señalan el tribunal.

Sobre Juan José Moreno —exconcejal de Majadahonda y condenado a 15 años y dos meses—, los magistrados destacan que no se puede “ignorar la colaboración” que prestó al denunciante de la trama, José Luis Peñas, para grabar las conversaciones que permitieron destapar la trama. Además, destaca que su ingreso en prisión le impediría continuar con un tratamiento médico y que no tiene “suficiente capacidad económica” para “emprender la fuga”.

También están citados el exdiputado del PP Jesús Merino (tres años y siete meses), el testaferro de Bárcenas, Iván Yáñez (tres años), el asesor de López Viejo, Pedro Rodríguez Pendás (tres años) y Teresa Gabarra (cuatro), esposa de López Viejo. La Fiscalía solicitó en sus casos que se adoptaran medidas cautelares como comparecencias en el juzgado y la retirada del pasaporte, como finalmente ha sucedido.

Las vistillas del lunes

La Audiencia Nacional había citado este mediodía a 12 de los 29 condenados por la primera época de la trama Gürtel para comunicarles la adopción de medidas cautelares tras las vistillas celebradas el lunes. El tribunal integrado por los magistrados María José Rodríguez Duplá, Julio de Diego y Ángel Hurtado convocó para el lunes 16 audiencias, pero la de Isabel Jordán, administradora de las empresas de Francisco Correa, no se celebró por estar ya en prisión.

Tras ellas, acordó el ingreso en prisión para Bárcenas, el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega y el exconsejero de Madrid Alberto López Viejo. "A la vista de los años de prisión que acumulan [por] delitos todos ellos susceptibles de ser englobados en el concepto de corrupción, con penas que superan los 30 años, considera el tribunal que se incrementa el riesgo de fuga, máxime teniendo en cuenta el entramado financiero y societario organizado para la sustracción de sus fondos", destacaron los magistrados en los autos de prisión de los tres.

Para los otros 12 restantes postergó su decisión a este miércoles. El hecho de que el tribunal haya pospuesto su resolución alimentó las esperanzas de algunos de ellos de poder eludir la cárcel hasta que se resuelvan los recursos en el Supremo y la sentencia sea firme. La salida del tribunal de José Ricardo de Prada, uno de los magistrados que dictó la sentencia condenatoria para el PP como partícipe a título lucrativo en los beneficios de Gürtel, fue también muy valorada por muchas de las defensas, que creen que de haber estado él había más probabilidades de que todos fueran a prisión. 

De Prada, que dejó la Audiencia Nacional el 23 de abril para incorporarse a una plaza en el Tribunal de la Haya, pidió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) poder estar en las vistillas de medidas cautelares, pero finalmente no se le autorizó "al no encontrarse en servicio activo en la carrera judicial".

También están citados el exdiputado del PP Jesús Merino (tres años y siete meses), el testaferro de Bárcenas, Iván Yáñez (tres años), el asesor de López Viejo, Pedro Rodríguez Pendás (tres años) y Teresa Gabarra (cuatro). La Fiscalía solicitó al tribunal que en el caso de estos cuatro penados se adoptaran medidas cautelares como comparecencias en el juzgado y la retirada del pasaporte.

Las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás pidieron prisión sin fianza para todos aquellos que sumaban condenas de más de cinco años de cárcel ante el elevado de riesgo de fuga y la gravedad de las penas. Los condenados, por su parte, apelaron al fuerte arraigo a España y familiares enfermos en la mayoría de los casos para evitar su ingreso en prisión.

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