Desarticulada una red que explotaba a trabajadores y amañaba matrimonios en la Costa del Sol
Detenidas 39 personas y liberadas 12 víctimas de cinco restaurantes
Hace aproximadamente un año, un trabajador paquistaní de un restaurante ubicado en la Costa del Sol contactó con la policía para denunciar las condiciones en las que estaban empleados él y otros cinco compatriotas. Eran sometidos a jornadas maratonianas de no menos de 12 horas, los siete días de la semana, sin descanso, y con un salario de entre 400 y 500 euros al mes que no se declaraba a Hacienda. Se inició entonces una investigación que ahora ha culminado con la detención de 39 personas que formaban parte de un grupo organizado que explotaba a ciudadanos paquistaníes, realizaba contratos falsos para cobrar ayudas públicas y amañaba matrimonios para regularizar la residencia de estos migrantes. Hay 12 víctimas de cinco negocios de restauración.
“Vivían en pisos de alquiler, prácticamente hacinados, y algunos dormían en los propios restaurantes, en la trastienda y con colchones en el suelo”, ha contado este miércoles en Málaga el inspector jefe Antonio de Haro, jefe de la Unidad contras las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental (Ucrif) de la policía en la ciudad andaluza. El principal investigado es el titular de la empresa que gestionaba los negocios, que ingresó en prisión tras ordenarlo el Juzgado de Instrucción 2 de Fuengirola. Entre los implicados hay también un hermano suyo y otros empresarios paquistaníes. En el registro del domicilio del cabecilla se localizaron 170.000 euros en metálico repartidos por distintos escondites.
“Una de las víctimas catalogó a su jefe como un torturador mental”, ha añadido De Haro. Las víctimas supuestamente eran coaccionadas y amenazadas y estaban aleccionadas para que cuando hubiera una inspección laboral en el restaurante, utilizaran la documentación legal de otra persona. Los locales están ubicados en Fuengirola, Mijas Costa y Torremolinos.
Para regularizar la situación en España de estos ciudadanos paquistaníes, los dos hermanos organizaban matrimonios de conveniencia por los que las víctimas debían abonar, en total, entre 8.000 y 10.000 euros que se detraían de su sueldo. Las parejas elegidas eran mujeres con problemas económicos que recibían de media 2.000 euros por participar en este fraude. Uno de los investigados era quien se encargaba de captar a estas mujeres (hay 11 detenidas por estos enlaces amañados) y las acompañaba a todos los organismos oficiales donde es necesario inscribir un matrimonio. “Para poder ir creando esa ficción”, ha precisado el inspector jefe.
La policía ha definido esta organización criminal como “multidelictiva”. El líder del grupo y su hermano simulaban, junto al responsable de una oficina bancaria, relaciones laborales mediante contratos de trabajo falsos como empleados del hogar. Además de regularizar la situación de estas personas, el objetivo era obtener prestaciones públicas. Los supuestos empleados estaban dados de alta en una empresa pero, según las pesquisas, jamás aparecieron por su puesto de trabajo. El grupo contaba con la colaboración de una gestoría de Fuengirola que culminaba todos estos trámites. Dos dueños y una empleada de este negocio han sido detenidos también en el marco de esta operación, bautizada como Shamaka.
Los delitos que investiga el juzgado de Fuengirola son falsedad documental, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra los derechos de los trabajadores y delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Los registros, 12 en total, se han extendido también a los municipios de Marbella y Coín y además del dinero en metálico decomisado en la vivienda del cabecilla, se han bloqueado judicialmente otros 160.000 euros de cuentas corrientes. Han sido intervenidos inmuebles valorados en 900.000 euros.
Ha sido una operación de una “tremenda complejidad”, ha destacado el jefe de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional, José Ángel González Morán, que ha tachado la situación que vivían estos trabajadores paquistaníes como “un ataque” contra los derechos humanos y contra la dignidad de una persona.
