El fiscal pide cárcel por terrorismo por los altercados de marzo de 2017 en Pamplona

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita siete años de cárcel por desórdenes públicos con carácter terrorista para cuatro acusados por los disturbios ocurridos el 11 de marzo de 2017 en el Casco Viejo de Pamplona con motivo de la manifestación del grupo autodenominado Errepresioari Stop (Autodefensa contra la Represión, en euskera). Los acusados supuestamente formaron barricadas, quemaron contenedores y arrojaron piedras contra la policía en el centro histórico de la capital navarra.

El juicio por estos incidentes, el último brote de kale borroka [lucha callejera] tras el fin de la actividad armada de ETA, se celebrará en la Audiencia Nacional entre el 21 y el 23 de mayo próximos. Los hechos fueron calificados como posible delito de terrorismo después de que el juzgado de guardia de Pamplona aquel día se inhibiera a favor de la Audiencia Nacional.

Los disturbios se produjeron después de que se iniciara la manifestación, no comunicada a la Delegación del Gobierno en Navarra. Según la Fiscalía, en el transcurso de la manifestación, “un grupo de individuos con las tareas perfectamente distribuidas y que usaban guantes, embozados mediante capuchas y camisetas que ocultaban su rostro” causaron daños en diversos bienes “mediante el lanzamiento de piedras, botellas de cristal y artificios explosivos pirotécnicos que motivaron que tuvieran que acudir los Bomberos”.

Los acusados, según el relato del ministerio público, participaron en estas acciones “en el ámbito de la campaña de violencia (kale borroka) que estaba previsto desarrollar por el entorno de la izquierda radical abertzale” contraria al cese de la actividad de ETA. Los acusados se desplazaron a Pamplona desde la localidad guipuzcoana de Renteria para participar en la manifestación.