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Una reforma solo para el 0,03% de los matrimonios

El Congreso debate esta semana una propuesta del PP para elevar de los 16 a los 18 años la edad mínima para casarse

Ezeline, activista contra el matrimonio infantil en una campaña de la fundación PLAN. Ampliar foto
Ezeline, activista contra el matrimonio infantil en una campaña de la fundación PLAN.

El pleno del Congreso de los Diputados debatirá el martes una iniciativa del Partido Popular que afecta al 0,03% de los matrimonios. La formación de Mariano Rajoy quiere impedir que los adolescentes mayores de 16 años puedan casarse con permiso judicial y reformar la ley de Jurisdicción Voluntaria para que ningún menor de 18 años pueda contraer matrimonio. Una propuesta que los expertos consideran estadísticamente "innecesaria" -aunque algunos sí la ven útil para proteger a minorías- y que los principales partidos de la oposición juzgan como un “recorte de libertades” que camina en sentido contrario a la evolución de la sociedad.

Adolfo Cuesta, presidente de la Plataforma de Infancia, describe la iniciativa del PP como “muy coherente" con la filosofía del Comité de los Derechos del Niño de la ONU para impedir los matrimonios infantiles forzados, aunque reconoce que en España “los números nos dicen que no es una situación habitual”. Tras el examen del Comité a España del pasado 22 de enero, la ONU recomendó eliminar toda excepción para prohibir las bodas con adolescentes. Antes de abordar este asunto pidió sin embargo atajar cuestiones más significativas y urgentes como la erradicación de la pobreza infantil; el desarrollo de una ley para prevenir la violencia contra niños y adolescentes; y la protección de los menores migrantes no acompañados en Ceuta y Melilla.

En el primer semestre de 2017 solo se casaron 26 jóvenes de entre 16 y 17 años, lo cual representa el 0,03% de los 68.769 cónyuges que contrajeron matrimonio en ese periodo, según los datos más recientes del INE (provisionales). Estadísticamente la medida es "irrelevante e innecesaria", según el demógrafo Pau Miret, investigador del Centre d'Estudis Demogràfics de Barcelona (CED), que recuerda que la edad del matrimonio en España está en la treintena y considera la propuesta del PP “regresiva”, porque “infantiliza a la sociedad”. De esos 26 recién casados, 24 eran mujeres, es decir, el 92%, y ahí es cuando empieza el debate. Julio Pérez, demógrafo del CSIC, cree que pese a que numéricamente sean insignificantes, “el Estado tiene que poner un marco si se trata de proteger” a los adolescentes de determinadas comunidades de imposiciones culturales e incluso, de sus propios padres.

Miret, que recuerda que también desde la reforma del Código Penal de 2015 la legislación española “ya es muy clara con que el matrimonio debe ser voluntario y no forzado”, critica que se desarrollen iniciativas específicas para ciertas minorías, como los migrantes o las personas de etnia gitana. Para proteger a las adolescentes de comunidades en las que se casan jóvenes se debe emplear otro tipo de mecanismos culturales, defiende, como promover la escuela para impedir, “sin obligar”, el abandono escolar.

¿A qué edad somos adultos?

Los adolescentes de 16 años no pueden votar -aunque partidos como Unidos Podemos han planteado el debate-, ni abrir una cuenta bancaria ni ponerse al volante de un coche. Sí pueden sin embargo trabajar, tener relaciones sexuales consentidas con adultos y conducir una moto. ¿A qué edad se alcanza la madurez? La infancia y la adolescencia son “creaciones sociales” y un niño de hoy no tiene nada que ver con uno de hace tres décadas, explica el demógrafo Julio Pérez. “La infancia no existía hasta el siglo XIX, cuando aparece la pediatría, se ve la necesidad de proteger a los niños y el psicoanálisis empieza a hablar de traumas infantiles”, recuerda Pérez, que insiste en que hasta entonces, los niños eran considerados “adultos en miniatura, pero más débiles”.

Sobre las edades límites “hay dilemas y un debate abierto a futuro”, reconoce Adolfo Cuesta. El representante de la Plataforma de Infancia cree que hay cosas que no se entienden, como que la educación obligatoria solo llegue a los 16 o que haya “un plan estupendo de salud infantil hasta los 15 años”, pero los adolescente de entre 16 y 18 no estén igual de cubiertos por planes de prevención. La mayoría de edad marque el momento para disfrutar de derechos y asumir responsabilidades, cree que se pueden debatir matices y diferenciar intensidades de madurez  entre cero y 12 años y entre 13 y 18.

Esteban Cañizares, psicólogo clínico especializado en familia, cree en todo caso que "a los 16 nadie tiene la madurez psicológica para dar un paso tan trascendental" como casarse. La prohibición antes de llegar a la mayoría de edad le parece correcta, en la "lógica de proteger a la persona de ciertos peligros".

Almudena Moreno, socióloga especializada en juventud de la Universidad de Valladolid, reconoce que la tutela que el Estado pretende ejercer sobre los adolescentes para proteger los derechos de un colectivo entra en contradicción con la libertad individual. Discrepa sin embargo con la conclusión de Miret. “El Estado ideal sería uno en que nadie nos tutelara y pudiésemos tomar decisiones libres e informadas, pero yo no lo conozco, porque no hay que perder de vista que partimos de la desigualdad”, señala Moreno. Por eso, ateniéndose a la realidad, sí cree que hay que proteger a las minorías y a las personas en exclusión social.

Por alusiones, Sara Giménez, directora de Igualdad y lucha contra la Discriminación de la Fundación Secretariado Gitano, advierte de que es un tema complejo y de que “prohibir casarse a los menores de 18 dejaría de lado una realidad”. Cada vez son menos los jóvenes gitanos que contraen matrimonio a los 16 o 17 años, pero existen. Giménez defiende que cualquier legislación -que su comunidad cumplirá-, vaya acompañada de un análisis de las razones por las que se casan los adolescentes y “de medidas correctoras de la desigualdad”. Ella avanza alguna de esas causas, como que el 64% de los jóvenes gitanos no termina la ESO y no encuentran oportunidades formativas y laborales que retrasen la formación de una familia.

La oposición, en contra

El PP argumenta que busca armonizar la edad del matrimonio con la exigencia de haber cumplido los 18 años para tener plena responsabilidad penal, ser titular de un negocio, conducir o ejercer el derecho al voto. E invoca el artículo 12 de la Constitución, que sitúa en ese momento la mayoría de edad. Sin embargo, su iniciativa no convence a los principales partidos de la oposición.

“Sabemos que hay un montón de matrimonio informal en nuestro país, sobre todo en lo que tiene que ver con la etnia gitana, que no está reflejado en las estadísticas”, resume Ángela Rodríguez, diputada de En Marea integrada en el grupo de Unidos Podemos. “Esto es lo que nos parece preocupante. Ahí sí que puede haber muchos casos en los que haya niñas a las que se estén vulnerando sus derechos, y esto no se solucionaría con una medida de este tipo”, argumenta sobre la propuesta del PP. “Hay que hacer un estudio serio sobre las causas del matrimonio forzado en adolescentes y saber las realidades de estas mujeres, porque creemos que corresponden a contextos sociales muy determinados: si hay abandono escolar, si hay unas condiciones económicas determinadas… estos estudios ayudarían a hacer políticas de protección integral que fueran más efectivas que una prohibición”.

El PP empleó en 2015 la mayoría absoluta de la que gozaba entonces para modificar la Ley de Jurisdicción Voluntaria y elevar hasta los 16 años la edad mínima para el consentimiento sexual (que entonces era de 13 años) y el matrimonio (14). Que solo tres años después apueste por volver a modificar ese segundo límite, subiéndolo hasta los 18, ha causado estupor en el PSOE.

“¿A qué viene esto? Si hace diez minutos que lo reformaron a los 16”, se pregunta la exministra Carmen Calvo, que es secretaria de igualdad de la Ejecutiva de Pedro Sánchez. “El PP está en un reseteo retrógrado de la sociedad española en muchos aspectos”, opina. “Lo que tendría sentido es que España, a través del Gobierno, estuviera en los foros internacionales liderando la necesidad que sí tenemos en algunos países del mundo de proteger a las niñas que se casan siendo verdaderamente niñas”, añade. Y recalca: “Ahí estaríamos dispuestos a acompañar al Gobierno y a dar la batalla”.

Un punto de vista que comparten en Ciudadanos, el partido que permitió la investidura del presidente Mariano Rajoy al votar a favor. “La recomendación de la ONU se refiere obviamente a países donde hay un problema extendido de matrimonios concertados entre menores o vulneración de derechos, que en principio no cabe aplicar a España”, coinciden desde la formación de Albert Rivera. “Allí donde el matrimonio se produce en circunstancias dudosas, o donde hay abusos o delitos, habría que poner el foco en estos hechos y no en la edad”.

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