Perder tu casa por tres metros de distancia

En una de las calles principales, de entre las pocas que quedan en Burón (León), hay una línea invisible divisoria. Es la que separa a sus vecinos de ser desalojados o no. Hace tres décadas, el 80% de los habitantes del pueblo fueron expropiados debido a la construcción del pantano de Riaño. Muchas de las casas fueron derribadas, pero 22 inmuebles quedaron en pie y han seguido habitadas de forma regular o intermitente por los descendientes de antiguos propietarios o por nuevos vecinos. Tras una reciente revisión catastral, la Confederación Hidrográfica del Duero, que ostenta la titularidad de los inmuebles, les pide ahora que se marchen. "No nos pueden decir esto es mío y lo tiro. Es más el valor sentimental que otra cosa", se lamenta Porfirio Díez, alcalde de la localidad, de unos 320 habitantes.

La nieve cubre ahora el vaso del embalse de Riaño que queda junto al pueblo. Una explanada donde se extendía el antiguo municipio, que se erigía a lo largo de un kilómetro. Hoy apenas queda una quinta parte. Algunos de los inmuebles, como la Iglesia, se trasladaron y se volvieron a levantar piedra a piedra unos metros más arriba. La diferencia entre el Antiguo Burón y el Nuevo se adivina a simple vista: casas de construcción irregular frente a lo que parecen chalés pareados. Muchos de los vecinos han emigrado a lo largo de los años y el municipio ha acusado una fuerte despoblación, pero algunos permanecen todavía. La mayoría se dedica al turismo, en verano se dispara el número de habitantes, o al trabajo agrícola.

Las casas están ubicadas entre 1.100 y 1.103 metros, dentro de la "zona de seguridad" del embalse de Riaño

Las reses de uno de los vecinos caminan sobre el vaso del embalse cubierto de nieve. Hay que recorrer unos tres kilómetros para ver el agua del pantano, que este año está al 30%. De hecho, desde las 22 viviendas que no fueron desalojadas hace 30 años no se puede divisar el agua. Sin embargo, a finales de enero, tras el día de Navidad, recibieron una carta de la Confederación pidiéndoles que abandonaran las casas en el plazo de un mes por razones de seguridad relacionadas con la propia explotación hidráulica del embalse. "Sentimos mucha incertidumbre. Muchos nervios. No sabíamos qué hacer", cuenta María Isabel Álvarez, una de las afectadas, mientras alimenta a las gallinas.

Álvarez y su marido, Huberto Allende, residen en la casa más llamativa de las expropiadas. Un antiguo palacete con una fachada de varios arcos que nunca han abandonado. "Mi padre era el heredero. Él fue el expropiado, pero nosotros hemos estado aquí siempre", explica Allende. El problema del edificio en el que residen y del resto de casas es que se encuentran en la llamada "zona de seguridad", a una altitud entre 1.100 y 1.103 metros. El pantano llega hasta los 1.100, pero esos tres metros han de respetarse porque en circunstancias extraordinarias el agua podría anegar las viviendas. Por eso fueron expropiadas en su momento, cobraron las indemnizaciones y perdieron la titularidad de las casas. No pagan el IBI, aunque sí las tasas de basura y de electricidad, aseguran. Tanto este matrimonio como el resto de vecinos confiaban en que en algún momento se produjera la reversión de los inmuebles y volvieran a ser los propietarios de pleno derecho. "Deberían ser ellos [Allende y sus familiares] los que tengan más derecho que nadie a ocupar esa casa", reclama Álvarez. La palabra "ocupa", aunque con otro sentido, ha sido precisamente uno de los problemas que han enfrentado a los residentes con la Confederación durante las negociaciones. "La Confederación nos ha llamado okupas y aquí no hay ningún okupa", añade Alberto Pascual, otro natural de pueblo.

Desde dirección técnica de la Confederación advierten y reiteran que se trata de una "ocupación ilegal", pero el desalojo no es inminente pese a los avisos por carta. Ahora se abre un plazo de alegaciones en el que los vecinos pretenden seguir luchando. "Las negociaciones están estancadas y no hemos llegado a ningún entendimiento", explica el alcalde desde una colina donde se divisa el valle en el que se asienta Burón, entre los Picos de Europa. Su principal demanda consiste en que el agua no es un peligro para las casas. "En 30 años ha llegado hasta aquí dos o tres veces. Hasta los cimientos. Si no fuera por los vecinos y los arreglos que han hecho, las viviendas no estarían en pie", subraya Pedro Luis Álvarez, presidente de la Junta de Vecinos.

Desde la Confederación destacan que "solo un ocupante [Allende] desciende de antiguos titulares de las viviendas, por lo que los actuales no tienen relación con los propietarios expropiados" y que "la mayoría no habita allí de manera continuada". Pero los vecinos insisten en el valor añadido que supone conservar el vecindario. "Queda claro que aquí no hay ningún peligro de inundación. El agua no llega ni se la espera. Nadie debería jugar a abrir heridas nuevas ni a reproducir las imágenes horribles del pasado", manifiesta el regidor de la localidad, recordando las duras escenas de desalojo de finales de los ochenta. "Esto era un sitio lleno de vida, si también tiran estas casas, ya no nos quedará nada", sentencia.