La polémica en torno a ‘Ciutat morta’

Los hechos ocurrieron a las 6.20 del 4 de febrero de 2006 en la calle Sant Pere Més Baix, en el centro de Barcelona. Una casa albergaba, como cada fin de semana, una fiesta okupa. Cientos de personas seguían dentro. En la calle había cuatro agentes de la Guardia Urbana para evitar que el ruido molestara a los vecinos. A esa hora, llegó un grupo de jóvenes y desde dentro no les dejaron entrar. El grupo de recién llegados se encaró entonces con la Guardia Urbana. Uno de los agentes, Juan José Salas, de 39 años, recibió un impacto en la cabeza que le dejó tetrapléjico.

Dos años después, en 2008, tres jueces de la Audiencia de Barcelona sentenciaron con penas de cárcel a cinco jóvenes. En un recurso al Tribunal Supremo, los magistrados ampliaron la pena. Hoy aquel caso ha vuelto a la actualidad porque el principal acusado fue Rodrigo Lanza, que pasó cinco años en prisión, y ahora está detenido como presunto asesino a golpes de Victor Laínez en un pub de Zaragoza.

El documental Ciutat morta, estrenado en 2013, daba una versión alejada de las sentencias. Empieza con una grabación casera desde una azotea con un montón de furgonetas de la Guardia Civil en la calle. Los rótulos en pantalla dicen que hay una discusión entre asistentes a la fiesta y la Guardia Urbana. El siguiente rótulo dice: “La policía carga contra los jóvenes”, que es lo contrario que dice la sentencia. Solo entonces añade: “Un objeto contundente impacta en la cabeza de un agente”.

Los autores del documental defendieron que daban la versión que los acusados no habían podido dar en el juicio. La sentencia establece que tras encararse con los cuatro agentes, el grupo de jóvenes a quien no habían dejado entrar volvió con piedras y palos. Uno de ellos, Rodrigo Lanza, tiró una piedra que dio en la cara de Salas.

El documental da una segunda hipotética prueba de irregularidad. En 2011 fueron condenados dos agentes de la Guardia Urbana por haber torturado al hijo de un diplomático de Trinidad y Tobago y tergiversar los atestados. Uno de ellos estuvo entre los cuatro agentes iniciales en Sant Pere Més Baix y el otro declaró en el juicio. El documental insinúa que podrían también haber mentido y torturado en el caso de Rodrigo Lanza. En un debate en TV3 en enero de 2015, un representante de un sindicato policial pide que no se mezcle un caso con el otro: “Son las mismas personas”, responde el abogado Jaume Asens, hoy tercer teniente alcalde de Barcelona, “¿o se desdoblan?”, y habla a continuación de la “credibilidad” de los agentes. Precisamente esta insinuación -que un condenado por un delito tiende a ser culpable en otros- es la que quiere evitarse para Lanza en el caso de Zaragoza: “Lo que pasa ahora con Rodrigo Lanza, que está amparado todavía por la presunción de inocencia, no cambia en absoluto lo que pasó en el anterior juicio”, dice el abogado Gonzalo Boyé, que le defendió en 2008, pero que no lo volverá a hacer ahora.

La importancia del 15-M

A pesar de este supuesto escándalo, en 2008 el caso no provocó ninguna crisis institucional. Barcelona estaba gobernada por el alcalde Jordi Hereu, apoyado por Iniciativa y ERC. Nadie pidió entonces más pruebas ni reabrir el caso.

Dos años antes de estrenarse el documental, en abril de 2011, una de las sentenciadas, Patricia Heras, se suicidó mientras estaba en tercer grado. Poco después un grupo de jóvenes decidió empezar a rodar Ciutat morta. Xavi Artigas, uno de sus directores, y Jesús Rodríguez, guionista, han preferido no hablar con EL PAÍS. En una entrevista en el digital Crític, Artigas dice que el 15-M creó “un clima de desconfianza con el poder que hace que mensajes como el de Ciutat morta puedan tener más credibilidad”.

En estos casi 12 años, solo uno de los implicados en el caso no ha hablado: la familia del agente Salas. En 2015, Rosa García, su mujer, grabó una entrevista en TV3 que pidió luego que no se emitiera. A cambio, mandó una carta al programa: “La actuación frívola de los que hablan con desconocimiento absoluto de causa es una nueva agresión a las que ya sufrimos las verdaderas víctimas de este caso”, decía.

Un informe de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona no detectó nada en 2008 que invalidara el juicio: “En el transcurso de las sesiones del juicio la comisión considera que no se produjeron incidencias de carácter grave que afectaran la apariencia de imparcialidad del tribunal”. De observador en esa comisión estaba el hoy concejal Asens. En el documental, Asens acusa a los jueces del proceso: “Los jueces aplican la ley en base a su ideología. La supuesta neutralidad de los jueces, de la policía, es falsa”, decía. Asens no ha podido hablar con EL PAÍS porque está de baja médica.

Hasta enero de 2015 poca gente fuera de círculos activistas había visto el documental, que había ganado premios en festivales españoles. El sábado 17 de enero de 2015 se emitió por la televisión catalana. Fue el programa más visto del día. El Parlament de Cataluña hizo una declaración conjunta donde pedía a la Fiscalía “la conveniencia de revisar todas las actuaciones judiciales”. Pero no aparecieron nuevas pruebas ni testigos y el caso no se reabrió.

El fracaso de Ciutat morta a la hora de que se reabriera el caso no significó que no cumpliera otros objetivos. El éxito del documental aglutinó otros casos de violencia policial en Barcelona de gravedad y sentencias dispares: la muerte del empresario Juan Andrés Benítez, la pérdida del ojo de Esther Quintana, el desalojo de Can Vies o la Operación Pandora contra anarquistas. Era algo que estaba en el ambiente. EL PAÍS dedicó un editorial en 2014 a dos personas que murieron mientras eran detenidas por los Mossos y hablaba de “demasiada casualidad”. “En aquellos años las entidades y los profesionales de derechos humanos trabajábamos de manera más coordinada los casos y con mejor comunicación, lo que hizo que se visibilizaran más situaciones de violencia institucional”, dice Andrés. G. Berrio, abogado del centro Iridia.

Pero ninguno de esos casos tenía un potente documental detrás. En febrero de 2015 se hizo en las Cotxeres de Sants un acto multitudinario con muchos de esos casos con Ciutat morta como protagonista. El trasfondo era siempre el mismo: el sistema está podrido y hay que cambiarlo. La crisis había dejado poso.

En mayo de 2015 se celebraron elecciones municipales. La lista más votada fue la de Ada Colau, que se convirtió en alcaldesa con el apoyo del PSC. Ahora, tras la agresión mortal realizada supuestamente por Rodrigo Lanza en Zaragoza a Laínez, que llevaba unos tirantes con la bandera española, la oposición acusa a la alcaldesa de haber aprovechado aquel vendaval, fomentado por unos de sus escuderos, Jaume Asens. “Que tanta gente se tragara esta mentira cinematográfica es el síntoma de que estábamos en un fin de etapa”, dice Carles Martí, concejal del PSC en Ciutat Vella en 2006. “No creo que acabara influyendo en el voto, pero sí en algo que no fue solo un fin de etapa municipal sino general en la sociedad catalana”, añade.

La concejal Gala Pin y Colau presentaron su campaña municipal de 2015 en Ciutat Vella con Silvia García, amiga de Patricia Heras. En el acto final de campaña, Colau recordó la figura de Heras y dijo que no se iba a “resignar ante ningún caso de persona anónima que tenga que sufrir impunidad”. El exalcalde Xavier Trias dice haber pedido en privado explicaciones a su sucesora: “Colau lo utilizó. El uso político fue vergonzoso. Le pedí a la alcaldesa que debía reflexionar”. El concejal del PSC, Jaume Collboni, ha pedido también a Colau que pida perdón. Trias recuerda ahora con sorna cómo Colau ni siquiera cambió al jefe de la Guardia Urbana que tenía él: “Ahora que mandan, la alcaldesa solo tiene elogios para la Guardia Urbana”, dice Trias.

Todo lo que responden desde fuentes municipales por ahora es esto: “Máximo respeto por la investigación policial y judicial, lamentar la muerte y expresar el pésame, y pedir que no se haga un uso partidista del caso”. Respecto al uso político que se hizo en 2015, esas mismas fuentes añaden: “La investigación [la reapertura del caso] la pidieron en el Parlament todos los grupos políticos”. Sin embargo, no llegó a realizarse.