El Congreso rechaza vetar la venta de armas a Arabia Saudí

La Comisión de Defensa del Congreso ha rechazado este martes vetar la venta de armas españolas a Arabia Saudí por su implicación en la guerra de Yemen, tal como han reclamado varias ONG y el propio Parlamento europeo. La propuesta, que incluía la suspensión de los contratos en vigor y la prohibición de nuevos, había sido presentada, con distintas formulaciones, por Unidos Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y el PDCat (antigua Convergència) y ha sido derrotada con los votos del PP, PSOE y Ciudadanos.

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Según han denunciado las ONG participantes en la campaña Armas bajo control (Amnistía Internacional, Greenpeace, Fundipau y Oxfam Intermón), España ha enviado más de 650 millones en armamento a Arabia Saudí desde que se inició su intervención militar en Yemen en 2015, provocando una catástrofe humanitaria. Además, Navantia ultima la venta de cinco corbetas a Riad por 2000 millones de euros, en el que sería el mayor contrato de exportación de la historia del astillero público.

Aunque el Gobierno asegura disponer de garantías de que estas armas no son desviadas, las ONG denuncian que no existe un auténtico control sobre su destino último. “España corre el riesgo de ser cómplice de estas atrocidades si no deja de vender armas a Arabia Saudí”, advirtió el pasado día 15 el director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, en un acto celebrado el puerto de Bilbao, donde un bombero se negó a colaborar en un cargamento de explosivos con destino al reino saudita.

El Congreso también ha rechazado, en esta ocasión con la abstención del PDCat, la propuesta de denegar las exportaciones de armamento a Irak, salvo que se demostrara que sus Fuerzas Armadas actúan con pleno respeto a los derechos humanos. Se da la circunstancia de que militares españoles participan en la instrucción del Ejército y la policía iraquíes, a los que empresas españolas han vendido material bélico por más de 100 millones.

Sin mencionar a Arabia Saudí o Irak, la Comisión de Defensa ha aprobado, a iniciativa del PSOE, una resolución que insta al Gobierno a "denegar o revocar la autorización de exportación de armas a aquellos Estados en los que haya una situación de represión y violencia política interna y existan indicios racionales de su uso para cometer graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos, contuando el análisis de cada transferencia caso a caso".

También ha dado luz verde a varias medidas para reforzar el control de las exportaciones de armamento. La más importante, y controvertida (salió adelante en segunda votación tras un empate inicial), es la propuesta del PNV que obliga a que las actas de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU) “no sean clasificadas con arreglo a la ley de Secretos Oficiales”. Si se pone en práctica, supondrá el fin de la opacidad que caracteriza a este sector, ya que en la JUMDDU se debaten y autorizan o rechazan las exportaciones de armas.

Además, el Gobierno deberá informar de todas las operaciones autorizadas por un valor superior a 10 millones de euros (y no de 100 millones, como hasta ahora), así como las de más de cinco millones correspondientes a armas pequeñas y ligeras, municiones, bombas, vehículos terrenos y material policial. A partir del año próximo, según otro acuerdo, las estadísticas sobre exportaciones de armamento deberán publicarse con carácter trimestral y no semestral como sucede en la actualidad