Solo 13 de los 8.000 municipios aplican el plan nacional contra la radicalización

Cuando pocas horas después de los atentados de Barcelona y Cambrils, comenzaron a hacerse públicas las caras de los terroristas que los perpetraron, hubo dos personas que reaccionaron y los reconocieron casi inmediatamente: su profesor de instituto y la educadora social que había trabajado con ellos. Las primeras imágenes con sus rostros, que dieron la vuelta al mundo, pertenecían a la lista de clase, la del instituto Abat Oliba de Ripoll en el que la mayoría había estado escolarizado. La educadora social escribía una carta —“¿Cómo puede ser Younes?”, publicada por este periódico— horrorizada por lo que habían hecho sus “niños de Ripoll”. El profesor mostraba lo claro que algunas veces se ve a un alumno al borde del abismo y recordaba que algunos de ellos habían abandonado el centro hace solo un año. Sin embargo, nunca tuvieron oportunidad de cambiar impresiones acerca de esos chavales.

“Aquí cada uno está a lo suyo y no hay puesta en común de nada”, dice un alto mando de la lucha antiterrorista. El plan, creado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), “tiene un carácter eminentemente social y está en la línea preventiva que exige la lucha contra el yihadismo, lo que persigue es coordinar a esos agentes sociales para poder detectar focos de radicalización”, añaden las mismas fuentes.

Desde que se presentó, hace dos años y medio, solo 13 municipios de los 8.000 que tiene España lo han puesto en práctica, según fuentes de la lucha antiterrorista. “Fueron escogidos por su problemática, se llegó a acuerdos con ayuntamientos de distinto signo político y de dimensiones diferentes”, indica uno de los responsables del plan.

Falta de voluntad política

Altos mandos de la lucha antiterrorista achacan su escaso desarrollo a una “falta de voluntad política, porque todo aquello que implica la coordinación entre administraciones en este país parece estar abocado al fracaso”, se quejan. Y recuerda que no es una cuestión presupuestaria porque “se trata de coordinar los recursos humanos y materiales ya existentes, crear las áreas correspondientes en los ayuntamientos, que reportarían al Grupo Nacional —con representantes de 12 ministerios, de Policía, Guardia Civil y CNI, CITCO, FEMP y Fundación Pluralismo y convivencia— cuando no fuesen capaces de darle solución al problema”. No obstante, los ideólogos del plan señalan que hay toda una parte técnica por desarrollar que sí requiere una dotación presupuestaria: “Necesitamos crear un software para poder meter y compartir la información”.

“La lucha contra la radicalización es una prioridad para el ministerio y se está trabajando intensamente para que el mayor número de ayuntamientos se adhieran al plan, como demuestra la reunión mantenida este lunes con el presidente de la Federación Española de Municipio y Provincias (FEMP)”, aseguran en Interior.

De los 13 ayuntamientos que están desarrollándolo, sólo el de Málaga lo ha reconocido. “Madrid también está, por ejemplo, pero en general prefieren no salir en los papeles por este motivo, porque implica reconocer que tienen algún problema con algún colectivo y quieren evitar críticas de xenofobia o criminalización”, explican responsables del plan. Y aportan un ejemplo reciente ocurrido en Málaga: “La policía tenía controlada a una joven con intenciones de unirse al ISIS (Estado Islámico) y su aparición en los medios hizo reaccionar a la asistente social que la trató y advirtió de que quería ir porque su marido la maltrataba: era un problema de violencia de género que se solucionó y se acabó la historia”.