La experiencia del 11-M y las preguntas ante el 17-A

A la espera de que se investigue si se cometieron errores que impidieron descubrir las actividades de la célula terrorista que actuó en Cataluña y con la premisa de que la seguridad al 100% no existe, España respondió a los últimos ataques con la experiencia del 11-M a sus espaldas. La matanza de 2004 en Madrid, con 192 muertos, desvelaron garrafales errores policiales, la infravaloración de la amenaza yihadista y una falta absoluta de estrategia política e institucional. Toda una batería de fallos que obligó a diseñar un nuevo modelo. ¿Qué cambios se produjeron?

Comprender la amenaza. "El 11-M lo cambió todo", sentencian fuentes de la lucha antiterrorista. En plena oleada de protestas sociales por la entrada de España en la Guerra de Irak, los mandos políticos y policiales no habían entendido la gravedad de la amenaza, pese a los informes de los servicios de inteligencia que alertaban del riesgo creciente de un ataque del islamismo radical. Hasta entonces, todos los esfuerzos se centraban en ETA. Y no se había aprobado ningún plan o política para combatir el yihadismo, que pasó a convertirse después en un asunto prioritario.

Más agentes. Apenas 140 miembros de la Guardia Civil, la Policía Nacional y el CNI se dedicaban a principios de 2004 a investigar el yihadismo. Esa cifra se disparó tras el 11-M y, en solo un año, se destinaron 600 nuevos agentes a esas tareas. La cifra no ha parado de crecer: actualmente se acerca a los 3.000 efectivos y el Gobierno prevé que, al menos, otras 600 personas se integren en la División Contraterrorista del CNI antes de 2020. A esto se suma la especialización de fiscales y jueces.

Centros de coordinación. Uno de los errores que desveló el 11-M fue la falta de cooperación de los diferentes cuerpos. La Policía Nacional y la Guardia Civil habían recibido por separado soplos de confidentes que advertían del tráfico de explosivos en Asturias, donde se obtuvo el material para fabricar las bombas colocadas en los trenes. Pero nunca compartieron la información. Pese a ello, el último secretario de Estado de Seguridad del Gobierno de Aznar, Ignacio Astarloa, llegó a afirmar en la comisión de investigación del Congreso que se había diseñado el "modelo policial que permite la mejor coordinación". Aunque, finalmente, admitió el "desastre".

Ante tales disfunciones, el 7 de mayo de 2004 el Ejecutivo de Zapatero creó el Comité Ejecutivo para el Mando Unificado de las fuerzas de seguridad para "aprobar planes estratégicos y asegurar la coordinación". Y, a finales del ejercicio, se puso en marcha el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, que elaboró en un solo año 16 informes estratégicos. Este organismo se integró en 2014 en el actual Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. En su sede se han reunido los jueves de cada semana miembros de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la CNI. Pero, hasta este verano, el Gobierno no anunció la integración de la Ertzaintza y los Mossos, que llevaban meses exigiéndolo.

Esta decisión se adoptó después de meses de enfrentamientos entre Moncloa y la Generalitat. Así que la pregunta surge de inmediato: ¿afectaron esas malas relaciones a la colaboración entre los cuerpos en los atentados de Barcelona y Cambrils?

Nuevos traductores de árabe. La política antiterrorista del Gobierno de Aznar presentaba un agujero enorme de inteligencia en las cárceles españolas. Interior no había asignado traductores de árabe a Instituciones Penitenciarias, por lo que se grabaron las comunicaciones de los presos islamistas acusados de terrorismo, pero nadie las transcribió y envió a los agentes especializados. "Ese error se corrigió hace años", comentan fuentes de Prisiones.

La comunicación, en manos de los investigadores. El jefe de los Mossos se ha encargado de encabezar la difusión de la información. Frente a lo que hizo el Gobierno de Aznar, que dejó las intervenciones públicas en manos del entonces ministro de Interior, Ángel Acebes, que aprovechó esas citas para utilizarlas en pos de su interés político.

Actividad preventiva. En la última década, las fuerzas de seguridad han centrado su labor en detectar cualquier indicio de radicalización para arrestar a los sospechosos antes de que intentasen una acción. La importancia de esta labor, que se tradujo en más de 720 detenidos desde los atentados de Madrid, se comprendió tras los errores del 11-M: entre los terroristas figuraban delincuentes comunes fichados, radicales islamistas a los que se les había vigilado y un terrorista condenado. Por ello, con los ataques de Cataluña, vuelven a saltar las alarmas tras saberse que el imán de Ripoll pasó por la cárcel por narcotráfico, que trabó amistad con uno de los autores del 11-M y que Bélgica comunicó a España sus sospechas sobre él.