La definición de violencia machista divide a los firmantes del pacto de Estado

El pacto de Estado contra la violencia de género que se aprobó este lunes en subcomisión en el Congreso concitó un acuerdo político histórico. Quedaron pendientes sin embargo temas complejos y debates sin resolver que se materializarán en votos particulares. La definición de violencia contra la mujer ha sido uno de los más intensos: el PSOE considera que el pacto recoge todas sus formas pero Podemos y Ciudadanos echan de menos una ley integral que las aborde.

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Todos los partidos han estado de acuerdo en ampliar, como dicta el Convenio de Estambul, la definición de violencia contra las mujeres para incluir la física, psicológica y sexual, incluida la violación; la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado; el acoso sexual y el acoso por razones de género; el aborto forzado y la esterilización forzada. Podemos critica que la redacción del pacto diferencia entre las víctimas del ámbito de la pareja, que quedan protegidas por la ley de 2004 del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, y las del resto de violencias, para las que el texto propone desarrollar legislación específica.

“Esa ambigüedad puede generar víctimas de segunda y de primera”, sostiene la diputada de Podemos Sofía Castañón. El contenido del pacto, en su opinión, se queda “a la altura de 2004, que fue importante, pero en 2017 no es suficiente”. Patricia Reyes, de Ciudadanos, coincide con ella. Su partido, explica, quería reformar la ley del Zapatero para incluir todos los tipos de violencia. Como plan B, proponían crear “una ley integral que abordase todas las violencias machistas, que ahora están desperdigadas”. Ángeles Álvarez, diputada del PSOE defiende que cada tipo de violencia requiere una respuesta específica. Rechaza además “abrir en canal la ley de 2004” o crear “un tótum revolútum” que las recoja a todas, “por una cuestión de técnica jurídica, de lógica”. “El convenio de Estambul no le dice al Estado que tiene que hacer una ley, sino que tiene que legislar”, insiste.

También quedó fuera del pacto la eliminación o modificación de la dispensa de la obligación de declarar en los juicios de las víctimas de violencia. Lo vetó Podemos aunque Ciudadanos tampoco estaba convencido. Según Reyes, “lo fundamental es que la mujer esté segura y no se archiven los casos, pero había dudas sobre cómo acometer esta reforma”. Castañón explica que elimar esa dispensa es “paternalista” y defiende que se estudie, como se ha acordado finalmente, por qué la mujer decide no declarar, por qué se siente insegura y cómo abordar el derecho de dispensa.

El Partido Popular, según Javier Maroto, “suscribe el pacto al 100%”. La metodología de trabajo del pacto requería unanimidad, explica, lo cual garantiza que todas las medidas se hayan incorporado por consenso. PSOE y Podemos respaldan las medidas consensuadas, pero consideran el pacto un acuerdo de mínimos. Este jueves, antes de que la Comisión de Igualdad apruebe el pacto el viernes, presentarán votos particulares para manifestar su posición política. Los socialistas recuperarán propuestas que se quedaron fuera, como las que tienen que ver con la prostitución, alguna consideración sobre la gestación subrogada, el aborto de las menores de 16 años y la creación de unidades especializadas en violencia de género en la Guardia Civil. También pedirá al Gobierno que acorte los plazos para que el pacto se ponga en marcha cuanto antes. Podemos pedirá, entre otras medidas, garantizar una vivienda a las víctimas.