Archivada por falta de pruebas una causa por estafa contra 138 guardias civiles

De estafa a gran escala a ausencia de “indicio racional y suficiente” de la comisión de delito. La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid, Teresa Abad, ha dictado un auto por el que archiva la causa abierta hace más de dos años contra 138 guardias civiles y un funcionario civil por el supuesto cobro irregular de cientos de dietas de alojamiento con la presunta colaboración del propietario de un hostal de Madrid. La magistrada concluye que tras las declaraciones tomadas y las pruebas aportadas a la causa por la fiscalía y la unidad de Asuntos Internos del Instituto armado “no se cuenta con indicio racional y suficiente alguno de la posible comisión por parte de los investigados de infracción penal alguna”.

La investigación se inició en 2015 después de que el Servicio de Asuntos Económicos de la Guardia Civil diera la voz de alarma al examinar las facturas que presentaban algunos agentes para cobrar la indemnización por alojamiento cuando se desplazaban a Madrid con motivo de alguna gestión oficial. Lo primero que llamó la atención fue que la factura emitida era siempre del mismo establecimiento, el Hostal Las Vegas, que coincidía con el límite máximo previsto en la orden sobre indemnizaciones por razón del servicio —es decir, entre 48,92 y 65,97 euros diarios, según el empleo del afectado— y que esta cantidad estaba siempre por encima de lo que el mismo establecimiento anunciaba en su página web.

Además, los investigadores constataron que muchos de ellos habían reservado para esos mismos días habitaciones en una residencia de la Guardia Civil para oficiales y suboficiales. Por todo ello, la fiscalía acusó en un primer momento a los agentes –un teniente coronel, un comandante, 4 capitanes, 10 tenientes, un alférez, 13 suboficiales y más de un centenar de guardias- de malversación de caudales públicos y falsedad, aunque posteriormente cambió esta calificación por la de falsedad en documento mercantil y estafa. Las cantidades defraudadas iban desde los 33,80 euros a los 1.489,74.

Sin embargo, el juez considera que en estos más de dos años de instrucción “no se cuenta más que con meras sospechas” y critica la escasas pruebas documentales aportadas por la fiscalía y Asuntos Internos para apoyas sus acusaciones. En este sentido, el auto de sobreseimiento y archivo de la causa destaca que esta unidad se limitó a aportar “un ‘pantallazo’ de la página web del Hostal Las Vegas, así como la información verbal proporcionada por persona no identificada” para corroborar los precios del establecimiento sin que se tuviera en cuenta “las variaciones de precios” que se producen según las temporadas o el tipo de habitación utilizada, “circunstancias éstas que ni siquiera han sido objeto de investigación”. La magistrada también recalca que “no se cuenta con indicio alguno” de que las facturas fuesen realmente falsas ni se ha acreditado “en modo alguno” que los agentes no se alojaran en el establecimiento ni en la residencia de la Guardia Civil o fueran otras personas las que lo hicieron.

En su auto, la juez Abad también critica que la fiscalía no hubiera incorporado al sumario los albaranes del hostal “siendo imprescindible […] la aportación de tales facturas a fin de comprobar la realidad de la coincidencia de fechas” entre los alojamientos en ambos establecimientos a los que se refiere la denuncia. La magistrada también considera que las explicaciones ofrecidas por los investigados en el juzgado “resultan verosímiles, sin que se pueda dudar de la veracidad de los declarantes”. Por ello, concluye que no se ha acreditado que los guardias civiles se alojaron realmente en la residencia oficial y, “en consecuencia, no pudieron pernoctar en el Hostal Las Vegas”.

Por último, la juez destaca también que las cantidades “notablemente inferiores a 400 euros” que supuestamente estafaron en la mayoría de los casos los guardias civiles convierten la supuesta infracción penal en una mera falta y no en delito. Ello, destaca, fijaría la prescripción en seis meses, un periodo de tiempo ampliamente superado entre la fecha en que se produjeron los hechos –entre el 1 de enero de 2011 y el 28 de noviembre de 2014- y la presentación de la denuncia el 30 de abril de 2015.