Denunciados tres jefes del Tribunal de Cuentas por el ‘enchufe’ de un hermano

El Tribunal de Cuentas se enfrenta a una denuncia por prevaricación y malversación de fondos públicos interpuesta por un funcionario de este organismo ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra los tres principales responsables del Tribunal de Cuentas, el presidente y los jefes de las secciones de Fiscalización y Enjuiciamiento. La denuncia, presentada por el jurista y funcionario del tribunal Fernando Clemente, tiene relación con el supuesto enchufe de un hermano del vicepresidente del tribunal para cubrir en comisión de servicio una plaza de subdirector, nivel 30.  Y también con los 38.000 euros en costa a los que ha condenado en total el Tribunal Supremo a su homónimo por “desviación de poder” en este asunto; es decir, por las irregularidades que, según ha dictaminado el Supremo, rodearon la designación como subdirector de Enrique Medina, hermano de Javier Medina, vicepresidente del Tribunal de Cuentas y uno de los jefes denunciados.

La denuncia tiene relación con los 38.000 euros en costas  a los que ha condenado en total el Tribunal Supremo a su homónimo por “desviación de poder”

La Sala de lo Contencioso del Supremo ordenó al Tribunal de Cuentas que volviera a convocar el concurso para la adjudicación de la citada plaza de subdirector. Desde 2014, el alto tribunal ha tenido que dictar siete resoluciones para que el Tribunal de Cuentas convocase de nuevo el concurso. Y de esas resoluciones surgen los 38.000 euros en costas que tiene que pagar ahora el órgano fiscalizador de las cuentas de las Administraciones públicas.

EL PAÍS destapó en junio de 2014 que un centenar de personas de la plantilla del tribunal, algo más de 650 personas, tenían lazos de parentesco con consejeros, altos cargos del tribunal y responsables del principal sindicato en el tribunal, UGT. En concreto, Javier Medina, vicepresidente de facto de este órgano, tiene dentro del tribunal a una hermana, a su esposa y a una pariente de esta. Y hasta el verano de 2015, cuando dejó el tribunal para irse a trabajar a la empresa pública Mercasa, también tenía a su hermano Enrique, quien fue gerente del Tribunal de Cuentas hasta septiembre de 2012. En esa fecha accedió al cargo el actual presidente del tribunal, Ramón Álvarez de Miranda.

Al dejar la gerencia, la comisión de gobierno, integrada por los denunciados Javier Medina, el presidente Álvarez de Miranda, y el presidente de la Sección de Enjuiciamiento, Felipe García, la citada comisión nombró a Enrique Medina como subdirector del tribunal adscrito a Presidencia. Javier Medina, el vicepresidente, se abstuvo formalmente de intervenir en la asignación de su hermano a la citada plaza. Pero figura entre los tres denunciados debido a que supuestamente pudo influir sobre sus dos colegas de la comisión para que estos asignasen la plaza a su hermano, según la denuncia.

"Para recolocar a don Enrique Medina en el tribunal de cuentas, se realizaron una serie de actuaciones ilegales, y así fueron declaradas por varias sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo", señala la denuncia

Señala el denunciante, Fernando Clemente: "Para recolocar a don Enrique Medina en el Tribunal de Cuentas, se realizaron una serie de actuaciones ilegales (así declaradas por varias sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo), comenzando por el cese de una auditora del Tribunal para colocar en ese puesto a don Enrique Medina, hermano del consejero miembro de la Comisión de Gobierno don Javier Medina".

La denuncia revela que la "urgente e inaplazable necesidad" que esgrimió la comisión de gobierno antes de colocar en esa plaza a Enrique Medina "eran inexistentes". Recuerda también la denuncia, por ejemplo, las irregularidades habidas en la formulación de las bases del proceso. Inicialmente se pedía a los aspirantes el conocimiento de los idiomas de inglés y francés, pero al ver que el hermano del vicepresidente carecía de ese requisito las citadas bases fueron modificadas y este se suprimió, siempre según la denuncia, presentada por el despacho jurídico Garzón Abogados. Dieciséis personas, tres de ellas de dentro del tribunal, aspiraban a esa plaza. Tras las siete resoluciones del Supremo, que han derivado en los 38.000 euros en costas, el tribunal finalmente ha vuelto a sacar a concurso esa plaza.

El denunciante pide al Supremo que cite como investigados a los tres miembros de la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas, los que otorgaron la plaza al hermano de uno de ellos. Fuentes del Tribunal señalan que las decisiones de la comisión de gobierno siempre debe avalarlas, como así sucedió en este caso, el pleno del Tribunal de Cuentas, formado por los doce consejeros, y que la decisión de la comisión de gobierno se ajustó a derecho.