El Pacto contra la Violencia de Género se aplaza un mes más por la falta de acuerdo

El pacto de Estado contra la violencia de género se aplaza por tercera vez. El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la tercera prórroga para presentar las conclusiones de consenso que negocian los grupos políticos y para el que uno de los principales escollos es la memoria económica.

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Una subcomisión integrada por todos los grupos parlamentarios inició a mediados de febrero en el Congreso los trabajos para intentar cerrar ese pacto con medidas que ayuden a prevenir y detectar los casos con anterioridad, dar más seguridad a las víctimas, mejorar la administración de justicia o reparar el daño.

Disponían de cuatro meses en los que han escuchado a más de 70 ponentes a puerta cerrada y debían cerrar un documento para el Gobierno, que a su vez dispone de dos meses para su debate y toma en consideración. Las conclusiones debían estar listas este viernes 30 de junio y el informe se ha aplazado por tercera vez hasta el próximo 31 de julio. En lo que va de 2017 han muerto 30 mujeres asesinadas y hay un caso en investigación, según la estadística oficial del Ministerio de Sanidad.

Distintas fuentes de la subcomisión señalan que el retraso se debe, además del desacuerdo en la partida económica, a que la mayoría de los grupos rechazó el informe resumen con las propuestas consensuadas que presentó el Partido Popular. Los partidos acordaron una prórroga de dos semanas el pasado 16 de junio para disponer de más tiempo. Aquella fue una propuesta consensuada, igual que un primer aplazamiento en mayo. En esta tercera ocasión, la propuesta ha sido presentada por el PP y ha habido dos grupos (Unidos Podemos y el Grupo Mixto) que se abstuvieron en la votación para su aprobación.

La tradición de la cámara establece que el grupo mayoritario es el que debe recopilar en un documento las conclusiones de las subcomisiones y presentarlas al resto, pero el escrito que elaboró el PP, que el resto de grupos conoció hace dos días, no convenció. Incluye una recopilación de un centenar de medidas “deslavazadas”, señalan distintas parlamentarias, sin memoria económica ni una presentación contextualizada con un diagnóstico de la situación.

El diputado Javier Maroto, uno de los representantes del PP en la subcomisión, asegura que la costumbre de la cámara es que el partido mayoritario recoja el listado de propuestas, que es lo que presentó su partido, y que el informe completo es posterior, algo que niegan otras fuerzas políticas. Añade que la prórroga servirá para terminar de incluir todas las propuestas en las que hay consenso –las que no se han consensuado entre todos los grupos aparecerán en el documento como votos particulares y serán votadas en el pleno del Congreso- y para elaborar un informe completo que incluya un “compromiso económico”.

Trabajo y mejora en las becas para las víctimas

Entre las medidas recogidas en este primer borrador, que según distintas fuentes ya cuentan con consenso, está devolver a los ayuntamientos las competencias en igualdad y medidas aportadas por distintos partidos. Por ejemplo, Unidos Podemos propuso que, a través de contratos programas con los Ayuntamientos, se facilitara la inserción laboral de las víctimas de violencia machista. “Nos parece fundamental que se entienda que hay políticas públicas que ayudan contra la violencia machista y otras que no”, explica Ángeles Rodríguez, diputada de En Marea, que confía en alcanzar el acuerdo: “Nos vamos a quedar aquí hasta que este pacto sea posible para que la violencia machista se considere una cuestión de Estado”.

También hay acuerdo en aplazar al menos dos años la exigencia de cumplir criterios de umbrales académicos para obtener cualquier beca educativa–para la que se pide al menos un 5,5 de nota media- en el caso de familiares de víctimas, que propuso el PSOE, o que en los centros de atención primaria se establezcan sistemas de cribado universal para la detección precoz de casos, como ya hace la Comunidad Valenciana. Para vigilar el cumplimiento de las medidas acordadas habrá también una comisión de seguimiento que ya se ha consensuado, a propuesta del PSOE.

Entre los objetivos que se fijaron para el futuro pacto están, por un lado, identificar los problemas de aplicación de la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género, impulsada por el PSOE en 2004, y señalar cómo corregirlos. Supone reforzar la educación en igualdad en la enseñanza, mayor coordinación entre los distintos agentes que trabajan en estos casos o ampliar las campañas de sensibilización.

También estaba pendiente cómo incluir y contemplar todas las formas de violencia contra la mujer, dentro y fuera de la pareja, recogidas en el convenio de Estambul, que España ha ratificado, como la trata o la ablación, además de centrarse en la reparación y prevención de las agresiones sexuales.