Ejército del Aire y Armada apuestan por comprar 60 cazas F-35 estadounidenses
La Fuerza Aérea rechaza adquirir más aviones de combate europeos alegando la vulnerabilidad de la flota
Tras invertir 10.630 millones de euros en el avión de combate europeo, el futuro caza de las Fuerzas Armadas españolas será, con toda probabilidad, estadounidense. El Ejército del Aire y la Armada apuestan por el F-35 Lightning II (Relámpago) de Lockheed Martin para sustituir a los F-18 y a los Harrier de despegue vertical que deben dar de baja a mediados de la próxima década. Las necesidades se estiman en 45-50 aparatos para la Fuerza Aérea y 12-15 para la Marina. La operación puede superar los 6.000 millones; más del doble contando con el apoyo logístico.
Para la Armada no hay alternativa. Si quiere mantener la aviación naval, que en 2017 cumple su primer centenario, —es decir, la capacidad de proyectar poder aéreo desde un buque— no tiene más opción que adquirir el caza de Lockheed Martin. A mitad de la próxima década, la Marina debe ir dando de baja los 12 AV-8B Harrier II Plus que le quedan (más uno de entrenamiento) y el único aparato que existe en el mercado con capacidad de despegue en corto y aterrizaje vertical (STOVL) es el F-35B. Sin él, el buque insignia de la flota española, el Juan Carlos I, quedará reducido a la categoría de portahelicópteros.
La Armada es consciente de que el F-35 es demasiado caro (entre 90 y 130 millones la unidad, sin contar el motor) y su pedido demasiado corto (12 a 15 aparatos), por lo que el margen para negociar es muy estrecho. Otra cosa sería si el Ejército del Aire se inclina por el mismo modelo, admiten mandos de la Marina de Guerra.
El futuro avión de combate es una de las prioridades del nuevo Objetivo de Capacidades de las Fuerzas Armadas que debe aprobarse antes de final de año, según explicó a EL PAÍS el nuevo jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el general Fernando Alejandre. Se trata de sustituir a los cazas F-18 que, con el Eurofighter o EF2000, constituyen la punta de lanza de la Fuerza Aérea española.
La llegada del F-18 supuso un salto tecnológico para el Ejército del Aire en los años ochenta, pero la flota ya tiene tres décadas en sus alas y la mayoría de los aparatos supera las 5.000 horas de vuelo, con un límite de alrededor de 7.000. De los 86 aviones en servicio —se compraron un total de 96, 24 de ellos de segunda mano— lo más urgente es relevar los destacados en Canarias, a los que restan unos tres años de vida operativa. Temporalmente, el problema podría salvarse redesplegando los F-18 de Torrejón y Zaragoza, pero todos deben ser sustituidos a partir de 2025.
Aunque la fecha parece aun lejana, fuentes militares advierten de que el proceso para incorporar un nuevo avión de combate es muy largo, por lo que la decisión debería tomarse como tarde en 2018. “Mientras más se espere, en peores condiciones se estará para negociar”, alegan.
El Ejército del Aire estima sus necesidades en 45-50 aviones y sus preferencias se inclinan por el F-35A, según reconoce mandos militares. Se trata del caza más moderno (y caro) del mundo, adquirido ya por Israel, Japón y Corea del Sur, a pesar de la polémica que ha rodeado su desarrollo y de las dudas sobre su maniobrabilidad (perdió un combate simulado con un vetusto F-16).
En este caso, al contrario que la Armada, sí hay alternativa: comprar más EF-2000. El Ministerio de Defensa redujo su pedido de 87 a 73 aviones (se canceló la llamada Tranche 3B), por lo que en teoría se podría dar continuidad a la cadena de montaje en España. Pero responsables de las Fuerzas Aéreas alegan que, incluso con mejoras, el Eurofighter no es comparable al F-35, un caza furtivo de quinta generación que integra los sensores en el revolucionario casco del piloto, con una visión de 360 grados. Además, ponen una pega estratégica a la sustitución de los F-18 por más EF-2000: la vulnerabilidad que supondría basar toda la flota en un único modelo, con el riesgo de quedarse sin aviación de combate si un problema estructural obligara a parar este aparato.
La diferencia es que el EF2000 es un programa europeo, en el que España participa con un 14% y que genera unos 3.000 empleos directos en nuestro país; mientras que el F-35 es un avión estadounidense en el que la participación de la industria nacional sería insignificante. España fue invitada en su momento a integrarse en el consorcio del F-35 (con Reino Unido, Holanda, Italia, Australia, Canadá, Dinamarca, Noruega y Turquía, además de EE UU), pero Defensa rehusó. “La contribución económica que se exigía era muy onerosa y el retorno industrial escaso. No podíamos permitirnos el lujo de pagar el EF2000 y el F-35 a la vez”, explica un responsable de la época.
Con la tarta tecnológica ya repartida, lo único que puede negociar España es una rebaja del precio —Trump denunció en un polémico tuit que el coste del F-35 estaba “fuera de control”— y que las empresas españolas sean capacitadas para el sostenimiento del avión. Esto último no solo por su peso económico —el apoyo logístico durante todo el ciclo de vida del caza puede superar el coste de adquisición— sino por la autonomía que implica.
El inconveniente de comprar un caza llave en mano, en cuyo diseño no se ha participado, es que uno es un mero usuario. El Ejército del Aire logró, no con poco esfuerzo, tener acceso al código fuente de parte del software del F-18, lo que le permitió integrar su propio armamento. “Controlar la cadena logística, tener independencia tecnológica, acceso a las cajas negras y libertad de empleo deberían ser los objetivos de la negociación”, resume un mando militar.
Además del EF-2000 y del F-35, otras opciones serían las últimas versiones del F-18 (Super Hornet o Advanced), o incluso el Rafale francés. Ambos tienen, sin embargo, algunos inconvenientes de sus competidores americano y europeo sin muchas de sus ventajas. “El próximo avión de combate debe durar hasta 2060 y, en ese tiempo, incorporar mejoras, lo que solo garantiza un modelo [el F-35] que está al inicio de su ciclo de vida y no al final”, avisa un experto.
La elección del futuro avión es, por sus implicaciones políticas, industriales y militares, una de las decisiones más trascendentes que debe tomar la ministra María Dolores de Cospedal. Siempre, claro está, que el presupuesto de Defensa aumente y haya dinero para pagarlo.
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