Democracia en Cataluña

No hay democracia sin elecciones, pero eso no significa que la existencia de elecciones garantice por sí misma la democracia. El mundo político está plagado de elecciones debidamente manipuladas, y el anuncio reciente de convocar una Constituyente por Maduro es la mejor prueba de ello. Un riesgo que desde tiempos de Napoleón III se incrementa cuando se trata del ejercicio de la «democracia directa» mediante esos referendos o plebiscitos que tanto gustan al chavismo y a su hijuela española.

La ventaja del independentismo catalán reside en la coherencia con que ha practicado desde el principio su falsificación de la democracia. No se trató nunca de reivindicar el derecho a la autodeterminación, que cabría en una reforma constitucional federalizante, sino de presuponer que la independencia mediante referéndum era un derecho colectivo natural, aun cuando lo apoyase solo una minoría de ciudadanos de Cataluña. Como se está viendo hoy: un escaño más, aun por debajo del 50% de votos, basta y sobra. Hablar de "diálogo" fue siempre un sarcasmo, ya que el papel asignado al gobierno español se reducía a dar visto bueno a cuanto decidiera la Generalitat. La Constitución y el vigente Estatut dejaron de existir en el cuidadoso programa de avanzar hacia la independencia a toda costa y contra cualquier obstáculo, incluida la inexistencia de una mayoría soberanista, diseñado más al modo de un abogado de El padrino que desde el respeto al Derecho. Y toda intervención del gobierno central, deviene signo de represión -o de anunciada represión, como ahora según denuncia Junts pel Sí para hacer ruido contra la CUP- y de antidemocracia.

La instalación en este imaginario de inversión sistemática de la realidad, impide no solo el debate con otras fuerzas políticas, que pudieran proponer federalismo y autodeterminación regulada, sino la misma existencia de un espacio público democrático. Totalismo es la palabra. Desde septiembre de 2012, ha imperado en Cataluña un monopolio del discurso, ejercido por la Generalitat, del cual ha sido excluida esa amplia mitad de la sociedad catalana que no comulga con el mantra Independència ens fa lliures, a pesar de su marginación.

Antes que un problema de anticonstitucionalismo, que lo hay, más aún pensando en las posibilidades abiertas por la Constitución, desde el principio ha habido en el procès un problema de subversión de la democracia. El Gobierno de Rajoy, y en general el área constitucionalista, no han sabido verlo, teniendo los medios directos e indirectos para desenmascarar el fraude, simplemente utilizando el análisis de su discurso y de su propaganda. Así puede persistir hoy una táctica de provocación, ansiosa de suscitar una reacción gubernamental, que permitiera disfrazar la sedición en curso como secesión, perdón desconnexió, democrática.