Rivera propone en el Congreso un régimen para sancionar los impagos de la Administración y las empresas

Ciudadanos tiene previsto registrar este viernes en el Congreso una Ley contra la morosidad en las operaciones comerciales con la que quiere establecer sanciones para los impagos de la Administración y de las grandes empresas. Esa medida está recogida en el punto 34 del pacto de investidura que firmaron Mariano Rajoy y Albert Rivera. Los dos líderes se comprometieron a impedir que las empresas morosas puedan acogerse a ventajas fiscales o en las cotizaciones de la seguridad social; a exigir una certificación de pagos a las compañías que se presenten a licitaciones públicas; y a incentivar que adopten el régimen de IVA  de caja. Además, el PP consiguió en abril el respaldo de la Cámara Baja a una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a tomar cartas en el asunto. En consecuencia, los dos partidos esperan lograr los apoyos suficientes.

"Queremos establecer un régimen sancionador para garantizar que la Administración y la grandes empresas paguen en plazo a las pequeñas y medianas empresas, que son las más afectadas por la morosidad", explican fuentes conocedoras del proyecto de Ciudadanos, que ha sido coordinado por el diputado Toni Roldán y la oficina económica de la formación.

El propio Rivera adquirió un compromiso personal con esa medida a mediados de abril, cuando participó en la IV Cumbre Político-Empresarial contra la Morosidad. El objetivo, dijo entonces, es "combatir el retraso intencionado de los pagos". Y subrayó: "Las pymes y los autónomos ya no pueden esperar más".

El PP y Ciudadanos parecen estar en sintonía en este aspecto. Además del compromiso adquirido por las dos partes en el pacto que les une, el propio Cristóbal Montoro ha hecho bandera de la reforma. El ministro de Hacienda ya avanzó en una comparecencia de enero que las grandes empresas que tarden en pagar a sus proveedores tendrán más cargas tributarias.

¿Cuál es la situación actual? Las comunidades autónomas redujeron el año pasado la morosidad al mínimo desde que existen registros oficiales (septiembre de 2014), según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda. Así, pagaron sus facturas en menos de 30 días por primera vez, como fija el plazo legal (29,46 días). En consecuencia, la reforma que quiere impulsar Ciudadanos pondría la diana en las grandes empresas.