La Audiencia de Granada absuelve al sacerdote del ‘caso Romanones’

La Audiencia de Granada ha absuelto al sacerdote Román Martínez, que ha sido juzgado este mes de marzo por un supuesto delito de abusos sexuales a un menor, con agravante de acceso carnal, cometido entre el año 2004 y 2007. El tribunal acusa al denunciante, un antiguo monaguillo a las órdenes de Martínez, de mentir respecto a "circunstancias objetivas", de mantener una conducta "desleal" hacia los investigadores y de sostener un relato acusatorio con aspectos "inverosímiles".

"La absolución del procesado se basa no solo en la falta de prueba contra el mismo sino, también y a consecuencia de ello, en la falta de convicción que el testimonio de D. R. [identificado como Daniel] nos causa, resultando de su relato aspectos absolutamente inverosímiles". El testimonio del denunciante, que transmitió por carta los hechos al Papa Francisco y este le telefoneó para pedirle disculpas, "no ha convencido al tribunal", reza la sentencia, que abunda: un relato "contradictorio, vacilante y no corroborado".

El tribunal desconoce qué intenciones llevaron al denunciante a sostener sus acusaciones, pero los jueces rechazan verter hipótesis sobre su motivación. "No existe prueba alguna en el procedimiento que apoye la versión del denunciante", subraya el fallo.

Además de haber mentido, la magistrada ponente de la Sección Segunda de la Audiencia, Aurora Fernández, acusa al denunciante de haber pretendido ocultar ciertos hechos, como negar su presencia en ciertas fotos o el cese de los abusos en mayo de 2007. "Una actitud que, por otro lado, no ha sido nada colaboradora cuando la situación se tornaba contraria a sus intereses (como en las entrevistas policiales mantenidas).

Los jueces consideran que durante el juicio se ha puesto de relieve la inconsistencia del relato del denunciante, ya que ciertas circunstancias que daba él por ciertas han sido desmontadas mediante el material probatorio expuesto en la vista (la ausencia de la mancha de café en el glande, etc.).

Para el tribunal, el denunciante creó un "proceso excepcional" al aumentar "injustificadamente" el volumen del procedimiento, dado que la justicia le ha prestado una atención desmesurada. Por ello, el denunciante deberá pagar las costas del juicio, y ahora tiene la posibilidad de recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo.

El fiscal encargado del conocido como caso Romanones, Francisco Hernández, retiró a finales de marzo su acusación contra el padre Román, para el que había pedido nueve años de prisión y una indemnización de 50.000 euros por presuntos abusos a menores, al no ver "concluyentes" las pruebas ni los testimonios que se analizaron en las distintas sesiones del juicio. "No se puede condenar a una persona si no hay pruebas ni con móviles distintos en las versiones que han dado los distintos testigos", explicó entonces el fiscal.