La Audiencia de Sevilla absuelve a la única condenada de la Corrala Utopía

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La ocupación de un bloque de viviendas de Ibercaja en Sevilla hace más de tres años por 70 familias, iniciativa que llegó a dividir al Gobierno andaluz que formaban entonces PSOE e IU, se ha saldado judicialmente ahora, en el aniversario del desalojo del inmueble, con la absolución de María Yanes, la única condenada por los hechos, según ha informado el letrado Gonzalo Carrasco Moraleda, de la cooperativa Kinema.

Yanes había recurrido la pena por usurpación de bienes impuesta el pasado año por el Juzgado de lo Penal número 7 de Sevilla. La sección tercera de la Audiencia le ha dado la razón y ha anulado la condena el mismo día del tercer aniversario del desalojo del inmueble de la avenida de las Juventudes Musicales.

Según esta resolución, el delito de usurpación observado por el juzgado parte de un "error en la apreciación de prueba" y se vulnera el principio de presunción de inocencia. La absolución considera que la ocupación del inmueble fue "tolerada por la empresa propietaria" mientras se negociaba una salida. De esta forma, el tribunal entiende que la persistencia de las familias en el inmueble respondía a la existencia de conversaciones entre el Gobierno andaluz e Ibercaja para hallar una solución al conflicto.

La resolución de la Audiencia de Sevilla rechaza también los argumentos de la Fiscalía, única acusación personada contra los miembros de la Corrala Utopía. Según el letrado, la decisión de la Audiencia concluye que la ocupación de las viviendas no fue delito, lo que supone "un espaldarazo a la lucha por el derecho a la vivienda y contra la represión".

Por esta ocupación llegaron a ser denunciadas 50 personas. Las primeras absoluciones llegaron hace dos años, pero la acusación contra Yanes se ha mantenido hasta ahora.

El caso del realojo de este grupo de personas en viviendas públicas generó en 2014 una crisis en el Gobierno andaluz. IU, que llevaba el área de Obras Públicas y Viviendas, optó por buscarles una solución de emergencia. El PSOE no lo consideró procedente. Durante el primer juicio, celebrado a principios de septiembre de 2015, el coordinador general de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, apoyó a los ocupas y pidió la absolución para todos ellos. "Se está tratando únicamente de criminalizar la lucha social por el derecho a la vivienda", indicó entonces.