Murcia, ¿región sin ley?

El presidente Pedro Antonio Sánchez respondió en calidad de imputado/investigado el pasado 6 de marzo durante tres horas y cuarenta minutos a los fiscales José Luis Díaz Manzanera y Juan Pablo Lozano. Pero decidió no contestar a las dos acusaciones populares presentes en la causa (Podemos y PSOE de Puerto Lumbreras), y sus letrados dejaron constancia de las preguntas que deseaban hacerle.

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El telón, pues, parecía caer. Pero no antes de la siguiente y última escena. El juez instructor, Julián Pérez Templado, que hasta el momento no había formulado pregunta alguna, se dirigió al presidente y le anunció que quería preguntarle dos cosas sobre el auditorio inacabado de Puerto Lumbreras.

-Usted contrató una obra completa y se la entregaron sin terminar…- señaló. Y como quien reflexiona en voz alta, el juez añadió: – Porque ahí tenemos un problema.

-Sí –asintió el presidente. Pero es que hubo un modificado…

-Ya, ya –interrumpió el juez. Pero contrató una obra completa.

Y la segunda cuestión por la que se interesó Pérez Templado fue la siguiente.

-¿Cuándo piensa terminar el expediente de liquidación?

-Pronto, muy pronto –aseguró el presidente.

Ahora bien, ¿cómo sabe Sánchez cuando se va a terminar si ya no es alcalde de Puerto Lumbreras? Esto forma parte del arcano de los usos y costumbres de la política murciana.

Que el juez haya parafraseado la célebre frase “Houston tenemos un problema”, atribuida al astronauta de la Apolo XIII en 1970, quizá sea un buen retrato del terremoto que ha supuesto la querella contra Pedro Antonio Sánchez y funcionarios del ayuntamiento de Puerto Lumbreras presentada a primeros de febrero de 2015 por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ante la sala Civil y Penal de dicho tribunal ¿Por qué ante el TSJCRM? Porque en ese momento, Sánchez era consejero de Cultura y Educación, por tanto, aforado, y la competencia era, por tanto, del citado tribunal.

Y en ese momento se produce lo que ya se conoce en círculos judiciales y jurídicos murcianos como el “pecado original”. El TSJRM, bajo la presidencia de Juan Martínez Moya, magistrado que esos mismos días ya tiene un pie en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ, elegido vocal a propuesta del PP, se declara competente el 2 de marzo de 2015 para investigar los hechos por ser Sánchez aforado. Elemental. Pero Martínez Moya aprovecha la circunstancia de que hay otros doce querellados del ayuntamiento de Puerto Lumbreras y otros ocho potenciales destinatarios de la misma para enviarla al juzgado de instrucción territorialmente competente, el de Lorca.

El argumento: hay que individualizar las conductas delictivas y resumirlas en una exposición razonada. El auto sale adelante con dos votos a favor –el del presidente Martínez Moya y Enrique Quiñonero, magistrado nombrado en el TSJRM por la Asamblea Regional con mayoría absoluta del PP- y el voto en contra del tercer magistrado, Manuel Abadía.

¿No estaban, acaso, individualizadas esas conductas? Según señala Abadía en su voto particular “llevamos 49 folios de la querella del Ministerio Público, prácticamente toda la querella, y todos ellos van dirigidos contra el querellado Pedro Antonio Sánchez con el apoyo incontestable de pruebas documentales, pericial, inspección del lugar, reportaje fotográfico…”.

Según Abadía, pues, corresponde aplicar el “artículo 73 número 3 apartado a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial según el cual corresponde a la Sala de lo Penal del TSJ el conocimiento de las causas penales” hecho que resulta “ incuestionable, pues la querella, el Fiscal la dirige directamente contra el querellado aforado Pedro Antonio Sánchez López por los delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos, prevaricación en concurso medial”.

El auto es recurrido en súplica ante el tribunal. Pero he aquí que Martínez Moya ya ha pasado al CGPJ como vocal. Su candidato: el letrado del CGPJ, Miguel Pascual de Riquelme. Recibe el respaldo del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes. El bloque del PP le encumbra. Pero una parte del CGPJ se resiste. Es que hay una candidata con más méritos: Pilar Alonso. Número 280 del escalafón, la magistrada de la Audiencia Provincial de Murcia le lleva 1160 puntos al candidato “oficial”.

Pero Martínez Moya, Lesmes y el bloque del PP imponen a Riquelme. El motivo: el “proyecto de actuación” que presenta el candidato. Su presupuesto principal dice en el primer punto: “Necesaria alineación de los órganos de la base del gobierno judicial con las políticas y directrices emanadas de su cúspide”.

Ya en Murcia, Riquelme, en calidad de presidente, forma sala y se desestima el recurso de súplica contra el auto que envía el caso de Pedro Antonio Sánchez a Lorca. Riquelme, pues, cumple: alinea al TSJRM con las directrices emanadas de su cúspide.

Este rodeo permitirá a Sánchez presentarse como cabeza de cartel del PP a las elecciones autonómicas de mayo de 2015 y conseguir la presidencia. “Todo atado y bien atado Presidente” parece haberle dicho Sánchez a Rajoy para asegurarle que su imputación será anulada. Su carta ahora es Julián Pérez Templado, un hombre de Jueces para la Democracia. “Pero tanto él como su esposa, Elena Ladrón de Guevara, que trabaja en la consejería de Educación, donde coincidió con Sánchez, parecen haberse asimilado a las costumbres y modo de vida de esta región”, señala una fuente judicial.

Los peritos de parte que van a ilustrar a Pérez Templado el próximo lunes ¿pueden resolver el problema que el juez le describió a Sánchez durante el interrogatorio, a saber, la entrega de la obra incompleta del auditorio? Será difícil salvo que el juez tenga una conclusión predeterminada. Estos peritos de parte se enfrentarán al de la Fiscalía, como mínimo.