El fiscal general defiende su capacidad para intervenir en asuntos relevantes

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El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, se ha apoyado en informes técnicos para rechazar las acusaciones de injerencia en el caso del presidente de Murcia. El fiscal general del Estado ha comparecido este miércoles en el Congreso, convocado para dar cuenta de ese caso, y se ha limitado en su intervención inicial a leer una explicación genérica sobre sus funciones y a reivindicar su capacidad para intervenir en casos concretos de "especial relevancia", sobre todo, los referidos a la investigación de casos de corrupción.

Sólo en las réplicas y tras escuchar las críticas de todos, ha explicado que cuando fue informado de la intención del juez Eloy Velasco de proceder contra el presidente de Murcia, pidió opinión a la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado y a los cuatro fiscales de la Sala de lo Penal del Supremo que le aconsejaron no apoyar la acusación. Las dos fiscales del caso sí querían acusar y por eso rechazaron firmar el escrito, aunque no quisieron acogerse a su derecho a denunciar una orden que consideren improcedente o ilegal.

Según ha explicado, la norma "otorga al fiscal general del Estado una preeminencia especial con la Fiscalía Anticorrupción, con contacto directo con la misma y especial implicación en los asuntos encomendados". Y ha añadido que interviene "sin atender a la condición o ideología de la persona acusada".

"A mi no me han impuesto nada", ha asegurado Maza, magistrado de carrera que está al frente de la Fiscalía desde noviembre.

Sus palabras iniciales fueron más una clase que una explicación concreta y se ha encontrado con las críticas de todos los grupos parlamentarios, salvo el PP. Por ejemplo, tras hacerse él mismo la pregunta de con qué criterios actúa, su respuesta ha sido: "Los criterios legalmente establecidos".

Los portavoces le han recordado informaciones de los últimos días, como las que indican que las fiscales que investigaban al presidente de Murcia fueron desautorizados y relevados para exculparle; que Pedro Antonio Sánchez supo la posición de la Fiscalía antes de conocerse; que determinados fiscales han sido sustituidos en su cargo o que la anterior fiscal general, Consuelo Madrigal, fue relevada tras negarse en noviembre a acometer los nombramientos que ahora sí se han realizado. Además, el propio Consejo Fiscal, con mayoría de fiscales conservadores, hizo público un comunicado firmado por todos sus miembros en el que se denunciaba la "injerencia", en referencia a declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá.

En términos generales, Maza ha asegurado al inicio que como fiscal general tiene capacidad para intervenir en esos asuntos dando órdenes o relevando a los responsables de cada caso, tras ser informado, según una instrucción de 2005 referida a procesos que afectan a aforados o de especial trascendencia. Ha detallado cifras ya conocidas sobre actuaciones de la Fiscalía Anticorrupción y ha recordado que si un fiscal de un caso recibe una órden que considera "ilegal o improcedente podrá informar de manera razonada y el superior podrá relevar y encargar el caso a otro, como mecanismo contra cualquier atisbo de arbitrariedad". Lo ha dicho en términos generales, pero este mecanismo no fue utilizado en el caso de Murcia por los fiscales relevados del caso.

"Hay preguntas que quedan en el aire y que alimentan la peor de las sospechas", le ha dicho el socialista Juan Carlos Campo, quien le ha hecho ver que los recientes nombramientos han buscado reducir la presencia en puestos claves de asociados a la progresista UPF.

"No ha despejado ninguna duda. Le dimos el beneficio de la duda, pero ha dilapidado el beneficio y solo nos ha dejado dudas", le ha reprochado José Manuel Villegas de Ciudadanos, además de asegurar que "la corrección de criterios de los fiscales se hace favoreciendo al presunto corrupto".

Por Unidos Podemos ha intervenido la portavoz del grupo, Irene Montero, pese a que no forma parte de la Comisión de Justica, para denunciar la falta de información en la intervención inicial de Maza y para formular preguntas concretas sobre la actuación de la Fiscalía, además de lamentar "la falta de voluntad de las élites para investigar la corrupción" y "la impunidad de la mafia del canapé".

Para María Jesús Moro, del PP, lo que ha habido en los últimos días es "deformación de la realidad" y "guerra de guerrillas de asociaciones", con referencias constantes a lo que se hacía en etapas anteriores en la Fiscalía y con una defensa cerrada a Maza.

En la respuesta, Maza ha defendido también los nombramientos en la Fiscalía, tras asegurar que el hecho de tener que proceder a 35 renovaciones en casos relevantes de forma simultánea provocó "nervios que no responden a la realidad". Ha negado que sea una purga y ha dado datos que, en su opinión, muestran que se ha mantenido el porcentaje de asociados a la progresista UPF y ha admitido que no tiene en cuenta la paridad entre mujeres y nombres en esos nombramientos.

Ha defendidio la ideoneidad de Manuel Moix para dirigir la Fiscalía Anticorrupción, a pesar de ser el único de los siete candidatos que no ha trabajado sobre estos asuntos. Competía con otros como Alejandro Luzón que lleva años trabajando en Anticorrupción, con intervención en asuntos como el de los fondos reservados o, más recientemente, el de las tarjetas black.

Sobre el relevo de Javier Zaragoza en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ha hablado de "impulso nuevo". Y sobre el fiscal jefe de Murcia que se encarcaba del caso del presidente autonómico, se ha referido a los 11 años que llevaba en el cargo.

Respecto a las amenazas a los fiscales que investigan casos de corrupción, ha asegurado que "no se ha enviado a la Fiscalía ningún tipo de denuncia" y ha añadido que las palabras del anterior fiscal-jefe de Murcia, Manuel López Bernal, sobre esos hechos "se han malinterpretado" como presiones políticas.

"Hay dos fiscales en este país que investigan casos de corrupción que sí están amenazados. En un caso se ha quemado un vehículo de un vecino y sí se ha denunciado a la Fiscalía y yo les llamé en cuanto lo supe", ha asegurado, sin dar los nombres, pero explicando que se trata en un caso de una investigación sobre narcotráfico y en otro de mafias locales.

"Mañana la prensa dirá lo que quiera", ha asegurado al final, tras lamentar reiteradamente informaciones de las últimas semanas que, en su opinión, no eran ciertas.

En el cierre, los portavoces han cuestionado sus explicaciones y han lamentado que esta situación pone difícil la atribución a los fiscales de la instrucción como ha defendido el propio Maza y planea el Gobierno.