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Rajoy evitará tramitar leyes sin buscar un acuerdo previo con el PSOE

El propósito del Gobierno incluye los Presupuestos Generales del Estado para 2017

Rafael Hernando y Antonio Hernando, portavoces respectivos del PP y del PSOE en el Congreso. Ampliar foto
Rafael Hernando y Antonio Hernando, portavoces respectivos del PP y del PSOE en el Congreso.

El Gobierno tiene la voluntad de no tramitar iniciativas como proyectos de ley en el Congreso sin tener acuerdos previos con el PSOE que garanticen su aprobación. Ese propósito incluye los Presupuestos Generales del Estado para 2017, cuyo proyecto no llegará de forma inmediata a las Cortes o, incluso, puede no llegar si no hay pacto previo con los socialistas. Ese propósito es independiente de la voluntad de acercar posiciones con el PNV con gestos que faciliten mejorar progresivamente sus relaciones. En todo caso, los cinco escaños de los nacionalistas vascos no son suficientes para garantizar la aprobación final.

Por pura aritmética, solo el PSOE puede garantizar al PP la aprobación de sus iniciativas en el Congreso y, por eso, el propósito del Gobierno de Mariano Rajoy es el de no presentar proyectos de ley sin acuerdo previo con el PSOE. Se incluyen en esa doctrina los Presupuestos Generales del Estado, para los que Rajoy pretende el apoyo del PSOE. Con Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria se garantizaría superar el primer escollo parlamentario, el del debate de totalidad, pero no la aprobación final, ni el sentido de las enmiendas parciales.

Esa fórmula sumaría 175 votos, es decir, la mitad justa de la Cámara. Sería preciso repetir tres veces la votación, y, como lo que se votan son las enmiendas de totalidad de la oposición, estas quedarían rechazadas automáticamente y los Presupuestos iniciarían el trámite de enmiendas parciales.

Frenazo en los proyectos

La fragmentación del Congreso impone el freno de mano en la tramitación y presentación de proyectos de ley procedentes del Gobierno.

En dos meses, solo han llegado la llamada ley de estabilidad, aprobada el 15 de diciembre por amplia mayoría, y cuatro iniciativas que eran trasposiciones obligadas de directivas europeas. Van desde el tratamiento de explosivos a contratos del Estado y bienes culturales. Y tienen garantizada la aprobación.

El problema es que La Moncloa no quiere someter ese trámite a la incertidumbre de su corta mayoría y tiene el firme propósito de buscar un acuerdo previo con el PSOE. Los socialistas insisten en que presentarán enmienda de totalidad y ven muy improbable el acuerdo final.

El Gobierno cuenta con la ventaja del tiempo y, por eso, Rajoy ha impuesto un ritmo lento. Los Presupuestos quedaron automáticamente prorrogados el 1 de enero pasado y no hay urgencia para aprobar unas nuevas cuentas. Lo intentará para marzo o abril, pero si no es posible puede aguantar hasta que en septiembre de 2017 se presente el Presupuesto para 2018.

La urgencia era la aprobación de la ley de estabilidad y de un decreto con medidas económicas imprescindibles, y ambos escollos se salvaron ya a finales de diciembre con el voto de los diputados del PSOE, tras el pacto entre Rajoy y Javier Fernández, presidente de la gestora socialista. A partir de ese momento, Rajoy puede gobernar con decisiones económicas parciales y sin nuevo presupuesto hasta el de 2018.

Esa pauta es la que pretende el presidente del Gobierno con el fin de evitar derrotas parlamentarias sonadas. La tesis viene a ser: aceptar como inevitable perder votaciones de proposiciones no de ley o de admisión a trámite de proposiciones; negociar para llegar a acuerdos sobre iniciativas de la oposición y, por último, no abordar proyectos sin acuerdo previo. Y solo el PSOE lo garantiza, porque Rajoy considera de alto riesgo una mayoría con Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y el diputado de Nueva Canaria hasta llegar a los 176 escaños, solo uno por encima de la mayoría absoluta. El objetivo del presidente son los 255 escaños que apoyaron la llamada ley de estabilidad, única iniciativa tramitada como si fuera un proyecto de ley por el Gobierno y aprobado por el Parlamento desde la investidura.

La opción de la negociación para eludir derrotas inevitables la ha aceptado el Gobierno sobre la reforma laboral, la LOMCE y la ley de seguridad ciudadana o ley mordaza, entre otras.

La orden de no abordar reformas sin acuerdo previo con el PSOE se extiende a asuntos como la justicia. En este caso, el ministro Rafael Catalá mantiene intensos contactos con los socialistas para garantizar un acuerdo sobre reformas como la ley de enjuiciamiento criminal sobre la idea de no tramitarla sin garantizar la aprobación. El resto de ministros tiene la misma consigna. La presencia imprescindible del PSOE no es incompatible con un evidente acercamiento del Gobierno al PNV. Fuentes del Ejecutivo y del PNV coinciden en dar por hecho ese acercamiento, pero también explican que no se ha avanzado sobre los Presupuestos.

Ha habido gestos, más valorados por el Gobierno que por el PNV. Y este mismo lunes la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, estará en Vitoria. El Gobierno pretende atraer a los nacionalistas vascos, pero no solo para los Presupuestos, sino para el resto de decisiones y para el día a día del Parlamento.

Todo ello a un ritmo lento para lo que el Gobierno utiliza subcomisiones parlamentarias que congelen iniciativas y estira periodos de inactividad en el Congreso como el inhábil mes de enero para ganar tiempo. De una subcomisión en la que se buscarán consensos saldrán las reformas de Justicia; el pacto educativo y hasta el proyecto de ley sobre uso del alcohol que ha prometido la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat. En todos esos casos se modifica el proceso legislativo, porque el Gobierno solo las tramitará tras buscar consenso en esas subcomisiones.

Otro ejemplo de ritmo lento es el de la financiación autonómica, que el Gobierno empezará a tratar el 17 de enero en la Conferencia de Presidentes, pero sobre el que no prevé resolución hasta finales de 2017.

Enero inhábil en el Congreso y hábil en el Senado

Todos los grupos aceptaron que el mes de enero sea inhábil en el Congreso, es decir, que no haya actividad.

La decisión favorece al Gobierno, empeñado en ganar tiempo y en congelar en lo posible la actividad parlamentaria de una Cámara con mayoría adversa.

Sin embargo, a iniciativa del PSOE, el mes de enero sí será hábil en el Senado. No habrá pleno, pero sí reuniones de comisiones.

El día 11 comparecerá en la Cámara alta el ministro de Exteriores, Alfonso María Dastis; el 12 será la ministra Dolors Montserrat ante la Comisión de Igualdad; el 19 volverá Montserrat y en la Comisión de Hacienda estará el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro.

El 24 de enero celebrarán sesión la Comisión General de Comunidades Autónomas, que no se reúne desde julio de 2015, y la Comisión Constitucional, a la que el PSOE llevará una moción para que el Gobierno habilite una partida presupuestaria suficiente que permita continuar los trabajos e iniciativas derivadas de la aplicación de la ley de la memoria histórica.

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