Una prueba de paternidad niega que el acusado de comprar a un bebé sea su padre

El caso de la pareja homosexual acusada de pagar 10.000 euros a una mujer por la compra de una recién nacida ha dado un giro tan inesperado que ni los propios afectados ocultan “su absoluta sorpresa”. Juan José G.S., uno de los miembros de la pareja de Vícar (Almería), ha renunciado este martes a que se le reconozca la paternidad de la bebé después de que una prueba haya descartado que sea su padre. El abogado de Juan José, Carlos Aránguez, defendía que fue “un pacto altruista” por el cual la madre se ofreció a ser inseminada en una clínica con esperma del joven almeriense para “poder tener su propio hijo”. Ahora, los resultados genéticos echan por tierra esta versión ante “la sorpresa del propio Juan José que no esperaba algo así”, como ha explicado a EL PAÍS otro de los abogados que lleva la defensa, Antonio Mazuecos.

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En un comunicado, Aránguez explica que su cliente ha conocido este miércoles los resultados de la prueba de paternidad que él mismo encargó a un laboratorio privado con la intención de aclarar el caso y solicitar que se le diera la patria potestad de la pequeña. En ella, se deja claro que Juan José no es el padre biológico de la menor que Sonia G. alumbró en Villamartín (Cádiz). “Ante este hecho, mi patrocinado no tiene más remedio que renunciar a la solicitud de reconocimiento de la menor”, reconoce el abogado. Ante esta nueva tesitura, Juan José “sigue ofreciéndose a ser padre de acogida de una niña que podría crecer felizmente a su lado”, como matiza su abogado. Sin embargo, Mazuecos no niega que este revés dilata y complica el proceso legal por el que la pareja gay podría hacerse con la custodia de la menor.

Tanto Juan José como su pareja, Luis W., y la progenitora de la niña quedaron en libertad con cargos, después de ser acusados de un presunto delito contra las relaciones familiares y de alteración de la paternidad mediante compensación económica. La Guardia Civil de Cádiz, encargada de la investigación, había encontrado indicios de que la pareja almeriense había pagado hasta 10.000 euros por hacerse con la bebé pocos días después de nacer. Por este motivo, como medidas cautelares, el Juzgado de Instrucción 1 de Arcos de la Frontera (Cádiz) había retirado la patria potestad tanto a él como a la madre. Además, solicitó una prueba de paternidad de Juan José, para comprobar sí era el padre de la niña, como él mismo sostenía en su defensa.

En el comunicado, Aránguez ha seguido sosteniendo esta misma tesis al recordar que Sonia era “una amiga” de Juan José que se sometió en dos ocasiones a una inseminación artificial con esperma del almeriense en “una prestigiosa clínica de Málaga”. Fue el propio joven el que costeó el tratamiento que “estaba perfectamente acreditado”. Por ello, ahora sus abogados muestran su sorpresa por los resultados de la prueba cuando “los plazos del embarazo coincidían con la inseminación en la clínica”, como matiza Mazuecos.

Gastos para el ajuar

La prueba genética aleja la posibilidad de que se trate de un caso de gestación subrogada y acerca la tesis de que se produjese un mero acuerdo comercial entre la madre y la pareja. Sin embargo, Mazuecos ha seguido defendiendo que ni Juan José ni Luis compraron a la bebé por los 10.000 euros que indicó la Guardia Civil. En su lugar, los abonos a Sonia estuvieron motivados por “los gastos de la clínica de inseminación, así como otras pequeñas partidas para ropa y ajuar del bebé, ropa prenatal para Sonia, y atención médica privada”, como ya explicó Aránguez en un primer comunicado.

La menor, de apenas un mes, ha sido entregada a una familia de acogida, tal y como informó la Junta de Andalucía a finales de noviembre. Poco antes, la bebé, a la que sus padres llamaron María, “pasó sus primeros 18 días de vida con Juan José y era una niña especialmente querida y perfectamente cuidada”, según el comunicado de su letrado. Desde un primer momento, la defensa del joven especificó que “ni siquiera se trataba de un caso de gestación subrogada” ya que la menor fue inscrita en el Registro Civil como hija de Juan José y Sonia.

Aránguez ha recordado la tesis de que su defendido “es un homosexual gitano con escasos recursos económicos que quería tener hijo”. “Ante las dificultades que encontró cuando intentó adoptar, buscó una madre que quisiera concebir un hijo con inseminación artificial”, tal y como relata. Sin embargo, ni la Guardia Civil ni el juez lo tienen tan claro. En sus pesquisas encontraron diversas pruebas en las que se demostraba que Juan José y Sonia no se conocían previamente y que entre ellos mediaba un pacto comercial. Fue el caso de los mensajes intercambiados por teléfono en el que ambos se ponían de acuerdo en la versión de los hechos aportada o en las propias contradicciones que los agentes detectaron en los interrogatorios.

Aránguez ha recordado que su defendido “ha colaborado plenamente con la justicia” y que fue él mismo el que encargó la prueba de paternidad, realizada con muestras del cordón umbilical de María y de él. De momento, la defensa seguirá defendiendo que la menor vuelva con el joven, ahora bajo la figura de padre de acogida. Pese a que mantienen que Juan José pensaba que era padre de la menor, por el momento, no plantean solicitar nuevas pruebas que corroboren la teoría del almeriense.