El perito designado por Hacienda en el ‘caso Ivima’ tiene vínculos con un fondo buitre

La juez que indaga si hubo fraude en la venta de 2.953 viviendas de la Comunidad de Madrid en 2013 a un fondo buitre de Goldman Sachs ha rechazado al perito nombrado por Hacienda para investigar la transacción. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid, Concepción Jerez, ha solicitado a la Agencia Tributaria que designe a otro técnico al entender que el nombrado tiene “vinculación" con una de las sociedades objeto de las pesquisas: Bussola 990, SICAV SA.

La juez ha dado un plazo de cinco días a la Agencia Tributaria para que proponga a un nuevo inspector. La petición de la magistrada fue solicitada por la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid.

La investigación judicial indaga si la Comunidad de Madrid cometió durante el mandato de Ignacio González (PP) malversación de caudales y prevaricación al permitir que 2.935 viviendas públicas acabaran en manos de un fondo buitre, que se hizo en 2013 por 201 millones con 32 promociones de la región. Desde que pasaron a manos privadas, las familias afectadas siguen pagando el mismo alquiler (370-520 euros al mes), pero ahora se incluye en su factura el IBI y la tasa de basuras que no abonaban por el riesgo de exclusión. La Cámara de Cuentas de Madrid estimó que si las viviendas se hubieran vendido por lotes, la Comunidad habría ingresado el doble.

Las casas afectadas por la operación inmobiliaria pertenecían al Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) y estaban alquiladas familias con bajos recursos antes de caer en 2013 en manos de Goldman Sachs. La operación que permitió el cambio de titularidad fue considerada fraudulenta por los inquilinos.