La presidenta de Navarra defiende que las agresiones en Alsasua no son un caso de terrorismo

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha afirmado este martes que el Ejecutivo foral tiene "muy claro" que la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua no se trata de un caso de terrorismo. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha procesado a nueve jóvenes, siete de ellos en prisión provisional, como partícipes directos en la agresión, que se produjo el pasado 15 de octubre, por terrorismo en concurso ideal con delitos de atentado, de odio y lesiones.

Lamela ha adoptado esta decisión en un auto notificado hoy tras decretar la semana pasada la prisión incondicional para siete de los doce jóvenes identificados como autores de la agresión, entre los que se encuentran dos menores, cuyo procedimiento tramitará el juez central de menores José Luis Castro, han informado fuentes jurídicas.

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Tras mostrar el "respeto absoluto" a las decisiones judiciales, la jefa del Ejecutivo foral ha remarcado que "será el ámbito judicial el que establezca si es o no delito de terrorismo". "Si acaso es aquella modificación que se produce en la primavera del año 2015 del 573 del Código Penal la que nos ha traído hasta aquí, esa interpretación. Veremos cómo se resuelve en tribunales", ha expuesto la presidenta navarra.

Pello Urizar, secretario general de EH Bildu, ha subrayado el compromiso de su partido por la "paz y la convivencia", pero ha pedido la "salida de la policía de Euskal Herria". "Su objetivo es criminalizar cualquier reivindicación sobre la des militarización y no dudan en redimensionar y exagerar sucesos, así una trifulca de bar acaba con siete jóvenes en prisión", ha comentado. 

El Parlamento foral aprobó el lunes una declaración en la que muestra su desacuerdo con las detenciones y medidas cautelares practicadas en Alsasua. Esas consideraciones, recogidas en la iniciativa suscrita por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, e I-E, contaron con el voto en contra de UPN, PSN y PPN, que tan solo votaron a favor del primer punto del texto en el que la Cámara expresa su compromiso "por la paz y la convivencia en toda Navarra".

Con el apoyo de los grupos que sustentan al Ejecutivo foral se acordó manifestar el desacuerdo con la calificación penal de los hechos, que pueden acarrear el cumplimiento de penas "desproporcionadas" a los jóvenes encausados, por lo que se pide que el caso que ahora está en la Audiencia Nacional sea devuelto al juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona.

Además, se expresa desacuerdo con las detenciones y las medidas cautelares practicadas como el encarcelamiento de siete de los nueve imputados, que se considera "desproporcionado, injustificado e innecesario" para el desarrollo de la instrucción, máxime cuando algunos de ellos "se personaron voluntariamente y no concurre riesgo de fuga", por lo que se pide su "inmediata puesta en libertad".

Al mismo tiempo se rechaza de forma "rotunda" la imagen "distorsionada" que se ha trasladado de Alsasua "muy lejos" de su realidad y se apoya la manifestación silenciosa convocada para el próximo sábado bajo el lema "Altsasu".

El Parlamento también pide al Defensor del Pueblo del Menor que adopte las medidas necesarias y adecuadas con el fin de que los derechos de los dos menores afectados sean respetados. UPN, PSN y PPN justificaron su voto en contra aludiendo al respeto de las decisiones judiciales y en el caso de regionalistas y populares han reprochado a los impulsores de la iniciativa que al tiempo que piden rebajar el tono en este asunto vuelven a sacarlo a la luz.