Los diputados díscolos del PSOE alegan que votaron en conciencia
El compromiso con el programa electoral es otro de los argumentos del escrito común consensuado horas antes de que expirara el plazo de siete días para recurrir
Los ocho diputados socialistas que votaron contra la investidura de Mariano Rajoy y no pertenecen al PSC apelan a la libertad de voto por razones de conciencia en las alegaciones que hoy presentarán tras la apertura de un procedimiento disciplinario por contravenir la resolución del comité federal de abstenerse. El compromiso con el programa electoral es otro de los argumentos del escrito común que consensuaron horas antes de que expirara el plazo de siete días para recurrir.
El presidente del comité de disciplina del grupo socialista, Luis Sahuquillo, comunicó el inicio del expediente dos días después de la votación en el Congreso en la que Rajoy fue investido tras 10 meses como presidente en funciones. La previsión es que los 15 diputados sean sancionados con 600 euros, la mayor multa que contempla el reglamento interno del grupo parlamentario, en aplicación del artículo 33 por la “ausencia no autorizada a votaciones del pleno que requieran mayoría cualificada o tenga singular importancia y así se haya indicado previamente”.
También se espera una sanción política para la balear Sofía Hernanz y Meritxell Batet, cabeza de lista por Barcelona, que no seguirían en la dirección de grupo. Existe el precedente de José Zaragoza, que dimitió en febrero de 2013 tras ser invitado a dejar la dirección de grupo por el apoyo de 13 de los 14 diputados del PSC a una propuesta de resolución de CiU sobre el derecho a decidir en Cataluña mediante un referéndum legal y acordado con el Gobierno de la nación.
Al margen del procedimiento sancionador del grupo parlamentario, queda por ver si la gestora aplica un proceso paralelo a los seis diputados que quebrantaron la disciplina de voto y son militantes del PSOE. Es el caso de Hernanz y Pere Joan Pons, ambos diputados por Baleares; Susana Sumelzo (Aragón), María Luz Martínez (Castilla y León), María del Rocío de Frutos (Galicia) y Odón Elorza (País Vasco). Los estatutos del partido contemplan la suspensión de militancia e incluso la expulsión, extremo que no parece factible. La distinción la realizó Mario Jiménez, secretario de Organización de la gestora, el 29 de octubre minutos después de la elección de Rajoy, descontando a los diputados del PSC y a la magistrada Margarita Robles y la excomandante Zaida Cantera, ambas independientes por Madrid. Sobre estos nueve el PSOE “no tiene jurisdicción”, entiende el número dos de la gestora.
Los siete parlamentarios del PSC ya hicieron sus alegaciones la semana pasada. “Conozco la resolución del 23 de octubre del comité federal. Asimismo, el 25 de octubre el consell nacional del PSC aprobó una resolución por unanimidad [...] en la que se fijaba otra posición política para la segunda votación de la investidura. Atendiendo a la discrepancia de estos dos acuerdos decidí, en conciencia, votar que no en la segunda sesión del debate de investidura”, razonaron. Además, reiteraron la “firme voluntad” de “seguir trabajando conjuntamente” con el PSOE. La gestora que preside Javier Fernández llevará la revisión del protocolo con los socialistas catalanes a un comité federal, el principal órgano de decisión de Ferraz entre congresos.
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