Los diputados díscolos del PSOE esperan que la sanción no pase de una multa
Una de las incertidumbres por resolver es si mantienen sus responsabilidades en las diferentes comisiones del Congreso o pasarán a ser parlamentarios rasos
Los 15 diputados socialistas a quienes se ha abierto procedimiento disciplinario tras votar en contra de la investidura de Mariano Rajoy esperan que la sanción que afrontan no pase de una multa económica de 600 euros por no haber acatado la resolución del comité federal de abstenerse, caso contemplado en el reglamento interno del grupo parlamentario por tener “singular importancia y se haya indicado previamente”.
Los críticos apurarán los plazos con la intención de no presentar sus alegaciones antes del lunes, de forma individualizada pero mediante un texto común en el caso de los ocho parlamentarios que no pertenecen al PSC. La sanción, en su aplicación más severa, podría desembocar en la expulsión. “Todo lo que pase de una sanción económica excedería la proporcionalidad y sería un plus de ensañamiento”, observa uno de los parlamentarios que no se abstuvieron. Como mínimo, los miembros de la dirección de grupo dejarán de serlo. El secretario de Organización de la gestora, Mario Jiménez, redujo tras la investidura a “seis militantes socialistas” el número de quienes habían quebrantado la disciplina de voto, descontando tanto a los representantes del PSC como a las dos independientes por Madrid. Sobre estos nueve, “el PSOE no tiene jurisdicción”, observó Jiménez.
Una de las incertidumbres por resolver es si los 15 diputados mantendrán sus responsabilidades en las diferentes comisiones del Congreso o pasarán a ser diputados rasos. La balear Sofía Hernanz, que pertenece a la dirección de grupo, es vocal de la diputación permanente, portavoz sustituta de la junta de portavoces y vicepresidenta segunda de la comisión de industria, energía y turismo. También está en la dirección de grupo Meritxell Batet: número uno por Barcelona, también es vocal de la diputación permanente y portavoz adjunta de la junta de portavoces, entre otras responsabilidades. Por poner otros ejemplos representativos, la magistrada Margarita Robles es presidenta de la comisión de justicia. La otra independiente por Madrid, Zaida Cantera, es portavoz adjunta de la comisión de defensa. La palentina María Luz Martínez es portavoz adjunta de la comisión de educación.
Entre los diputados que se mantuvieron en el no a Rajoy existe la preocupación de que lo que no haga la dirección del grupo parlamentario lo apliquen las federaciones. La prueba fue el relevo de Susana Sumelzo como coordinadora del grupo de parlamentarios aragoneses en Madrid, cargo para el que se designó a Óscar Galeano, el otro parlamentario socialista por Zaragoza. Sumelzo no pudo asistir a la reunión que convocó el presidente autonómico y secretario general regional, Javier Lambán, con los diputados y senadores aragoneses, al coincidirle con una comisión parlamentaria. Lambán, que no se pronunció en el último comité federal, ha pedido en público que renuncien al acta los diputados que contravinieron la resolución del comité federal.
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