“Yo no soy un delincuente”

Cuando entró en el CIE de Aluche en Madrid a D. M. le dieron una colchoneta muy fina. En la celda siete de la tercera planta había ocho camas, pero dormían 12 personas. D. M., nacional de Ecuador que no quiere revelar su identidad, llegó a Madrid tras ser detenido en Ciudad Real. Él y su mujer se habían quedado sin permiso de residencia por haber perdido el trabajo. Por infracción de la ley de extranjería la policía pidió su expulsión. La jueza decretó que en su caso había riesgo de fuga. “No soy un delincuente”, afirma D. M., “no he cometido nunca un delito, ni en territorio español ni en mi país”.

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D. M. salió del CIE de Aluche en marzo de 2012 tras haber pasado allí 60 días, el máximo que la ley establece. En esos dos meses tuvo miedo de que le deportaran: “Toda mi familia vive en España”. El abogado de oficio y su embajada le asistieron en el recorrido legal. No ganó el recurso administrativo contra su expulsión, pero quedó en libertad. Al recordarlo D. M., que es evangélico practicante, junta las manos al confesar que cree que también su constancia en el rezo le ha ayudado.

“Me han respetado siempre en el CIE” añade, “pero a un marroquí casi le matan un día. Lo dejaron inconsciente en el suelo y se asustaron porque pensaron que le habían matado de verdad”. D. M. cuenta que los policías le daban patadas y le golpeaban con la porra. En el CIE de Aluche, según cuenta, el soborno de los policías permitía meter marihuana, aguardiente y móviles: “Teníamos un teléfono compartido, pequeño y de teclado, que custodiaba el más antiguo de la celda; le dimos unos 150 euros al poli que llamábamos El Melilla”, añade. “Si hacías demasiada bulla te llevaban a la celda de aislamiento”.

"En primer lugar en el CIE de Aluche no hay celdas y menos de aislamiento", responden desde la Dirección General de la Policía. "Hay rejas en las ventanas porque es un centro de internamiento, del que no se deben poder escapar los internos que, no lo olvidemos, están ahí por orden judicial".

El testimonio de D.M. se remonta cuatro años atrás, cuando él fue uno de esos internos, pero desde la Dirección General de la policía insisten: "No existe ni una sola denuncia contra los funcionarios del CIE de Aluche por malos tratos ni hay constancia de los mismos, y todo lo que se hace en el centro y los propios internos están tutelados por los jueces destinados al efecto, los encargados de inspeccionar el centro", explican. Y añaden: "Tanto Cruz Roja como los médicos acceden a diario a los centros como para advertir que se estuvieran produciendo ese tipo de abusos", concluyen. 

"La Fiscalía aprueba que todos los CIE cumplen con el reglamento y se respetan los derechos fundamentales”, afirma Lafon Nicuesa. Los Fiscales Delegados de Extranjería realizaron 13 visitas de control en 2015 en los centros y destacaron que el de Aluche presenta un “deterioro progresivo” de sus instalaciones. Actualmente se encuentra en obras y de las 280 plazas disponibles solo hay 110 ocupadas. Y, según los sindicatos policiales, los funcionarios son "las otras victimas de la situación de estos centros infradotados de personal y de recursos".   

La Fiscalía se encarga de que en sus visitas todos cuantos quieran puedan manifestar sus quejas. Esas reclamaciones son estudiadas, valoradas y se entregan a los directores de los CIE. D. M. cuenta que para pedir un encuentro con el director los policías entregan a los internos un sobre, sin embargo, asegura no haberle visto una sola vez en los dos meses que estuvo allí.

A las siete de la mañana los internos se despiertan, se asean y pueden pedir cita para el médico. A lo largo del día tienen derecho a una hora en el patio, aunque, según cuenta D. M., se puede reducir: “Dependía del guardia que estuviese. Así como podía pasar con la hora de visitas". En el interior hay una televisión, pero los internos pasan la mayoría del tiempo entre los pasillos y las celdas. “El aseo no se podía ni usar”, sigue D. M. "Aquello era un sinvivir", añade al relatar que a lo largo del día no está prevista ninguna actividad para los internos. 

La normativa europea relativa al funcionamiento de los CIE establece que “solo se justifica el internamiento para preparar el retorno o llevar a cabo el proceso de expulsión”. D. M. salió de Aluche con la obligación de regularizar su situación, pero se encontraba en un callejón sin salida: para tener un contrato le pedían la residencia, pero para tener el derecho a vivir en España le pedían un contrato. 

“Los motivos para no expulsar efectivamente a las personas pueden ser muy variadas: desde la falta de acuerdos con el país de origen, hasta la escasez de vuelos, o a veces los internos ganan los recursos”, explica Paco Solange abogado especialista en inmigración, “hay un listado específico de los países que no aceptan gente”, señala.

26 millones de euros para expulsar

Entre 2011 y 2015 Interior gastó al menos 26 millones de euros para expulsar en vuelos a 4.674 extranjeros en situación irregular, con un coste medio de 5.629 euros por persona. “Entre nosotros nos cuidábamos”, cuenta D. M., “pero los roces a veces surgían por diferencia culturales”. D. M., que estudió Comercio Exterior en su país y trabajó como funcionario para el ejército, cuenta con tono pausado el desencuentro que tuvo con un compañero por un juego de ajedrez. Se lo había dado la Cruz Roja que, junto a otras asociaciones, realiza una función de asistencia en el centro de Aluche. Son estas las que entregan a los internos cepillo de dientes, jabón y toalla al día siguiente de su registro. “Si tienen ropa de tu talla, te la dan también”, explica D. M.

Según explica Paco Solange en los CIE se encuentran también personas que han cumplido condena por más de un año en España y que tienen que ser expulsados a raíz de la ley de extranjería. El Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario,  admite que los enfrentamientos que se generan con los internos en su mayoría son provocados entre ellos mismos. “La presencia de personas que han sido condenadas y de los indocumentados es una de las otras contradicciones de los CIE”, añade el letrado, “que en sí contradicen la constitución, ya que no se puede privar de la libertad a una persona por una infracción administrativa como la de no tener papeles”.

Con el móvil que le consiguió "el Melilla", D. M. escuchaba también los partidos del Barca, y sobre todo las funciones religiosas. Con sus tres hijos, de 14, 16 y 18 años, ahora frecuenta la iglesia de su ciudad. “No todos los compañeros conocían bien el español, pero la escuchaban”, cuenta. Ha aprendido fundamentos de mecánica y albañilería para trabajar donde pueda. “Una de las cosas más bonitas que recuerdo”, concluye, “fue que tuve la ocasión de predicar mucho la palabra de Dios”.