Cinco años después. Ahora ¿qué?

El antiguo jefe de Información de la Guardia Civil, el teniente general Pablo Martín Alonso, asegura en el documental El fin de ETA que en 2000 la banda terrorista contaba con 1.000 militantes activos y, diez años después (en 2010) solo con 50, debido a la acción de las Fuerzas de Seguridad. También señala que Mikel Karrera, Ata, detenido en mayo de aquel 2010, fue el “último general de ETA”. Ante tales muestras de debilidad, una Batasuna acosada, que unos meses antes había votado por el fin del terrorismo, consiguió que ETA declarara su cese definitivo el 20 de octubre de 2011, este jueves hace cinco años.

La declaración de ETA fue acogida con mucho escepticismo y numerosos reproches desde muchas tribunas capitalinas al Gobierno socialista, al que se acusó de ceder al chantaje terrorista, de dar alas al independentismo vasco y traicionar a las víctimas del terrorismo. Pero, pese a tan sombríos augurios, es un hecho que el terrorismo ha desaparecido en sus principales vertientes: atentados, extorsión y kale borroka.

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Sin embargo, cinco años después, quedan algunas interrogantes por despejar.  ¿Por qué ETA no se ha desarmado ni disuelto? ETA sigue esperando que el Gobierno verifique su desarme —de varios centenares de fusiles y pistolas— para que la historia contemple que lo hizo voluntariamente. El Gobierno de Mariano Rajoy, que tomó posesión a los dos meses del cese definitivo de ETA, se niega porque quiere escenificar su derrota policial con la desarticulación de zulos de armas y la detención de esas pocas decenas de etarras, que bien cabrían en un microbús ya en la etapa socialista, como recordaba Martín Alonso.

Este jueves hace cinco años se escenificó lo decisivo: la derrota política de ETA cuando cesó definitivamente sin lograr ninguno de sus objetivos políticos. En este aniversario, y ante esta absurda parálisis, los partidos vascos —a excepción de Bildu— urgen a ETA a que avance hacia el desarme unilateral pues el Gobierno no va a aceptar su verificación bilateral, aunque dirigentes de Bildu se fotografíen con los de las FARC, de Colombia, para poner en evidencia a Rajoy. Lo máximo que pueden esperar es que el Ejecutivo vasco acompañe a ETA en la verificación de su desarme, con alguna instancia internacional, con la condición de que asuma su unilateralidad.

Mayor alcance tiene la parálisis de la política penitenciaria del Ministerio del Interior, gobernado por Jorge Fernández estos cinco años, que afecta a los 300 presos de ETA en España, amparado en la tesis de que solo la cambiará cuando la banda se disuelva.

Los partidos vascos —excepto el PP— no ponen condiciones a la exigencia de una humanización de la política penitenciaria, que estará muy presente en la próxima legislatura vasca. Consiste en el acercamiento de los presos de ETA a cárceles próximas a Euskadi y en la excarcelación de los gravemente enfermos. “Tras cinco años sin terrorismo y cuando se ve que la paz es irreversible, no se puede seguir tratando a los presos de ETA como cuando la banda terrorista actuaba. Hay que acomodar la política penitenciaria a la normalidad”, coinciden dirigentes del PNV, PSE y Podemos.

Además, el relanzamiento del proceso de reinserción de los presos de ETA, continuista de la llamada vía Nanclares, tras paralizarlo Fernández a su entrada en el Gobierno hace casi cinco años, también suscita la práctica unanimidad en los partidos vascos. El Ejecutivo de Euskadi tiene preparado un decreto con un recorrido legal para relanzarla: acogida individual de los presos etarras a la reinserción a través de un proceso de distanciamiento crítico del terrorismo; evaluación del proceso por una comisión de expertos elegida por las instituciones vascas, que emitirán sus dictámenes a las instituciones penitenciarias del Estado. Se completa con medidas asistenciales a los presos reinsertados y excarcelados.

Con la activación de esta política, el Gobierno vasco pretende generar un clima favorable para que los presos etarras venzan su recelo a asumir la legalidad penitenciaria y acogerse a medidas individuales como les demandan desde Bildu. Los programas de los cuatro principales partidos vascos avalan el compromiso del nuevo Parlamento con la exigencia del cambio en la política penitenciaria. Además, al no contar el PP con mayoría absoluta en el Congreso, se abre la oportunidad, inexistente en la legislatura anterior, de imponerla por mayoría. El PNV, a su vez, aprovechará el capital de sus cinco diputados en el Congreso —con un Gobierno del PP en minoría— para lograr contrapartidas. En ese paquete está la nueva política penitenciaria, que le reclamó el lehendakari Iñigo Urkullu a Rajoy en la pasada legislatura.

El tercer gran capítulo pendiente es el reconocimiento del daño injusto causado por el terrorismo de ETA para lograr un mínimo de memoria compartida entre los partidos vascos y mejorar la convivencia en Euskadi. Su principal responsable es Bildu. Todos los partidos se lo exigen y el PNV se lo ha impuesto como condición para lograr acuerdos en la nueva legislatura vasca. Esta exigencia se ha reforzado tras conocerse que los dirigentes de las FARC, de Colombia, lo primero que hicieron, tras firmar la paz, fue pedir perdón a las víctimas. A Bildu, que se mira en el espejo de las FARC, le ha afectado esta medida y existe confianza en los partidos vascos de que esta legislatura asuma su complicidad en el injusto daño infligido por ETA.