El fiscal pide 1,3 años para Matas por el proyecto fallido de la ópera de Calatrava

Suma y sigue para el expresidente de Baleares Jaume Matas. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un nuevo escrito de acusación en el que pide 1,3 años de cárcel para el exministro del Gobierno Aznar por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en el intento de construcción de un palacio de la ópera en la bahía de Palma. El fiscal Pedro Horrach solicita además una multa de 120.000 euros en esta pieza del caso Palma Arena, que terminó con el cese del director general de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, que ejerce la acusación particular en esta causa y pidió el sobreseimiento de esta acusación para Matas.

El fiscal acusa a Matas de decidir "de forma unilateral" la presentación de un proyecto para construir un palacio de la ópera en la bahía de Palma durante la campaña de las autonómicas de 2007, con el objetivo de "dar un golpe de efecto" y favorecer sus intereses como candidato a la presidencia del Gobierno regional. Según el fiscal, Matas sabía de la imposibilidad "material y económica" del proyecto, sobre el que no había ningún estudio económico ni de ubicación, ya que pretendía construirlo en una zona cuya titularidad no es de la Comunidad Autónoma.

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El fiscal relata que Matas se puso en contacto con el arquitecto Santiago Calatrava, a quien expuso sus intenciones cerrando un acuerdo verbal. El arquitecto valenciano se comprometió a presentar un anteproyecto, un vídeo y dos maquetas de un edificio para albergar la ópera "en un proyecto irrealizable que incluía la remodelación de toda la bahía de Palma". El precio de estos trabajos se cerró finalmente en 1,2 millones de euros.

En este punto y según el fiscal, Matas se aprovechó de su ascendencia sobre el entonces consejero de educación y Cultura, Francesc Fiol, para que fuera este quien lanzase la idea de construir el palacio de la ópera durante una de las reuniones semanales del Consejo de Gobierno. Allí el Gobierno en pleno aprobó disponer de un organismo dependiente de la Consejería de Cultura de cinco millones de euros para llevar a cabo el anteproyecto de la ópera.

Horrach afirma en su escrito que los acuerdos adoptados por orden directa de Matas pretendían aparentar la existencia de un interés público "bajo la falsa pretensión de ordenar la bahía de Palma" y dotar de un aspecto de legalidad la futura contratación de Calatrava, evitando de forma deliberada los procedimientos legales para encargarle los trabajos. Finalmente, el 20 de abril de 2007 se inició el proceso de contratación y el 24 de abril se cerró el acuerdo con Calatrava. El día 27 de ese mes se anunció públicamente que el arquitecto valenciano llevaría a cabo los trabajos, que serían presentados cinco días después. Para el fiscal, es "materialmente imposible" que en cuatro días el arquitecto redactase el proyecto y construyera las maquetas, sin un solo informe o análisis sobre la viabilidad del proyecto.

Ante el anuncio de Matas de presentar la iniciativa en plena campaña electoral, el PSOE de las islas recurrió a la Junta Electoral que ordenó suspender el acto de presentación del proyecto. A pesar de ello, el Gobierno regional pagó varias facturas por los gastos previos de esa presentación que no se hizo, así como tres facturas por valor de 1,2 millones de euros libradas por Calatrava.

La Abogacía estudia un replanteamiento

La Abogacía de la Comunidad, personada en este caso como acusación particular, presentó un escrito ante el juez de instrucción José Castro en el que solicitaba el archivo de esta pieza para Matas. Una decisión polémica que no sentó bien a los socios de MES y Podemos en el Gobierno de Armengol y que terminó con el cese del director general de los servicios jurídicos, Lluis Segura.

Hoy la portavoz del Ejecutivo, Pilar Costa, ha instado a la Abogacía a estudiar el escrito del fiscal para considerar la posibilidad de volver a personarse como acusación en esta pieza "si lo permiten las circunstancias técnicas". "Desde el punto de vista político mantenemos que se debe llegar hasta el final en los casos de corrupción" ha dicho Costa, quien ha insistido en que si ven el más mínimo indicio para poder adherirse al escrito del fiscal, lo harán.