El caos se apodera del PSOE ante un escenario inédito en su historia
Sánchez se reúne con los componentes de la dirección afines a él para convocar un comité federal
La renuncia de 17 miembros de la ejecutiva del PSOE para forzar una gestora y la insistencia del secretario general en celebrar un congreso con primarias entre la militancia coloca a los socialistas en un terreno ignoto. La incertidumbre marcará los próximos pasos de los dos bandos en que se ha fracturado el partido. Sánchez se reunirá hoy con los componentes de la dirección afines a él con la intención de convocar un comité federal, que a su vez decidiría un congreso. Los críticos, que reclamaron el dictamen de la comisión federal de ética y garantías, entienden que la ejecutiva ya no está legitimada y que la reunión sería ilegal.
La opción de Javier Fernández si se crea una gestora
El presidente de Asturias, Javier Fernández, mantiene en el seno del PSOE la condición, incluso entre sus opuestos, de referente moral y guardián de las esencias del partido. Sus intervenciones en los mítines de las dos últimas campañas generales fueron de las más celebradas. El respeto que despierta en los territorios le otorga muchas opciones de ser el presidente de una gestora si los críticos a Pedro Sánchez se terminan imponiendo.
La intención de los críticos es conseguir que el comité federal del sábado designe la gestora. Fernández no ha escondido durante sus intervenciones en anteriores reuniones su deseo de que haya Gobierno y su rechazo a intentarlo con Podemos, partido con el que no mantiene una relación cómoda en Asturias.
A dos días del comité federal, no está claro quién va a conducir el proceso posterior a la dimisión, ayer, de la mayoría de la dirección del PSOE. En principio, el comité federal es el responsable, pero sus cerca de 300 miembros no pueden actuar como un órgano de gestión diaria sino que debería formarse una gestora o una comisión para organizar un congreso extraordinario. Para los críticos no hay duda de que la ejecutiva se extingue y todos sus miembros pierden la condición de dirigentes del PSOE; entre ellos, su secretario general. La dirección de Sánchez no lo interpreta así y defiende que la ejecutiva sigue siendo legal, pero está en funciones.
El secretario de Organización del partido, César Luena, insistió ayer en que la renuncia de la mitad más uno de la ejecutiva, prevista en los estatutos federales, solo supone que el comité federal debe convocar un congreso extraordinario para elegir una nueva dirección. En cambio, Antonio Pradas, secretario de Política Federal —hasta que ayer dimitió— y afín a la presidenta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, resaltó que con 20 vacantes en la ejecutiva se cumplió uno de los requisitos para disolver la dirección. Pradas solicitó la intervención de la comisión de ética y garantías, ante la que los críticos presentaron un escrito tras la negativa de Sánchez y sus fieles a dejar sus cargos.
La comisión de ética
La comisión federal de ética, formada por un presidente, el secretario y tres vocales elegidos en el congreso federal, garantiza “los derechos reconocidos en los estatutos a militantes individuales y colectivos mediante la resolución de los recursos establecidos reglamentariamente”. El órgano ejerce sus funciones “con libertad, autoridad e independencia”, según el reglamento. Sus decisiones “no admitirán recurso alguno”. En cualquier caso, el comité federal se celebrará el sábado. La presidenta de su mesa, la andaluza Verónica Pérez, es una persona de la máxima confianza de Díaz. Su función se centra en ordenar los debates en ese órgano.
Los estatutos del PSOE no recogen de forma expresa que, en caso de que la mayoría de la ejecutiva presente su dimisión, se nombre una gestora. Las normas tampoco dejan claro si el hecho de que pase a estar vacante más de la mitad de la ejecutiva supone el cese automático del secretario general y el resto de los miembros.
La normativa reguladora de la estructura y funcionamiento del partido sí deja claro en su artículo 68 y siguientes que eso es lo que ocurre cuando dimite más de la mitad de los miembros de una comisión ejecutiva regional. En esos casos, la ejecutiva federal puede “suspender de sus funciones al órgano ejecutivo” y esa suspensión “comportará la designación de una comisión gestora”, de mutuo acuerdo entre la comisión ejecutiva federal y la regional.
El sector crítico cita, como precedente de los pasos que dieron ayer, la disolución de la ejecutiva de Ávila: se consideraron miembros de la dirección —para el cómputo de la mitad más uno— a todos los que fueron elegidos en el congreso, con independencia de incidencias posteriores. Trasladado al caso de ayer, al haber ya en la ejecutiva federal tres vacantes, sólo serían necesarias 17 dimisiones para alcanzar las 20 vacantes (la mitad más uno del total).
Pero, en el caso de la dirección federal del partido, la situación no está clara. En los estatutos no se habla de gestora y, aunque tampoco hay regulación para su nombramiento, sí hay un precedente, en 2000, cuando Joaquín Almunia presentó su dimisión. Entonces, los líderes territoriales, en un comité federal, consensuaron una gestora de 15 miembros de distintos sectores, presidida por Manuel Chaves. No hay otro precedente en la historia reciente del PSOE salvo ese, en el que no hubo conflicto porque fue una dimisión voluntaria. La gestora pactada por todas las federaciones condujo a un congreso en el que fue elegido José Luis Rodríguez Zapatero.
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