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El líder del PSOE, Pedro Sánchez, se considera con plenas capacidades para seguir al frente del partido pese a que 17 miembros de su ejecutiva —que junto con tres bajas preexistentes suponen la mitad más uno de los integrantes del órgano directivo de la formación— presentaron este miércoles su renuncia. Este hecho debe desencadenar la dimisión de toda la ejecutiva para que el comité federal conduzca al partido a un congreso extraordinario que dirima el liderazgo. Sánchez opina que, pese a las dimisiones, sigue siendo secretario general y pretende convocar este jueves a los miembros de la ejecutiva que le apoyan y reunir el sábado al comité federal para dar paso a un congreso extraordinario. Los críticos consideran que Sánchez falsea los estatutos para aferrarse al cargo. No hay solución ni transacción posibles.

La guerra abierta por Pedro Sánchez el pasado lunes, al convocar por sorpresa un congreso con primarias para elegir al nuevo secretario general, ha tenido como respuesta de los críticos la dimisión de la mitad más uno de los miembros de la ejecutiva federal para propiciar la disolución de toda la ejecutiva y, por tanto, la caída también de su secretario general. Así lo establece el artículo 36 de los estatutos que, sin embargo, al no decir expresamente que toda la ejecutiva debe dimitir y tampoco mencionar al secretario general, Sánchez no se da por enterado. Es más, ha cogido el guante que le han lanzado sus críticos para precipitar incluso sus planes de presentarse cuanto antes ante la militancia para que voten al nuevo secretario general entre los aspirantes que lo deseen.

En una tarde de máxima tensión en la sede federal del PSOE, el equipo más directo de Sánchez estudió con lupa el escrito que sobre las cinco de la tarde entregó Antonio Pradas, secretario de política federal y persona de confianza de Susana Díaz, presidenta de Andalucía. Pradas, acompañado por Eva Matarín, otro miembro de la ejecutiva, entregó a un técnico de la secretaría de organización el documento con el nombre de los 17 dimitidos.

El artículo 36

El texto invocaba el citado artículo 36, que fija entre las competencias del comité federal “cubrir las vacantes que se produzcan en la comisión ejecutiva federal y comisión federal de ética y garantías. Cuando las vacantes en la comisión ejecutiva federal afecten a la secretaría general, o a la mitad más uno de sus miembros, el comité federal deberá convocar congreso extraordinario para la elección de una nueva comisión ejecutiva federal”. Este mismo texto es interpretado de manera radicalmente diferente por los partidarios de Sánchez y por los críticos. Todos están de acuerdo en que esas dimisiones llevan a que un comité federal convoque un congreso. Sin embargo, para Sánchez eso no equivale a que también tengan que dimitir el secretario general y los ejecutivos que quedan. Esta reacción expresada por César Luena, secretario de Organización, desde la sede de Ferraz, fue seguida con estupor por los que se oponen a Sánchez. Los precedentes a nivel provincial y regional no dejan duda respecto a que las dimisiones de la mitad más uno de la ejecutiva acaban con toda ella, algo que resaltó inmediatamente después Pradas, quien dos horas antes había presentado las firmas de dimisión.

A medida que avanzaba la tarde, los críticos reunían argumentos a favor de su tesis extraídos del propio reglamento de funcionamiento de la comisión ejecutiva federal. En su artículo 6 deja claro que no podrá actuar si faltan la mitad más uno de sus componentes. “El pleno de la comisión ejecutiva federal se entiende debidamente constituido cuando estén presentes la mitad más uno de sus miembros”. Con esta literalidad sí parece del todo claro que el paso que este miércoles mismo dio Sánchez no se sustenta en la legalidad, al convocar a la ejecutiva cuando le faltan 20 miembros (los 17 dimitidos y las tres bajas anteriores, una por el fallecimiento de Pedro Zerolo), es decir, la mitad más uno de los 38 miembros de la Ejecutiva que salieron del último Congreso.

Sin embargo, el secretario general pretende reunir hoy mismo a los miembros de su ejecutiva a los que convocó anoche, descontados ya los 17 que han presentado su dimisión. Entre tanto ha llamado a la militancia “en estos momentos difíciles e inéditos” para que mantengan “la serenidad”.

Un precedente en Ávila

Los críticos aportaron además otros argumentos en contra de la interpretación de Sánchez de quedarse en Ferraz con una resolución de la propia ejecutiva federal de enero de 2014. La comisión provincial de Ávila se vio afectada por la dimisión de la mitad más uno de sus miembros: “Por tanto se formará una comisión gestora”, decía la resolución. Además, la ejecutiva federal dejaba sin funciones desde ese momento a la dirección provincial: “Por la presente procedemos a la suspensión cautelar de esa ejecutiva”. Recuerdan además que en 2000 Joaquín Almunia presentó su dimisión de la secretaría general y dio lugar a la formación de una gestora y a la convocatoria de un congreso de donde salió elegido José Luis Rodríguez Zapatero. A los oficialistas no les sirve ese proceso como referencia ya que consideran que esa sustitución fue fruto de un pacto político, en el que representantes de todas las sensibilidades formaron una gestora presidida por Manuel Chaves, que condujo al congreso. Todo fue pacífico.

La situación actual nada tiene que ver con aquel precedente sino que todo apunta a que la resistencia de Sánchez a dimitir llevará a procedimientos excepcionales que aún anoche estaban por decidir.

Tanto de las declaraciones de Luena como de las manifestaciones de Pradas se desprende que ningún contendiente contempla la rendición ni tampoco la transacción. Desde hace días el sector oficialista estaba preparado para hacer frente a una iniciativa de esa naturaleza por lo que se habían preparado para negar su validez. La literalidad de los estatutos les hace aferrarse a que en ningún sitio está escrito que el secretario general tenga que dimitir.

“Algunos y algunas [líderes territoriales] han instigado estas dimisiones para evitar un congreso y que no hablen los militantes, con la intención de que haya una gestora, sin explicar apoyos o alianzas fuera del partido. Es un acto muy grave. Hoy se ha querido torcer la legitimidad de los órganos del PSOE”, manifestó Luena. “Nosotros vamos a defender siempre la democracia y el voto de los militantes. En el PSOE se tiene que tener el apoyo de los militantes. La fuerza de los militantes es imparable”, añadió el número dos de Sánchez.