La juez procesa al PP por destruir los ordenadores de Bárcenas

La juez de Madrid Rosa Freire procesó este martes al PP como persona jurídica por la destrucción, en el año 2013, de los discos duros de los ordenadores que el extesorero Luis Bárcenas utilizaba en la sede nacional del partido. La eliminación de estos dispositivos afectó a la investigación de la Audiencia Nacional sobre la caja b de la formación conservadora. La magistrada propone juzgar por encubrimiento y daños a la actual tesorera, Carmen Navarro; al abogado Alberto Durán y al informático que formateó los discos hasta 35 veces antes de rayarlos. El partido ha anunciado que recurrirá la decisión judicial.

La titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid dio un nuevo disgusto al PP en plena semana de consultas con el Rey para la investidura del presidente del Gobierno. La magistrada cierra la investigación sobre la destrucción de los discos duros de los ordenadores portátiles del extesorero popular Luis Bárcenas y, contra el criterio de la fiscalía, da el paso al procedimiento abreviado, trámite equivalente al procesamiento. La magistrada pone así al borde del banquillo tanto al partido como persona jurídica como a los supuestos responsables directos de la inutilización de estas posibles pruebas de la caja b de Génova 13.

La juez considera que Alberto Durán Ruiz de Huidobro, responsable de los servicios jurídicos del PP, fue quien alrededor de mayo de 2013, cuatro meses después de la expulsión de Bárcenas del partido, dio la orden al informático José Manuel Moreno de “aplicar los protocolos de seguridad y reasignación de los ordenadores” que usaba el extesorero. Bajo este tecnicismo, entiende la juez, se escondía la “destrucción a conciencia” de la información de los ordenadores. Esta se hizo “mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobreescritura de 35 pasadas y rallado hasta su destrucción física”, relata.

Las computadoras se encontraban bajo llave en una sala que el PP había dispuesto para uso exclusivo de Bárcenas —así como una secretaria, un chófer y un sueldo de 21.300 euros al mes— después de que este dimitiera de los cargos de tesorero y senador en abril de 2010 tras ser imputado en el caso Gürtel de corrupción. Tras su expulsión del partido, en enero de 2013, después de que EL PAÍS publicara los 14 folios manuscritos de su contabilidad secreta, Bárcenas inició un pleito para recuperar los dos ordenadores, un Apple y un Toshiba.

Mientras el PP y el antiguo responsable de sus finanzas se enfrentaban en los tribunales por la propiedad de los ordenadores, el informático completaba su meticulosa labor destructora, que no terminó hasta el 3 de julio de 2013, una semana después de que Bárcenas ingresara en prisión por el caso Gürtel. En agosto, el juez Pablo Ruz, entonces en la Audiencia Nacional, reclamó al PP las computadoras de Bárcenas, necesarias para la investigación de la pieza separada sobre la caja b del partido. El magistrado recibió el Toshiba sin disco duro y el Apple con el disco en blanco y “evidencias de manipulación”. Ruz, muy molesto con los obstáculos a la investigación que le colocaba el PP, envió la causa por posible destrucción de pruebas a los juzgados de Madrid.

La causa sobre el borrado de los ordenadores se extravió durante más de un año en la Audiencia Provincial de Madrid después de que la primera juez que lo instruyó, Maria Esperanza Collazos, le diera carpetazo sin haber practicado ni una sola prueba.

Su sucesora, Rosa Freire, retomó la investigación el pasado enero. Tras realizar varios interrogatorios y pruebas periciales, la magistrada concluye que al destruir los discos los procesados buscaban “impedir que datos importantes relativos a la contabilidad paralela” y sobre “otros extremos” de Bárcenas acabaran en manos del juez Pablo Ruz. Esta información "podía resultar muy relevante", no solo para Bárcenas "sino para la investigación" sobre los papeles de Bárcenas, considera la magistrada.

Según declaró Bárcenas en el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, en el ordenador Toshiba había información sobre la contabilidad opaca del PP que ya había aportado al juez Ruz en un pen drive el 15 de julio de 2013, tres semanas después de ingresar en prisión provisional. En el Apple, que no pudo ser recuperado, había información diversa: pantallazos de correos electrónicos con su secretaria, agendas con reuniones con Álvaro Lapuerta y donantes del partido, escaneados de recibís de pagos firmados, hojas Excel con presupuestos de campañas electorales o información sobre su patrimonio y cuentas en Suiza.

La magistrada afirma que tanto el abogado Durán como la tesorera Navarro "acordaron la destrucción física de los discos duros" con "aplicación de técnicas drásticas". Navarro, persona cercana a la secretaria general del PP Dolores de Cospedal, “permitió de forma expresa o tácita que su subordinado Moreno” eliminase los discos duros pese a que “conocía sobradamente las circunstancias del apoderamiento y custodia de los ordenadores portátiles del señor Bárcenas” y “la disputa jurídica en torno a los mismos”. El informático Moreno, que supuestamente formateó los computadores una treintena de veces, ejecutó la orden “pese a no estar jerárquicamente obligado a ello”. Al PP se le procesa por “no haber establecido un modelo de organización y gestión adecuado para impedir la comisión de este delito”.

La juez Freire recuerda en su auto dos aspectos relevantes: el primero es que no hay todavía una resolución firme que otorgue al PP la propiedad de los ordenadores Apple y Toshiba que usaba Bárcenas en Génova 13. El segundo es que "no ha resultado acreditado" que dichos ordenadores estuviesen vacíos cuando se les sometió al proceso de eliminación, como sostiene el PP. Es más, para la magistrada resulta relevante que Bárcenas adoptó en la sede nacional del partido medidas de seguridad para proteger las dos computadoras. Según la juez, el relato de Bárcenas es "coherente, firme e incluso meticuloso".