La tensión del CIE de Barcelona desata quejas en más centros de España

El pulso que mantienen la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, por cerrar definitivamente —la primera— o reabrir —el segundo— el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la ciudad se extiende a otros puntos de España. El principal sindicato policial, SUP, expresa la desesperación de los agentes que custodian los centros por paliar las deficiencias que sufren en sitios como Algeciras, Tarifa, Canarias o Valencia.

Ubicados en antiguos cuarteles, en islas o en viejas cárceles, los Centros de Internamiento de Extranjeros son un foco constante de problemas. La custodia de los mismos, realizada principalmente por la policía, consume enormes recursos económicos y humanos y nunca parece suficiente.

“No solo tendrían que cerrar el CIE de Barcelona, tendrían que cerrarlos todos”, dice tajante Roberto Villena, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Valencia. “Lo que no se puede hacer es aprobar leyes y no dotarlas de recursos”, argumenta.

El Ministerio del Interior admitió en octubre de 2015 que incumple el reglamento de los CIE por “las necesidades económicas, presupuestarias y de personal que exige”. Y pidió un dictamen a la Abogacía del Estado en respuesta a un auto emitido por la juez Victoria Rosell, titular del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas, y el juez de control del CIE de Barranco Seco, en Gran Canaria. En España hay ocho centros de internamiento de extranjeros, para alojar a ciudadanos de terceros países en trámites de expulsión.

El relato de Villena se ha vuelto amargo con los años, y es un compendio de ejemplos para mostrar la inviabilidad de un centro “de módulos prefabricados entre las ruinas de un cuartel” cuya construcción y vigilancia “se come todo el presupuesto de Valencia para mantenimiento de edificios policiales”. “Hay comisarías que llevan años sin aire acondicionado y sin pintar”, señala. El CIE tiene capacidad para 120 personas, pero “la ocupación media es de 70, porque hay conducciones constantes” —traslados de internos a Málaga y Almería para embarcarlos hacia Marruecos—. “No son extranjeros indocumentados. El 80% son delincuentes con antecedentes penales, que precisamente por eso están ahí. Son presos, pero el centro no está equipado como una prisión”, dice.

Algo parecido ocurre en Algeciras, según el portavoz del SUP en Cádiz. El CIE es una antigua cárcel, “con sitios de uso vetado por no estar acondicionados y con equipamientos antediluvianos”, sostiene. Junto al de Tarifa, suman casi 200 internos, custodiados por ocho policías. Según el SUP, la falta de medios ha llevado a que “los propios agentes se encarguen de conseguirles ropa de recambio”.