El reo que estuvo preso sin pruebas dos años pide diez millones de euros

Un cúmulo de errores judiciales en España ha fastidiado la vida al ciudadano ruso residente en Estados Unidos Sergii I, quien ha pedido al Estado español que le resarza con 10 millones de euros por los perjuicios que ha sufrido: pérdida de dos trabajos y cinco años sin poder salir de España, dos de ellos encerrado en la cárcel, pese a que acabó absuelto. El Consejo del Poder Judicial entiende que el proceso al que se enfrentó, que duró 15 años, fue muy irregular, con fuertes dilaciones, y avala que sea indemnizado, aunque no por la cantidad de dinero que reclama.

La pesadilla de Sergeii empezó cuando se disponía a jurar bandera en EE UU, donde había conseguido un permiso de residencia, para ingresar en las fuerzas militares de la OTAN. Pero Interpol le detuvo. Su nombre estaba bajo alerta roja (asesinato). Era uno de los dos sospechosos del sádico asesinato de dos ciudadanos alemanes residentes en una urbanización del término municipal de Requena (Valencia), ocurridos en enero de 1997. Al ver la alerta, EE UU lo encerró en la cárcel durante dos meses hasta que lo extraditó a España el 16 de agosto de 2008. Los seguía buscando la justicia por sendos crímenes y ya habían pasado once años desde la muerte del hombre de 63 años y su jardinero, de 23. Aparecieron cosidos a cuchilladas en el chalé familiar, cerca de Requena. El robo pudo ser el móvil. Y algunos testimonios le implicaban en los hechos junto a otro ciudadano ruso llamado Vasile P, de 23 años.

Nada más llegar escoltado y extraditado a Valencia desde EE. UU., Sergii ingresó en prisión. Estuvo dos años preso y otros dos más en libertad provisional, sin poder salir de Valencia, hasta que llegase el juicio. Este se celebró finalmente, con un jurado popular, el 28 de mayo de 2012 en la Audiencia Provincial de la capital del Turia. Sin embargo, todo fue en vano. El juez que presidía la vista decidió disolver el jurado y absolverle de ambos asesinatos tras confesarle el fiscal que no disponía de “absolutamente ninguna prueba contra él”. Las supuestas pruebas del doble crimen habían sido destruidas años antes por orden de la Audiencia de Valencia y del juzgado de Requena que empezó a investigar los crímenes en 1997, y todo ello con la aquiescencia de la fiscalía.

Considera el Poder Judicial que el juez que celebró el juicio tuvo que disolver el jurado al ver que “no había prueba de cargo alguna” y lamenta que el proceso durase 15 años con un resultado, además, absolutorio.

Las pruebas fueron destruidas luego de otro juicio celebrado también en la Audiencia de Valencia contra el otro sospecho, Vasile P., a quien el jurado absolvió por falta de pruebas de los 45 años de prisión que le pedía el fiscal. El juicio contra Vasile, que también fue extraditado desde Suiza, se celebró años antes que el de Sergeii. En esa sentencia, expone Sergii en su reclamación, ya se decía que no había pruebas ni contra Vasile P. ni contra él. Aun así, la orden de búsqueda y captura siguió vigente. La alerta de Interpol se produjo cuando Sergeii facilitó sus datos para entrar en el Ejército de la OTAN. Sergeii destaca que no se opuso a la extradición desde EE. UU porque le prometieron que tendría "un juicio rápido” en España. “Durante los dos años que estuve preso, no fui tratado como un preso preventivo: estuve con etarras y llegué a temer por mi vida en la cárcel”, señaló a su abogado.

En el juicio, el fiscal indicó que los hechos ya habían sido juzgados (el otro sospechoso había sido absuelto con anterioridad, también por falta de pruebas). Aun así, el juicio, solo contra Sergii, se celebró hasta que, después de prestar testimonio una veintena de peritos y testigos, el fiscal soltó que no tenía “absolutamente ninguna prueba” contra él, y el juez decidió absolverle y disolver el jurado. Sergii sostiene en el escrito en que pide ser resarcido que la justicia española vulneró sus derechos fundamentales y que era inocente y se cometió con él un error judicial.

El Consejo del Poder Judicial, a instancias del Ministerio de Justicia, tiene la obligación de analizar este tipo de casos y emitir un informe, no vinculante, indicando si procede o no la indemnización. Pero, cuando se trata de errores judiciales, no entra a valorar. Declarar un error judicial solo compete a los propios tribunales de justicia. El Consejo sí entró, en cambio, en si hubo o no un anormal funcionamiento de la Administración de Justicia (por ejemplo, las dilaciones indebidas en el proceso). Su misión tampoco es fijar el importe de la indemnización, que compete a Justicia o, en caso de error judicial, a los tribunales.

Las pruebas del doble asesinato habían sido destruidas por orden judicial, tras un juicio contra otro sospechoso que también acabó absuelto

En el caso de Sergii, el Poder Judicial sí ha observado dilaciones indebidas. “La instrucción del caso comenzó en 1997 y no se dictó sentencia hasta 2012 (…) y estuvo preso desde el 18 de agosto de 2008 hasta el 14 de septiembre de 2010” . Considera el Poder Judicial que incluso el juez que celebró el juicio tuvo que disolver el jurado al entender que “no había prueba de cargo alguna” que elevarle y el proceso duró excesivamente con un resultado, además, absolutorio.