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CIUDADANOS

Ciudadanos gana el primer juicio por la demanda de un cargo expulsado

El partido, al que sus críticos amenazan con demandas por los cientos de bajas de afiliados, echó a un afiliado canario por usar expresiones difamatorias en un chat

Fran Hervías, en una imagen de archivo. Ampliar foto
Fran Hervías, en una imagen de archivo.

Ciudadanos ha ganado el primer juicio por la demanda de un cargo expulsado por emplear en un chat privado expresiones que el partido consideró como difamatorias, según la sentencia a la que ha tenido acceso EL PAÍS. La formación emergente, que ha dado de baja a cientos de afiliados en el último año, se enfrenta a una posible cadena de demandas, según han asegurado en las redes sociales distintos integrantes del sector crítico del partido. Sin embargo, varias de estas denuncias contra expulsiones no han sido admitidas, según confirmó este diario con fuentes jurídicas, y la sentencia del juzgado de primera instancia número nueve de Santa Cruz de Tenerife puede marcar el camino de cualquier nuevo juicio. El fallo es recurrible.

En mayo, Fran Hervías, secretario de organización y diputado nacional; y Carlos Carrizosa, diputado autonómico; tuvieron que declarar como testigos de la acusación en el primer juicio civil por la expulsión de un afiliado de Ciudadanos. El demandante, que según la versión de la dirección de Ciudadanos fue expulsado por proferir expresiones difamatorias en un chat, pidió la readmisión, y argumentó su derecho a la libertad de expresión y que el partido había accedido a esas conversaciones de manera ilegal. El juez ha desestimado su demanda, puesto que fueron integrantes de ese chat quienes pusieron las conversaciones en conocimiento del partido, y además le ha condenado al pago de las costas.

No es la única expulsión en Ciudadanos basada en el empleo de expresiones malsonantes o contrarias a las decisiones de la dirección en chats de afiliados. El despacho de abogados que representa a la plataforma de críticos de Ciudadanos trabaja en demandas de ese tipo. Sin embargo, la sentencia de Tenerife señala lo difícil que será su camino judicial.

El juicio también es un reflejo de la agitada vida interna del partido. La formación emergente ha expulsado o dejado de validar tras los primeros seis meses de prueba cientos de afiliaciones por no cumplir con su reglamento interno, sus criterios de selección o la política de pactos de la dirección. Más de 50 concejales han dejado de poder llevar sus siglas desde mayo de 2015. Y la decisión de no repetir las primarias para formalizar las listas electorales del 26-J provocó fuertes tensiones en las bases, especialmente en Galicia, donde la Ejecutiva ordenó que no repitiera Antonio Rodríguez, exdiputado por A Coruña.