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La Junta andaluza reclama 90 millones a las empresas por el fraude en la formación

El Gobierno autonómico exige a las firmas 141 millones, pero 51 están en alegaciones

El consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, José Sánchez Maldonado.
El consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, José Sánchez Maldonado.

La Junta de Andalucía reclama 90 millones de euros a mil empresarios que concedieron cursos de formación subvencionados entre 2002 y 2012. Es la cifra de reintegro que el Gobierno autonómico fija de momento en el fraude, aunque la suma total asciende a 141 millones, de los cuales 51 millones están en periodo de alegaciones por parte de las compañías. Del total de los casi 3.000 millones invertidos en formación durante una década, ahora la Junta reclama un 3%.

El expresidente de la Junta Manuel Chaves minimizó el fraude el lunes en la comisión de investigación del Parlamento andaluz y lo calificó de "muy pequeño". Este martes, el consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, ha dado las cifras que sitúan "las disfunciones" en los 90 millones, según el criterio de revisión del Gobierno autonómico.

La inversión total de la Junta en formación en la década de mayor inversión (2002-2012) asciende a 2.896 millones. Ahora una investigación interna del Ejecutivo autónomo, con un pequeño ejército de funcionarios, ha peinado los 18.023 expedientes que concedió en esa década y ha detectado irregularidades en 1.142 expedientes que ascienden a esos 90 millones reclamados en vía administrativa. Al margen de los 90 millones, hay otros 214 expedientes que ascienden a 51 millones que están pendiente de proceso de reintegro y en alegaciones.

La investigación completa atañe a 18.023 expedientes y 2.896 millones, de los cuales se han cerrado y liquidado 13.014 expedientes por 1.223 millones. De este modo, quedan vivos 5.009 expedientes, de los que 2.547 están verificados y de ellos, 1.191 expedientes por 846 millones están justificados correctamente.

Los diputados han interrogado al consejero sobre qué cantidades ha reclamado la Junta en vía judicial, pero Sánchez Maldonado no ha aclarado este dato. "Está claro que ha habido disfunciones, tenemos más de mil expedientes que tenemos que verificar. Estamos tratando de solventar los problemas", ha estimado. Esta semana la Junta recupera -tras cinco años de parón- la convocatoria de cursos de formación gracias a una partida de 141 millones.

Sánchez Maldonado ha descrito las anomalías como "deficiencias administrativas" que han tenido a la Junta "como única perjudicada". "En ninguna de las nueve comunidades que investigan la formación se ha cuestionado al Gobierno o se ha criminalizado la actuación de los funcionarios", se ha quejado.

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