La fiscalía admite que no cumplirán los plazos de revisión

La fiscalía admite que es imposible cumplir el plazo legal para revisar todas las causas penales para poder aplicar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El Consejo Fiscal, órgano de representación de la carrera, ha aprobado este miércoles por unanimidad un comunicado en el que asegura que será imposible revisar todas las causas antes del 6 de junio. La reunión la preside la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal.

El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó el año pasado una reforma legal que entró en vigor el 6 de diciembre para establecer un plazo máximo de seis meses para la instrucción de sumarios, con posibilidad de ampliarlo a 18 meses si se declara la causa compleja. Para aplicarlo era necesario que antes del 6 de junio, a los seis meses de la entrada en vigor de la norma se revisaran todas las causas abiertas. Según los cálculos, afectaba a medio millón de procedimientos.

El Consejo Fiscal, como antes las asociaciones de fiscales, asegura que es imposible cumplir esos plazos legales, como ya advirtieron antes de la entrada en vigor de la norma."La actual tesitura no permite a los fiscales asumir con seguridad la parcela de responsabilidad que les corresponde en la tramitación en plazo de los procedimientos penales", lamentan los fiscales en su comunicado, en el que califican de "difícil o imposible" el cumplimiento de la ley.

En su comunicado, los fiscales piden que se adopten las medidas “adecuadas para corregir” esta situación. Según fuentes presentes en la reunión de este jueves, los fiscales han debatido exigir al Gobierno que paralice la aplicación de este artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero se ha llegado a la conclusión de que con el Ejecutivo en funciones no hay mecanismos legales para hacerlo.

La reforma legal asegura que el mero transcurso de los plazos sin pedir la prórroga no supone el archivo de la causa, pero si es posible que puedan dejar de practicarse diligencias, lo que sí supone de hecho la paralización de los procesos. Además del medio millón de procedimientos acumulados, cada día sigue creciendo el número de causas que han de ser sometidos a la reforma legal.

Los fiscales en su pronunciamiento insisten también en que el problema ha surgido por la decisión de no dejar finalmente en manos del ministerio público la instrucción de los delitos, tal y como pensó el Gobierno durante el proceso de reforma de la ley. Además, señalan que las fiscalías no pueden conocer la situación real actual dado el “cambiante volumen” de asuntos pendientes en los juzgados, por lo que “no es posible asegurar con certeza” que el 6 de junio se hayan revisado todas las causas en tramitación, ni que se vaya a poder ejercer un control en el futuro para asegurar el cumplimiento de la ley sin perjudicar a la investigación de las causas.