“Le pagué 30.000 de una vez, en un sobre. Se lo llevé al Ayuntamiento”

-¿De estos 30.000 le pagó algo?

-Todo, todo. De una vez. En un sobre. Se lo llevé al Ayuntamiento.

Este pequeño diálogo se repite, obviamente con variaciones, a lo largo de las 13 horas de declaración de David Marjaliza, el presunto cerebro de la trama Púnica, ante el juez instructor del caso, Eloy Velasco. Este en concreto se refiere a Moraleja de Enmedio, un municipio al suroeste de Madrid de 5.000 habitantes, y a su entonces alcalde, Carlos Alberto Estrada, del PP.

Pero son decenas los ejemplos de mordidas y comisiones entregadas a alcaldes, concejales y asesores políticos para conseguir influir en la adjudicación de jugosos contratos de eficiencia energética para Cofely, la principal empresa de la trama Púnica. Velasco y las dos fiscales anticorrupción se toman su tiempo para repasar, municipio a municipio, el rastro del dinero. 

 "Siempre estaba pidiendo", asegura Marjaliza sobre el alcalde de Moraleja. Le pidió en concreto 30.000 euros a cambio de la adjudicación de un contrato de eficiencia energética que finalmente se llevó Cofely. Se los entregó en mano en el propio ayuntamiento, en billetes. Al juez Velasco le interesa saber si se pegó "el cambiazo" en los sobres con las propuestas de las empresas, a lo que Marjaliza contesta: "Podría ser. No lo descarto. Pero el cambio se ha hecho muy poco en los ayuntamientos". Como se ve en otras partes del interrogatorio, lo que hacía Cofely era redactar directamente los pliegos de los concursos que se iba a llevar. 

Estrada dimitió en agosto de 2015 como líder de la oposición municipal tras publicar EL PAÍS su participación en una red que se lucra con contenedores de ropa donada para los más necesitados. El PP permitió que se presentara a las últimas elecciones pese a estar investigado en la Púnica y haber sido imputado dos veces por corrupción el año pasado.

Parla

Marjaliza reconoce en su declaración un pago de 500.000 euros en efectivo a Antonio Borrego Fortea, jefe de gabinete del alcalde de Parla (José María Fraile) por el contrato a Cofely del servicio de eficiencia energética. “En teoría para el alcalde, para el partido. Se pagaba a razón de 50.000 euros cada mes o mes y medio, cuando iba pudiendo”, manifestó Marjaliza.

Desde que se produjo la adjudicación, se pagó en 12 o 15 meses, la mayoría de los pagos se hacían en su despacho y alguna vez él fue a Parla. “Era una cantidad a tanto alzado por el concurso y como yo tenía unas retribuciones era el 50% de mis retribuciones. Como máximo yo ofrecía hasta el 50% de mi beneficio, descontado el impuesto y lo demás”, explicó. Las mordidas las adelantaba el propio Marjaliza, según su declaración.

Torrejón de Velasco

Miguel Ángel López, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Parla, y exalcalde Torrejón de Velasco, municipio de la Comunidad de Madrid de 4.100 habitantes, cobró presuntamente comisiones de entre 20.000 a 30.000 euros, según la declaración de Marjaliza. El empresario arrepentido afirma que constituyó en una Sociedad de Gestión de Suelo para clasificar dos millones de metros cuadrados en Torrejón de Velasco por el que los grupos CMS, Dico, Vancuver y Larcobi pagaron más de un millón de euros.

“El alcalde (Miguel Ángel López) nos pidió muchas cosas para el Ayuntamiento: pagamos las fiestas, el concierto de Serrat y hasta el capitolio de la iglesia de 600.000 euros… A él no llegué a pagarle mucho porque el tema no avanzó… unos 20.000 o 30.000 euros. Tengo alguna factura porque él era abogado.. Se había comprometido a tramitarnos rápido la clasificación del suelo”. Según su testimonio la Comunidad de Madrid puso objeciones al proyecto y paralizó los planes del grupo.

Móstoles

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cree que Daniel Ortiz, diputado del PP en la Asamblea de Madrid y exalcalde de Móstoles, intermedió para que Cofely, la principal empresa de la trama Púnica, ganara un macrocontrato de alumbrado en Móstoles, una localidad de 200.000 habitantes al sur de Madrid. En un informe incorporado al sumario del caso Púnica recopila pruebas de cómo usó su cargo para influir en la adjudicación del contrato público de mayor cuantía de entre los que dieron a la red los municipios investigados en la causa.

La declaración de Marjaliza ante el juez que instruye el caso no lo corrobora. El conseguidor detalla ante Velasco y las fiscales anticorrupción que entró en Móstoles gracias a Mario Utrilla, exalcalde del PP de Sevilla la Nueva, que le presentó a su hermano Alejandro Utrilla, concejal de Móstoles. "Con él [Mario] habíamos pactado 40.000 euros por la gestión de presentar al hermano, pero solo le dimos 6.000", relata.

"Yo tengo dudas de que el alcalde estuviera implicado", dice Marjaliza ante el juez. No tenía claro que lo que le contaban los dos hermanos Utrilla fuera cierto. "Nunca tuvimos relación con nadie más, nunca pasamos de Alejandro", repite. Pese a ello, Cofely y Marjaliza, como intermediario, se comprometieron a pagar una mordida de 240.000 euros a cambio de las facilidades para obtener el contrato de alumbrado público, según el relato. 

Este concurso no siguió los patrones habituales (crear los pliegos de la licitación específicamente para facilitar que ganara Cofely), sino que hubo tramas a los competidores de forma que únicamente quedara una empresa. Durante el interrogatorio Velasco lo recuerda: "Al final encontraron una pega para excluir a Fulton [la otra empresa competidora]". Marjaliza asegura desconocer los detalles de esa licitación porque, dice, era Pedro [Pedro García, directivo de Cofely] el que llevaba la parte técnica.

Valdemoro

Marjaliza también explica al juez Velasco que pagó "más de 200.000 euros" a Alfredo Ovejero, jefe de gabinete del alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza Lechuga (PP), por la adjudicación de la gestión de los parquímetros del municipio. Se trata de uno de los pocos casos en los que no se habla de pelotazos urbanísticos o contratos de eficiencia energética.

En los pagos, añade a las preguntas de las fiscales, "estaría alguien más". "Entiendo que el alcalde, porque iba a algunas reuniones y comidas". El Ayuntamiento de esta localidad del sur de Madrid adjudicó en 2012 a Sacyr el control del estacionamiento regulado.

Collado Villalba

La trama Púnica operó también en este municipio madrileño. Durante el interrogatorio a Marjaliza, una de las fiscales pregunta por un intercambio de correos entre el jefe de operaciones de Cofely, José Antonio Hernández Pérez, y Pedro García, director de mercado público de la empresa. Hablan sobre una factura que están preparando para este Ayuntamiento. “El pedido lo tenemos que hacer exactamente por 76.440 euros, ¿verdad? Me voy inventando los conceptos”, escribe Hernández.

Entre la documentación de la trama los investigadores han encontrado la factura a la que se referían esos correos y Marjaliza explica al juez y las fiscales que “nunca” van a cuadrar los pagos con lo que aparece en los contratos realmente. “Yo los voy adelantando y luego los cuadramos como podemos en los contratos”, revela. Y en ocasiones, añade, las facturas no correspondan a ningún trabajo real.

En otro momento del interrogatorio, Marjaliza alude a un "acuerdo" al que llegó Pedro García en Collado Villalba, según el cual él adelantó 100.000 euros un año antes de que se celebrara el concurso. "Se lo di a Pedro. Entiendo que él se lo dio al alcalde", asegura. Sin embargo, él nunca tuvo tratos con el alcalde, según reconoce, sino que la operación se llevó a cabo a través de un "intermediario", Victor Manuel Ortega, director general de un periódico de la zona.