Fiscales ven imposible revisar todas las causas en el plazo legal

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) considera imposible cumplir el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que obligaba a revisar 539.543 causas penales antes del 6 de junio. Esta asociación ha pedido a la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, que incluya este asunto en la reunión del Consejo Fiscal del 18 de mayo y que haya un pronunciamiento admitiendo la imposibilidad material de cumplir el trámite.

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El Gobierno del PP impulsó una reforma legal que establece un plazo de seis meses para la instrucción de sumarios, prorrogables a 18 si se declaran como causas complejas. La ampliación del plazo debe ser solicitada por el fiscal y, por tanto, es necesario que el ministerio público revise las causas penales antes del 6 de junio, fecha en la que se cumplen seis meses de la entrada en vigor de la reforma legal.

Todas las asociaciones de jueces y de fiscales se opusieron a estos plazos y ya advirtieron de la imposibilidad de cumplirlos. Ahora, la polémica se recrudece al cumplirse el tiempo necesario para la revisión y, por eso, la UPF asegura que “no será posible revisar todos los procedimientos en trámite y asegurar un control efectivo de todas y cada una de las causas, por lo que inevitablemente habrá que afrontar en cada uno de estos casos las consecuencias procesales que procedan”. Los fiscales lo atribuyen a la falta de medios, por ejemplo, del nuevo sistema informático.

A finales del pasado abril, la Fiscalía General del Estado informaba de que aún quedaban por examinar 436.355 causas penales hasta el próximo 6 de junio de un total inicial de 539.543 sumarios. El 80,9% del trabajo de revisión estaba pendiente. Sin embargo, las asociaciones de fiscales, y la UPF en particular, desconfían de esa cifra. “Dependiendo de las fuentes de datos, el número de procedimientos a revisar variaba hasta en un arco de 200.000 causas”, subraya la asociación progresista en el escrito que ha elevado al Consejo Fiscal.

“En un sistema procesal como el que tenemos cualquier “foto fija” es una foto trucada o distorsionada, pues los procedimientos evolucionan, se sobreseen, se reabren o se inhiben, dando lugar a unos números y estadísticas difíciles de controlar”, añaden. Además, las cifras de carpetas que maneja la fiscalía no siempre coinciden con las que existen en los juzgados de Instrucción, y los fiscales afirman que el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia –antes secretarios judiciales- no les hace partícipes de la tramitación y control de los procedimientos, salvo en casos de “cercanía y relación personal” con los miembros del ministerio público.

“Hay una enorme diferencia entre justificar el cumplimiento de objetivos ante el Ministerio y garantizar que los fiscales estemos en condiciones de revisar en tiempo todas las causas penales”, constatan.

Los fiscales progresista denuncian "la nula colaboración recibida por los letrados de la administración de justicia a quienes legalmente corresponde la obligación de controlar los términos judiciales" y "la carencia de unas herramientas informáticas que nos permitan conocer con exactitud el estado de todos los procedimientos", para comcluir que "por parte de la más alta instancia de la carrera fiscal se comunique anticipada y públicamente la imposibilidad de la Fiscalía de revisar todas las causas penales".